La primera entrega ya se ha realizado en San Martín de Valdeiglesias, mientras que en los próximos días el operativo se extenderá al resto de los municipios de la zona.

Más de 130.000 kilos de alimento para las especies afectadas

Dentro de este dispositivo, el Ejecutivo autonómico está distribuyendo más de 80.000 kilos de alfalfa a granel, otros 5.000 kilos de alfalfa en tacos, 38.000 kilos de maíz y 10.000 kilos de avena.

A este suministro se suman 60.000 litros de agua, que serán depositados en abrevaderos y bebederos para facilitar el acceso de la fauna silvestre a este recurso.

Un operativo coordinado sobre el terreno

Los trabajos están siendo desarrollados por los técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Estas actuaciones se llevan a cabo en colaboración con las sociedades de cazadores, empresas y vecinos de las localidades afectadas, con el objetivo de facilitar la distribución de alimento y agua en las zonas dañadas por el incendio.

El CRAS preparado para atender a los animales que lo necesiten

La Comunidad de Madrid ha señalado también que, a través del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, dispone de los recursos necesarios para atender a cualquier especie afectada que precise asistencia veterinaria.

En estas instalaciones los animales podrán someterse a un chequeo completo para detectar posibles lesiones y recibir el tratamiento necesario, con el objetivo de que puedan regresar a su hábitat natural en las mejores condiciones posibles.

Para ello, el Gobierno regional ha habilitado una partida de 20 millones de euros procedente del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional (PIR), destinada a financiar las labores de limpieza, reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas, así como el restablecimiento de los servicios básicos.

Según la información facilitada, estas actuaciones beneficiarán a los 17 municipios afectados, donde residen más de 56.000 vecinos.

García Martín supervisa las primeras intervenciones

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado este viernes los trabajos que ya se desarrollan en Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela.

Durante la visita, destacó que los trabajos se están llevando a cabo de forma coordinada con los ayuntamientos para identificar las necesidades más urgentes y acelerar la recuperación de las infraestructuras y de los servicios públicos afectados por el incendio.

Maquinaria y contenedores para las labores de limpieza

Las primeras actuaciones cuentan con maquinaria destinada a facilitar la retirada de residuos generados por el incendio.

Además, se han instalado 30 contenedores de seis metros cúbicos y otros nueve de gran capacidad, que serán retirados y sustituidos de forma continua en función de las necesidades que presenten los distintos municipios.

Paralelamente, la Comunidad de Madrid ha activado un dispositivo extraordinario para agilizar la retirada y el tratamiento de los residuos, al tiempo que ha flexibilizado temporalmente los procedimientos administrativos relacionados con esta materia.

Diecisiete municipios incluidos en el plan de reconstrucción

Los trabajos de reconstrucción se desarrollarán en Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial —por la evacuación de la pedanía de Peralejo y las afecciones registradas en su término municipal—, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.

Un plan con actuaciones inmediatas, a medio y largo plazo

El Ejecutivo autonómico ha señalado que continuará desplegando un conjunto de actuaciones inmediatas, a medio y largo plazo para impulsar la recuperación de la Sierra Oeste.

Las medidas previstas incluyen apoyo a las familias, a los ayuntamientos, a los autónomos, a las empresas y a las explotaciones agrarias y ganaderas, además de iniciativas dirigidas a recuperar infraestructuras y servicios públicos, favorecer la reactivación económica y reforzar la recuperación ambiental de los municipios afectados.

El suceso se produjo pocos minutos antes de las 3.00 horas en la confluencia de la calle Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo, donde fueron movilizados los servicios de emergencia.

Los sanitarios estabilizaron al herido

A su llegada al lugar de los hechos, los equipos de emergencia encontraron a la víctima con una puñalada en el lado derecho del tórax.

Los sanitarios estabilizaron al joven antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario, donde quedó ingresado con pronóstico potencialmente grave, según la información facilitada por Emergencias Madrid.

Escolta policial durante el traslado al hospital

Con el objetivo de agilizar la asistencia sanitaria, una patrulla de la Policía Municipal escoltó la ambulancia durante el trayecto al hospital, facilitando un desplazamiento rápido y seguro hasta el centro sanitario.

La Policía Nacional investiga lo ocurrido

La investigación ha quedado a cargo de la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión e identificar y localizar al responsable o responsables del apuñalamiento.

Por el momento, la investigación continúa abierta para determinar cómo se desarrollaron los hechos ocurridos en las inmediaciones del parque de San Isidro.

La denominada operación 'Payaso' comenzó a principios de año después de que varios vecinos alertaran de la posible existencia de actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes en dos domicilios de la zona.

A partir de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar un constante trasiego de personas que accedían a las viviendas durante apenas unos minutos, un comportamiento que los agentes relacionaron con la venta de droga al por menor.

Los registros permitieron intervenir droga, dinero y un arma prohibida

Tras varios meses de investigación, el pasado 19 de junio los agentes realizaron la entrada y registro de ambos inmuebles.

Durante la intervención fueron localizados 19 envoltorios de plástico que contenían un total de 42,5 gramos de cocaína, además de más de 4.500 euros en efectivo, dinero que presuntamente procedía de la actividad ilícita investigada.

En los registros también fue intervenido un puño americano con sistema de descarga eléctrica, considerado un arma prohibida cuya tenencia está restringida por la normativa vigente.

Cuatro personas detenidas

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, que posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La actuación permitió desmantelar los dos puntos de venta de droga que estaban siendo investigados dentro de la operación policial.

Actuación conjunta contra el tráfico minorista de drogas

La intervención forma parte de las labores conjuntas de vigilancia e investigación desarrolladas por la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid para combatir el tráfico minorista de drogas.

