El doble terremoto que ha asolado Caracas tiene unas dimensiones históricas que desbordan por completo la capacidad de respuesta inmediata de cualquier delegación internacional. En medio del colapso absoluto, con réplicas constantes y redes de comunicación caídas, las primeras horas de desamparo reflejan la magnitud de un cataclismo que supera cualquier plan de contingencia previsible. No nos enfrentamos a una falta de voluntad del funcionariado consular, sino al impacto devastador de un colapso sistémico sobre el terreno.
Si un seísmo así golpeara a ciudades europeas con barrios construidos en los años 70 y 80 —décadas de rápida expansión urbana y normativas sísmicas laxas—, el derrumbe de estructuras sería trágico. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en la respuesta posterior. En Europa, los protocolos automatizados y la disponibilidad inmediata de maquinaria pesada activarían un rescate técnico en minutos. En Caracas, la tragedia se agrava por la absoluta falta de esos recursos elementales.
Al escuchar el relato de mi hijo, que vivió el horror directamente en el epicentro del desastre, la indignación política se transforma en una profunda deuda moral. Me hablaba de un pueblo que nos quiere, de ciudadanos que, en medio de su propio calvario y rodeados de ruinas, se volcaron en proteger a los nuestros cuando las estructuras civiles se hundieron. Al contrastar esa inmensa generosidad humana con la geopolítica de los despachos, hierve la sangre. ¿Cómo hemos podido pagarles tan mal? Resulta doloroso asumir la responsabilidad de España en el sostenimiento y blanqueamiento político de un régimen que, de forma coherente, jamás ha invertido en proteger a su gente. Es inevitable preguntarse dónde han ido a parar los recursos de una nación tan rica mientras sus ciudadanos hoy retiran escombros con las manos desnudas.
Ante esta extrema gravedad, la respuesta de España no puede quedarse en la retórica. Aquí debe demostrarse la utilidad de la diplomacia. Si existen canales institucionales abiertos, flotas oficiales y mediadores políticos que conocen bien el camino a Caracas y sus escalas en la República Dominicana, es el momento de utilizarlos sin dilación. Esos recursos que a menudo protagonizan controvertidos debates políticos deben ponerse de inmediato al servicio de la emergencia.
El Gobierno tiene la obligación de levantar un puente humanitario continuo, transparente y masivo que envíe hospitales de campaña, personal médico y maquinaria de rescate, garantizando además el retorno seguro de los compatriotas atrapados. Esta tragedia forjará un lazo indestructible entre ambos pueblos. Los venezolanos protegieron a nuestros hijos en el peor momento; España tiene la obligación ética de demostrar que no los va a dejar solos ahora que todo está por reconstruirse.