Según la información facilitada, este tipo de actuaciones responde también a las denuncias vecinales relacionadas con actividades de tráfico de estupefacientes en distintos puntos de la capital y busca actuar sobre los lugares utilizados para la venta de droga al por menor.

En un comunicado, el líder de la oposición sostuvo que la actuación del Ejecutivo "no está a la altura" de una situación que, a su juicio, constituye una "violación de la integridad territorial" de España.

Asimismo, defendió que "una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar, sino cambiando la ley", en referencia al anuncio realizado por Sánchez sobre la instalación de boyas en el dique de El Tarajal.

Critica la respuesta anunciada por el Gobierno

La reacción de Feijóo se produjo tras la comparecencia del presidente del Gobierno en Ceuta, donde anunció la colocación de boyas para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo relativa al rechazo en frontera de los migrantes que acceden a nado a Ceuta y Melilla.

El líder popular coincidió con Sánchez únicamente en calificar lo sucedido como una vulneración de la integridad territorial, aunque sostuvo que la situación trasciende el ámbito migratorio y constituye una crisis de soberanía, al considerar que "un territorio español está siendo ocupado".

Reclama un despliegue inmediato de medios

Entre las medidas planteadas por Feijóo figura el despliegue inmediato y masivo de medios para reforzar la seguridad en Ceuta.

Según expuso, la protección de los ceutíes es la primera obligación del Estado y advirtió de que la falta de actuación podría derivar en un conflicto de orden público de consecuencias serias.

También pidió declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional, activar los instrumentos constitucionales previstos en el ordenamiento jurídico y dotar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las Fuerzas Armadas de los medios y las instrucciones que, a su juicio, requiere la situación.

Propone reforzar el control fronterizo

El presidente del PP defendió que el control de la frontera debe recuperarse mediante mecanismos extraordinarios y con carácter inmediato, recordando que Ceuta es España, Ceuta es Europa y su frontera constituye la frontera exterior de la Unión Europea.

En ese contexto, instó al Gobierno a aceptar sin demora el despliegue de Frontex ofrecido por la Comisión Europea y calificó de "error" que haya sido necesario llegar a esta situación para recurrir al Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación considera que debe ser inmediata y completa.

Pide el retorno de quienes han entrado de forma irregular

Feijóo afirmó que las personas que han accedido irregularmente deben regresar y reclamó al Gobierno la habilitación inmediata del dispositivo necesario para hacerlo posible conforme a la legislación vigente.

Añadió que ese operativo debe contemplar el abastecimiento de agua y alimentos durante el retorno en la frontera, al considerar que "no hay otra salida que el regreso ordenado a Marruecos".

Sitúa a Marruecos como prioridad diplomática

El líder del PP señaló que la prioridad diplomática debe centrarse en Marruecos y reclamó elevar las gestiones al máximo nivel político.

A su juicio, España no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena, ya que considera que ello supone un problema que trasciende el ámbito técnico.

Reclama una reforma de la Ley de Extranjería

Feijóo apeló además a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para seguir el ejemplo de la unanimidad alcanzada en la Asamblea de Ceuta y tramitar por lectura única la reforma de la Ley de Extranjería registrada por el Partido Popular el pasado 16 de julio.

En este contexto, reiteró que "una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar en una sentencia, sino cambiando la ley".

Exige responsabilidades políticas

Como último punto, el dirigente popular reclamó que el Gobierno asuma responsabilidades políticas de manera inmediata.

Sostuvo que, si existieron advertencias previas por parte de los servicios de inteligencia o de las autoridades ceutíes, su desatención sería motivo suficiente para exigir responsabilidades. Y, en caso de no haber existido dichos avisos, consideró que ello evidenciaría un fallo del sistema de información del Estado en una frontera exterior de la Unión Europea.

Además, pidió al Ejecutivo que informe de qué conocía y en qué momento lo conoció, al considerar que quienes ignoraron posibles avisos o quienes no dispusieron de ellos no están capacitados para resolver la crisis.

Visita anunciada a Ceuta

El comunicado concluye señalando que Alberto Núñez Feijóo se desplazará este sábado a Ceuta para expresar sobre el terreno su posición acerca de la situación vivida en la ciudad autónoma durante los últimos días y, especialmente, en las últimas horas.

Durante su comparecencia desde la Asamblea de Ceuta, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vivas también elevó a 34 la cifra de fallecidos registrados durante la "avalancha" del jueves.

El presidente ceutí considera la situación "insostenible"

Vivas afirmó que la situación que atraviesa la ciudad es "insostenible" e "imposible", y recurrió a una comparación para ilustrar la magnitud de la crisis.

Según expuso, el escenario que vive Ceuta sería equiparable a una entrada "masiva e irregular" de 34 millones de personas en el conjunto de España.

A su juicio, estas cifras demuestran que resulta "absolutamente imposible asimilar esta presión", lo que, según indicó, explica la sensación de "inseguridad, inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono" que percibe la población.

Por ello, reclamó que el Gobierno de la Nación actúe "de manera enérgica, decidida e inmediata".

Reclama un plan urgente con cuatro prioridades

Durante su intervención, Juan Jesús Vivas pidió a Pedro Sánchez la puesta en marcha de un plan urgente de actuaciones basado en cuatro ejes fundamentales.

El primero consiste en volver cuanto antes a la normalidad mediante el retorno de los inmigrantes irregulares.

El segundo pasa por garantizar la seguridad ciudadana, mientras que el tercero se centra en atender la emergencia humanitaria provocada por la vulneración de la integridad territorial.

Como cuarto objetivo, reclamó la reparación de los daños económicos derivados de la situación.

Recuperar la confianza de la ciudad

El presidente ceutí también consideró "fundamental" recuperar y fortalecer la confianza en el futuro de Ceuta mediante hechos, iniciativas, medidas y estímulos.

En este sentido, insistió en que es el Gobierno de la Nación quien puede impulsar esas actuaciones, al tiempo que solicitó que se recabe el apoyo inequívoco de las instituciones europeas.

Valora el respaldo expresado por Sánchez

Preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Vivas destacó que Pedro Sánchez le trasladó el apoyo del Estado y calificó lo sucedido como una vulneración de la integridad territorial.

No obstante, aseguró que considera "decepcionante" el comportamiento que, a su juicio, ha mantenido hasta ahora el Gobierno de la Nación, por lo que anunció que su Ejecutivo permanecerá atento a las medidas que adopte La Moncloa durante los próximos días.

Asimismo, lamentó que no recibió "ninguna garantía" de que un episodio como el vivido el jueves no vuelva a repetirse.

Reconocimiento a los servicios implicados

En la parte final de su comparecencia, Vivas agradeció la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la de las personas, servicios y entidades implicadas en la gestión de la situación.

También reconoció el trabajo de los medios de comunicación y expresó su convencimiento de que, aunque Ceuta está siendo "azotada de una manera muy dura", la ciudad logrará salir adelante gracias a la madurez y entereza de su sociedad y a la solidaridad del resto de España y de Europa.

La organización sostiene que la combinación de la presión migratoria, las restricciones en el paso fronterizo y la llegada constante de vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) está llevando a Ceuta a una situación de "colapso inminente".

Restricciones en la frontera y bloqueo del tráfico

Según explica JUCIL, el paso fronterizo permanece completamente cerrado para vehículos de cuatro ruedas, permitiéndose únicamente el tránsito de motocicletas y peatones.

Al mismo tiempo, continúan llegando a la ciudad barcos procedentes de la Península con vehículos de la Operación Paso del Estrecho, cuyos conductores no pueden cruzar hacia Marruecos al no haberse activado desvíos ni restricciones de acceso para los no residentes.

La asociación considera que esta circunstancia está provocando un importante bloqueo logístico dentro de la ciudad.

La presión migratoria mantiene la tensión

JUCIL afirma que el flujo de entradas irregulares continúa de forma constante y sin señales de remitir.

Según las estimaciones facilitadas por la asociación, el número de migrantes presentes en la ciudad oscilaría entre las 40.000 y las 50.000 personas, mientras que apenas un centenar de agentes por servicio se encargan de mantener la seguridad.

La organización considera que esta diferencia entre los recursos disponibles y la magnitud de la situación incrementa la presión sobre los efectivos desplegados.

Disturbios al otro lado de la frontera

La asociación también asegura que al otro lado del paso fronterizo, en territorio marroquí, se han registrado graves altercados, entre ellos la quema de autobuses y furgones de las fuerzas de seguridad.

El secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, señaló que la organización ha sido informada de que la policía marroquí está actuando al otro lado de la frontera y que ya se han producido disturbios.

Lezcano describió la situación como una paradoja operativa al indicar que la frontera permanece cerrada para los vehículos, pero abierta para las personas, permitiendo la salida ordenada de los migrantes irregulares que desean abandonar Ceuta mientras continúan las llegadas y siguen desembarcando vehículos de la OPE.

A su juicio, esta situación puede desembocar en un "colapso inminente para la ciudad" que pondría "en riesgo vidas y negocios".

JUCIL reclama la intervención del Ejército

La asociación considera "incomprensible" que, pese a la existencia de más de 3.000 efectivos militares destinados en la zona, no se hubiera autorizado su participación hasta ahora y únicamente para tareas logísticas.

JUCIL sostiene que, con un volumen tan elevado de personas en situación irregular y unos medios humanos que considera insuficientes, la probabilidad de que la seguridad ciudadana empeore de forma drástica en las próximas horas es extremadamente alta.

La situación en Melilla también preocupa a la asociación

La organización enmarca la situación de Ceuta en un contexto más amplio y señala que en Melilla también se han registrado durante las últimas horas múltiples intentos masivos de entrada, protagonizados por grupos de entre 300 y 400 personas.

Según JUCIL, aunque en Melilla se están llevando a cabo devoluciones inmediatas tras la interceptación de los migrantes, la vigilancia nocturna también ha recaído sobre aproximadamente un centenar de agentes.

JUCIL anuncia un seguimiento permanente

Ante este escenario, JUCIL asegura que seguirá de forma permanente la evolución de la situación y afirma que adoptará todas las medidas que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad ciudadana, así como la integridad de los agentes desplegados y de los habitantes de Ceuta.

Durante su comparecencia pública, calificó lo ocurrido como un episodio "inédito", afirmó que supone "un ataque" y "una violación de la integridad territorial de España", y trasladó a los ciudadanos ceutíes que "toda España está con ellos".

Además, aseguró que el Ejecutivo es consciente del estado de "angustia" que atraviesa la población de la ciudad autónoma y subrayó que la prioridad del Gobierno pasa por recuperar la seguridad y la normalidad en Ceuta.

El Gobierno vuelve a responsabilizar a las mafias

Durante su intervención, Sánchez volvió a señalar a las mafias que trafican con seres humanos como responsables de la situación vivida en la frontera.

Según explicó, la llegada masiva de personas se habría visto favorecida por la difusión en redes sociales de una "lectura interesada" de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el rechazo en frontera, interpretación que, a su juicio, habría sido utilizada por estas organizaciones para favorecer la entrada irregular.

El presidente insistió en que el Gobierno trabajará para garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer frente a la crisis migratoria.

Se abre a modificar la Ley de Extranjería

Sánchez anunció también que el Ejecutivo estudiará una posible reforma de la Ley de Extranjería con el objetivo de facilitar que las repatriaciones en frontera puedan realizarse "de la manera más eficiente posible".

En este sentido, explicó que también se analiza el despliegue de boyas en el espigón que separa Ceuta de Castillejos, con la finalidad de crear una barrera física que facilite administrativamente las repatriaciones en frontera conforme a la sentencia del Tribunal Supremo.

Asimismo, no descartó impulsar modificaciones legislativas adicionales para hacer más efectivos estos procedimientos.

Defiende la cooperación con Marruecos

Durante su comparecencia, Pedro Sánchez evitó dirigir críticas a Marruecos y aseguró que las autoridades del país vecino están dispuestas a cooperar para agilizar la repatriación de sus ciudadanos.

El presidente destacó que la interlocución mantenida desde el inicio de la crisis con las autoridades marroquíes ha sido "constante, fluida y muy razonable", diferenciándola de la situación vivida durante la crisis migratoria de 2021.

La petición de una respuesta urgente desde Ceuta

La información recoge que las llegadas registradas antes del jueves ya habían motivado las primeras peticiones de ayuda del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien alertó de una situación de "colapso" y reclamó una respuesta "contundente y sin dilación" por parte del Gobierno.

Vivas solicitó la activación de la emergencia nacional debido a la magnitud de la crisis, aunque el Ministerio del Interior sostuvo que esa figura jurídica no puede aplicarse a una crisis migratoria, al estar prevista únicamente para riesgos naturales y tecnológicos.

Críticas desde la Junta de Andalucía

La crisis migratoria también provocó reacciones políticas desde la Junta de Andalucía.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, sostuvo que lo ocurrido en Ceuta es "el reflejo de esa política caótica en materia migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó al presidente que asuma su responsabilidad y aporte una solución a una situación que calificó de emergencia.

Además, criticó la ausencia de coordinación y planificación durante los últimos años y afirmó que "no vale mirar para otro lado", insistiendo en que el Ejecutivo debe responder con medidas para resolver la crisis.

Según informó el Palacio de La Zarzuela, la conversación tuvo lugar durante la mañana, después de que en la jornada anterior unas 400 personas, según trasladó el propio presidente melillense, accedieran de forma irregular a territorio español procedentes de Marruecos.

El cierre de la frontera de Beni Enzar

Los acontecimientos registrados en Melilla, junto con la incursión masiva de personas en Ceuta, motivaron que en la noche del jueves se decretara el cierre de la frontera de Beni Enzar, el paso fronterizo entre Melilla y el reino alauita.

La medida fue adoptada tras la llegada irregular de personas a las ciudades autónomas, en un contexto marcado por los últimos movimientos migratorios registrados en ambas fronteras.

El Rey mantiene el seguimiento de la situación

De acuerdo con la información facilitada por el Palacio de La Zarzuela, Felipe VI sigue con atención la evolución de los acontecimientos y mantiene contacto con las autoridades de las ciudades autónomas.

La llamada al presidente de Melilla se produce después de que en la noche anterior el Rey mantuviera también conversaciones con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Contacto con las autoridades tras los últimos acontecimientos

Las conversaciones mantenidas por el jefe del Estado forman parte del seguimiento institucional de la situación registrada en Ceuta y Melilla.

En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó esta misma mañana desde Ceuta que lo sucedido constituye una "avalancha" y una "violación y ataque a la integridad territorial de España", según recoge la información facilitada.

El trabajo defiende que el principal obstáculo para garantizar la equidad entre generaciones no es económico, sino institucional, al considerar que las actuales reglas políticas y del Estado del bienestar favorecen de forma estructural a las generaciones de mayor edad y dificultan la adopción de decisiones orientadas al largo plazo.

Según el análisis, sin mecanismos que corrijan este desequilibrio ningún pacto intergeneracional podrá mantenerse de forma duradera.

El agotamiento del dividendo demográfico cambia el escenario económico

El estudio señala que España ha agotado el denominado dividendo demográfico, entendido como el impulso al crecimiento económico derivado de contar con una población en edad de trabajar proporcionalmente mayor.

Durante las últimas décadas del siglo XX, este fenómeno favoreció el crecimiento económico gracias a la incorporación de las generaciones del baby boom al mercado laboral y a la llegada de inmigración. Sin embargo, el documento sostiene que esa dinámica ha cambiado y que el componente demográfico ha pasado de impulsar el crecimiento a limitarlo.

Aunque la inmigración ha contribuido a amortiguar parcialmente ese deterioro, el análisis indica que las proyecciones mantienen una evolución negativa del dividendo demográfico durante las próximas décadas.

La productividad pasa a ser el principal motor de crecimiento

El documento concluye que, una vez agotado el efecto positivo de la demografía, la productividad se convierte en la principal palanca de crecimiento económico.

No obstante, advierte de que el propio envejecimiento también dificulta ese objetivo, al reducir el peso de las generaciones más jóvenes en el mercado laboral y retrasar su emancipación, factores que, según el estudio, afectan al dinamismo innovador y al potencial de crecimiento.

Asimismo, plantea que la inteligencia artificial podría modificar parcialmente este escenario, aunque considera que todavía no existe evidencia suficiente para determinar cuál será su impacto neto sobre la productividad.

El envejecimiento incrementa la presión sobre el Estado del bienestar

El análisis sostiene que el envejecimiento no solo condiciona el crecimiento económico, sino también la financiación del Estado del bienestar.

Las proyecciones recogidas en el documento apuntan a un aumento continuado de la tasa de dependencia de las personas mayores, acompañado de un incremento del gasto destinado a pensiones, sanidad y atención a la dependencia.

Según el estudio, el envejecimiento no constituye un fenómeno temporal, sino una tendencia estructural, lo que incrementará la presión sobre las cuentas públicas durante las próximas décadas.

Un electorado cada vez más envejecido modifica los incentivos políticos

Uno de los ejes centrales del trabajo es el análisis de la denominada demografía política.

El documento explica que el progresivo envejecimiento del electorado modifica los incentivos de los partidos políticos, ya que aumenta el peso de los votantes de mayor edad frente a las generaciones jóvenes.

El estudio recuerda que en 2017 el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó por primera vez al de los menores de 35 años, un cambio que considera determinante para comprender la evolución de las prioridades políticas.

Asimismo, sostiene que los jóvenes cuentan con menor representación efectiva debido a varios factores, entre ellos su menor peso demográfico, una participación electoral inferior, la diversidad de sus demandas y unos hábitos informativos distintos.

El estudio propone un nuevo contrato intergeneracional

Como respuesta al diagnóstico, el trabajo plantea la necesidad de impulsar un nuevo contrato intergeneracional basado en varias líneas de actuación.

La primera consiste en reforzar la representación política de las generaciones jóvenes y futuras mediante diferentes mecanismos institucionales, entre ellos la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años, incorporar representantes de las generaciones futuras en órganos de decisión y establecer memorias de impacto intergeneracional para las nuevas normas.

También plantea la creación de mecanismos de democracia deliberativa con representación generacional para aquellas decisiones con efectos a largo plazo.

Reglas fiscales con perspectiva generacional

El estudio propone incorporar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional para evitar que las decisiones actuales trasladen costes a las generaciones futuras.

En este sentido, defiende mantener el principio de estabilidad presupuestaria y plantea una regla adicional basada en la simetría del gasto público.

Según esta propuesta, cada incremento del gasto destinado principalmente a las personas mayores debería ir acompañado de un aumento equivalente en inversiones orientadas al futuro, como educación, investigación, vivienda, infancia o políticas activas de empleo, sin recurrir al endeudamiento para financiar dichas partidas.

Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad más longeva

El documento también propone adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad demográfica mediante una reforma del sistema de pensiones y de la organización de la jubilación.

Entre las medidas planteadas figura favorecer una jubilación más flexible y gradual, permitiendo una transición progresiva entre la actividad laboral y la retirada definitiva.

Asimismo, el estudio plantea recuperar mecanismos de ajuste vinculados a la esperanza de vida, desarrollar plenamente la cobertura de la dependencia y potenciar sistemas complementarios de ahorro para la jubilación mediante la adhesión automática a planes de empleo.

Reorientar el gasto hacia las generaciones futuras

El análisis concluye que adaptar el Estado del bienestar no implica reducir su protección, sino reorganizar sus prioridades para responder al nuevo contexto demográfico.

En este sentido, sostiene que los recursos liberados deberían destinarse prioritariamente a educación infantil, investigación, innovación, infraestructuras productivas y políticas dirigidas a mejorar las oportunidades de las generaciones más jóvenes.

El trabajo defiende que garantizar la equidad entre generaciones requiere actuar simultáneamente sobre las instituciones, las reglas fiscales y el diseño del Estado del bienestar, con el objetivo de incorporar el largo plazo en la toma de decisiones públicas y equilibrar las oportunidades entre generaciones.

Durante el trimestre, la ocupación aumentó en 486.000 personas, situando el número total de ocupados en 22,78 millones.

Al mismo tiempo, el paro descendió en 213.300 personas, hasta alcanzar los 2,50 millones de desempleados, mientras que la población activa aumentó en 272.700 personas, circunstancia que explica que la reducción del desempleo haya sido inferior al incremento del empleo registrado en el mismo periodo.

Como resultado, la tasa de paro descendió hasta el 9,87 %, un punto porcentual menos que en el trimestre anterior.

La creación de empleo pierde fuerza en términos interanuales

Aunque el mercado laboral mantiene una evolución positiva, la EPA señala una pérdida de ritmo en la creación de empleo en comparación con el año anterior.

En términos interanuales, el empleo aumentó en 510.200 personas, lo que supone un crecimiento del 2,29 %, ligeramente inferior al observado anteriormente.

En cuanto a la actividad, la tasa de actividad aumentó cuatro décimas hasta situarse en el 59,29 %, mientras que la población activa creció un 1,82 % en términos interanuales, manteniendo estable su ritmo de crecimiento.

La temporalidad sube hasta el 15,1 %

El incremento del empleo durante el segundo trimestre se concentró exclusivamente entre los trabajadores asalariados, que aumentaron en 529.200 personas, mientras que los trabajadores por cuenta propia descendieron en 42.900.

Dentro del colectivo de autónomos también disminuyó el número de empleadores, con 42.500 menos, además del resto de categorías de trabajo por cuenta propia.

Entre los asalariados, aumentó tanto el empleo indefinido como el temporal.

Los contratos indefinidos crecieron en 386.900 personas, mientras que los temporales aumentaron en 142.300.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, los asalariados con contrato indefinido aumentaron en 571.900 personas, frente al incremento de 34.900 trabajadores temporales.

Como consecuencia, la tasa de temporalidad aumentó tres décimas hasta el 15,1 %, lo que significa que cinco de cada seis asalariados cuentan con un contrato indefinido.

El empleo privado impulsa el crecimiento de la ocupación

La creación de empleo del trimestre se produjo únicamente en el sector privado, donde se registraron 501.600 ocupados más.

Por el contrario, el empleo público descendió en 15.600 personas durante el trimestre, aunque mantiene un crecimiento interanual del 3,55 %, superior al 2,06 % registrado por el empleo privado.

Los menores de 30 años protagonizan el mayor incremento del empleo

El crecimiento de la ocupación alcanzó a todos los grupos de edad, con la única excepción de que los mayores incrementos correspondieron a los trabajadores más jóvenes.

En concreto, el empleo aumentó en 217.300 personas entre los menores de 30 años.

Los servicios lideran la creación de empleo

Por sectores económicos, Servicios volvió a concentrar la mayor parte del crecimiento del empleo, con 397.400 nuevos ocupados.

También se registraron aumentos en Construcción, con 56.600 empleos más, y en Industria, con 38.200.

En cambio, Agricultura perdió 6.200 ocupados durante el trimestre.

Cataluña y Baleares registran los mayores aumentos de empleo

El empleo aumentó en 15 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

Los mayores incrementos trimestrales correspondieron a Cataluña, con 130.800 ocupados más, y Baleares, con 108.000.

El mayor descenso se registró en Canarias, donde el empleo disminuyó en 25.100 personas.

En términos interanuales, los mayores incrementos del empleo se localizaron en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La tasa de paro sigue siendo más elevada entre las mujeres

La EPA sitúa la tasa de paro en el 9,87 %, con diferencias entre hombres y mujeres.

En el caso de las mujeres, el desempleo alcanza el 11,02 %, mientras que entre los hombres se sitúa en el 8,84 %, lo que supone una diferencia de 2,2 puntos porcentuales.

En comparación con hace un año, la tasa de paro ha descendido 0,41 puntos.

El desempleo disminuyó en todos los grupos de edad salvo entre los jóvenes de 16 a 19 años.

La hostelería concentra cerca del 40 % del empleo creado

El análisis elaborado por Randstad Research destaca que la Hostelería explica el 39,7 % de toda la creación de empleo registrada durante el segundo trimestre.

Los Servicios de alojamiento incorporaron 98.800 ocupados, mientras que los Servicios de comidas y bebidas sumaron otros 94.300, alcanzando conjuntamente 193.100 nuevos empleos.

Tras estos sectores, las Actividades de construcción especializada registraron el siguiente mayor incremento, con 51.200 ocupados más.

El comercio pierde intensidad y Sanidad registra el mayor descenso

El análisis también pone de manifiesto una desaceleración del comercio minorista.

Mientras que en el segundo trimestre de 2025 el Comercio al por menor creó 82.200 empleos, en el mismo periodo de 2026 el incremento se redujo a 24.400.

Entre los sectores con mayor destrucción de empleo durante el trimestre destacan las Actividades sanitarias, con 32.600 ocupados menos, y las Actividades postales y de correos, que registraron una reducción de 24.800 empleos.

En conjunto, el segundo trimestre concluye con una importante creación neta de empleo y una reducción del paro, aunque la evolución del mercado laboral muestra un ritmo de crecimiento inferior al registrado durante 2025, en un contexto en el que la actividad continúa aumentando y la hostelería concentra buena parte de las nuevas contrataciones.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha visitado el recurso municipal, que comenzó a funcionar en 2019 como el primer Centro de Crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual de España.

Desde entonces, el centro se ha consolidado como un recurso destinado a ofrecer atención a mujeres que atraviesan situaciones de emergencia o urgencia después de haber sufrido una agresión sexual.

Más de 5.000 atenciones en seis meses

Las profesionales del Pilar Estébanez han realizado más de 5.000 atenciones durante los primeros seis meses del año entre las 719 usuarias que han recurrido al centro.

El servicio más solicitado ha sido el apoyo psicológico, que representa el 41 % de las intervenciones. A continuación se sitúa el acompañamiento social, con un 30 %, mientras que el asesoramiento jurídico representa otro 29 %.

La distribución de las actuaciones refleja el carácter integral del recurso, basado en la combinación de atención psicológica, intervención social y asesoramiento jurídico para acompañar a las mujeres después de haber sufrido violencia sexual.

Cerca de 3.000 mujeres atendidas desde 2019

Desde su apertura, 2.985 mujeres víctimas de violencia sexual diferentes han sido atendidas en el Centro de Crisis Pilar Estébanez.

El número de usuarias experimentó un crecimiento progresivo durante los primeros años de funcionamiento y, desde 2022, se mantiene estable en torno a 700 mujeres atendidas anualmente, contabilizando tanto nuevos casos como mujeres que continúan procesos iniciados anteriormente.

Entre todas las mujeres atendidas desde la apertura del centro, el 47 % ha interpuesto denuncia.

El Ayuntamiento compara este porcentaje con una tasa de denuncia del 11 % entre víctimas que no reciben acompañamiento especializado, y atribuye esta diferencia a la capacidad del modelo para informar a las mujeres sobre sus derechos, generar confianza y acompañarlas durante su recuperación y en el acceso a la justicia cuando deciden iniciar ese proceso.

Una línea de atención disponible las 24 horas

El Centro Pilar Estébanez dispone además de una línea telefónica que funciona las 24 horas a través del número 900 869 947.

El servicio puede ser utilizado por mujeres víctimas de violencia sexual, pero también por familiares, personas de su entorno, profesionales y población general.

Mediante esta línea pueden comunicarse situaciones de urgencia y solicitarse información y orientación.

Desde la puesta en marcha del centro se han registrado más de 13.000 atenciones telefónicas. Solo durante los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron 1.012 llamadas, de las cuales 198 fueron de emergencia.

Coordinación con hospitales y servicios de urgencias

Otro de los ámbitos de actuación del Centro de Crisis Pilar Estébanez es la coordinación con los servicios sanitarios y de emergencias.

El Ayuntamiento de Madrid participó en el grupo de trabajo interinstitucional encargado de diseñar y poner en marcha en 2022 el protocolo de asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad de Madrid, conocido como Código VISEM.

Este sistema permite coordinar los servicios sanitarios de urgencias, los hospitales y los recursos especializados de atención social a las víctimas.

Desde su implantación se han registrado 101 activaciones realizadas por SAMUR-Protección Civil, SUMMA y hospitales, mientras que las profesionales del Centro Pilar Estébanez han efectuado 289 acompañamientos a mujeres atendidas mediante este protocolo.

El Centro Benita Pastrana amplía la atención municipal

La red municipal cuenta además desde 2023 con el Centro de Atención Integral Benita Pastrana, un segundo recurso específicamente dirigido a mujeres que sufrieron violencia sexual en el pasado y necesitan acompañamiento profesional para afrontar sus secuelas.

En este caso, se atiende a mujeres que hayan vivido situaciones de violencia sexual hace más de un año, así como a familiares y personas de su entorno.

Durante 2026, el Centro Benita Pastrana ha atendido a 980 mujeres, de las cuales 139 corresponden a nuevos casos.

Con ellas se han realizado más de 1.700 intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas.

Además, su servicio de información, orientación y asesoramiento ha atendido a 205 personas durante este año.

Un estudio municipal sitúa la prevalencia de la violencia sexual en el 13,8 %

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad presentó en diciembre de 2025 el primer estudio de prevalencia de la violencia sexual en la ciudad de Madrid, elaborado para conocer el alcance de estas situaciones y orientar las políticas públicas de prevención, atención y sensibilización.

Según sus resultados, 350 de las 2.061 mujeres encuestadas, el 13,8 %, afirmaron haber sufrido violencia sexual en alguna de sus manifestaciones.

Las participantes en el estudio eran mujeres residentes en Madrid de entre 16 y 64 años.

Entre quienes declararon haber sufrido violencia sexual, el 68 % reconoció padecer secuelas y el 61 % no interpuso denuncia.

El 65 % de los agresores eran conocidos por las víctimas

El estudio municipal concluyó también que no existe un perfil concreto de víctima en función de la edad, el origen o la situación socioeconómica.

Entre las mujeres que señalaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, el 78 % eran españolas, mientras que el grupo de edad predominante se situaba entre los 45 y los 54 años, con un 28 %, y un 38 % había completado estudios superiores.

Los datos sí permitieron establecer determinadas características respecto a los agresores.

El 65 % eran hombres conocidos por las víctimas, frente al 28 % que eran desconocidos.

Dentro de los agresores conocidos, en el 54 % de los casos se trataba de una expareja. Le seguían compañeros de trabajo o estudios, con un 13 %; amigos, con un 11 %; familiares, con un 9 %; jefes, con un 6 %, y parejas actuales, con un 5 %.

La mayoría de las agresiones se producen en espacios privados

El estudio también aborda los lugares donde se producen estas situaciones y concluye que el 60 % de las agresiones tuvieron lugar en espacios privados.

Además, el 76 % de las mujeres víctimas encuestadas señaló haber vivido estas situaciones en su domicilio habitual, lo que sitúa una parte importante de los episodios de violencia sexual dentro de los entornos cotidianos de las víctimas.

En cuanto a las formas de agresión recogidas en el estudio, los tocamientos representan el 23 %, seguidos de los comentarios, con un 21 %, y las miradas lascivas, con un 16 %.

También aparecen las caricias y los besos contra la voluntad de la mujer, ambos con un 12 %, así como el sexo oral, con un 8 %, y el coito contra su voluntad, con un 7 %.

Los datos de actividad del Centro Pilar Estébanez y del Centro Benita Pastrana reflejan así el alcance de los recursos municipales destinados a la atención psicológica, social y jurídica de mujeres que han sufrido violencia sexual, tanto ante situaciones recientes como frente a agresiones sufridas tiempo atrás.

El delegado realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la inversión del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, cuando se cumplen diez días desde el inicio del incendio.

La situación sigue siendo preocupante

Durante su intervención, Francisco Martín recordó que continúa activa la Situación Operativa 2 del Plan Infoma, una fase que, según explicó, suele corresponder a los incendios de mayor gravedad gestionados habitualmente.

Asimismo, señaló que en este incendio se activó por primera vez el nivel 3, por lo que recalcó que la situación continúa siendo "preocupante y peligrosa".

Por ello, insistió en que, aunque el incendio está controlado, nadie puede bajar la guardia y es necesario mantener el esfuerzo hasta alcanzar su extinción definitiva.

Llamamiento a respetar las restricciones

De cara al fin de semana, el delegado del Gobierno pidió a la ciudadanía actuar con prudencia y respetar las restricciones establecidas.

En este sentido, recordó que está prohibido el baño y que resulta peligroso acercarse al pantano de San Juan, por lo que reclamó la colaboración de la población para evitar situaciones de riesgo.

Previsión de días adversos

Francisco Martín indicó que, al menos hasta el próximo martes, se esperan días adversos debido a las altas temperaturas, una circunstancia que obliga a mantener la máxima vigilancia.

Por ese motivo, reiteró la necesidad de continuar trabajando de forma conjunta para lograr la extinción definitiva de los incendios, manteniendo la prudencia mientras persistan las condiciones que pueden favorecer su reactivación.

La imagen en la zona fronteriza muestra el cruce constante entre quienes abandonan la ciudad autónoma y quienes tratan de acceder a territorio español, mientras el flujo migratorio continúa activo.

Según la información disponible, se calcula que unas 49.000 personas han entrado en Ceuta desde el inicio de esta situación.

Se eleva a 19 la cifra de fallecidos

La crisis migratoria continúa dejando un elevado coste humano. En las últimas horas ha aumentado hasta 19 el número de cadáveres localizados en el entorno de la frontera, una cifra que ha ido creciendo debido al elevado número de personas que intentaron alcanzar Ceuta a nado.

Los cuerpos han sido recuperados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con estos fallecimientos, el número de personas que han perdido la vida este año intentando entrar a nado en Ceuta asciende a 49.

Refuerzo del dispositivo de seguridad en la frontera

En el paso fronterizo del Tarajal la presencia de militares refuerza el dispositivo de seguridad desplegado junto a la Guardia Civil.

Además, militares y agentes han habilitado un nuevo carril de entrada, evitando que los accesos se produzcan por la carretera próxima a la ciudad con el objetivo de reducir los riesgos para la circulación.

El Gobierno decidió reforzar las unidades de Guardia Civil y Policía Nacional, así como ordenar el despliegue del Ejército, con el propósito de garantizar la seguridad en una ciudad de alrededor de 80.000 habitantes en la que miles de migrantes permanecen por sus calles.

Miles de entradas por vía marítima

Fuentes policiales confirmaron que alrededor de 49.000 migrantes han conseguido entrar en Ceuta desde el mar, superando el dique situado junto al paso fronterizo de El Tarajal.

Desde primera hora del día anterior, la llegada de personas procedentes de Marruecos ha sido constante, una situación que, según las fuentes consultadas, continúa con cientos de migrantes accediendo a territorio español.

En el momento de la información, ni el Gobierno central ni el Ejecutivo ceutí habían ofrecido cifras oficiales, coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma.

Coordinación entre España y Marruecos

El Gobierno mantiene que trabaja de forma coordinada con las autoridades marroquíes para tratar de poner fin a esta situación.

Según informó el Ministerio del Interior, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos migratorios, comprometiéndose además a revisar e implementar medidas para proceder, lo antes posible, a la entrega de las personas que hayan entrado de forma ilegal en Ceuta.

Las devoluciones deberán respetar el derecho internacional

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Gobierno procederá a la devolución de los migrantes que han accedido a Ceuta en aplicación de los convenios migratorios existentes con Marruecos.

No obstante, subrayó que las devoluciones se realizarán respetando el derecho internacional y que este procedimiento no implica una ejecución inmediata.

Según explicó, la reciente sentencia del Tribunal Supremo impide las devoluciones en caliente de quienes hayan accedido por vía marítima, por lo que será necesario analizar cada caso de forma individual, diferenciando entre personas mayores y menores de edad y aplicando la normativa correspondiente.

También se registran intentos de entrada en Melilla

Durante la madrugada también se produjeron intentos de entrada en Melilla, lo que obligó al cierre de la frontera y al refuerzo de la presencia policial en la zona.

El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, señaló que alrededor de 400 personas habrían logrado acceder, aunque desde la Delegación del Gobierno precisaron que esa cifra no se ajustaba a los datos disponibles por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y señalaron que, por el momento, no podían ofrecer un dato fiable sobre el número de entradas registradas.

La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, ha trasladado recientemente al Ayuntamiento que los primeros resultados de la regulación reflejan un impacto positivo sobre el mercado inmobiliario de la ciudad.

Según expresó en una carta remitida al consistorio, "los primeros resultados muestran que la protección de compra es extremadamente efectiva y los compradores primerizos están cosechando los beneficios".

Los datos reflejan un mayor peso de los compradores residentes

La regulación establece que las viviendas con un valor de hasta 587.000 euros quedan sujetas a esta limitación, un segmento del mercado especialmente demandado por personas y familias jóvenes.

Los datos recogidos por el Registro de la Propiedad de los Países Bajos indican que el 78 % de las viviendas residenciales vendidas durante los dos últimos años fue adquirido por residentes, mientras que los inversores únicamente compraron el 11 % de las viviendas comercializadas.

La compra para alquilar pierde protagonismo

La comparación con el periodo comprendido entre 2018 y 2021 refleja un cambio significativo en el comportamiento del mercado.

De acuerdo con las cifras difundidas, la proporción de viviendas adquiridas para destinarlas al alquiler descendió del 13 % al 2 %.

Al mismo tiempo, los compradores que adquirían una vivienda por primera vez incrementaron su presencia en el mercado. En el último semestre de 2021 representaban el 46 % de las compras, porcentaje que aumentó hasta el 53 % en el mismo periodo de 2023.

El Ayuntamiento estudia ampliar la protección

Ante los resultados obtenidos, el Gobierno municipal de Utrecht está valorando elevar el límite de aplicación de la normativa hasta los 716.000 euros.

Con esta modificación, el 80 % de las viviendas de la ciudad quedarían protegidas frente a las compras realizadas únicamente con fines de inversión, según la información trasladada.

Un modelo que se presenta como respuesta frente a la especulación

La experiencia de Utrecht es presentada como un ejemplo de actuación frente a la especulación inmobiliaria, al considerar que la regulación favorece el acceso a la vivienda de quienes buscan establecer su residencia en la ciudad.

Según la información difundida, la medida pretende proteger el derecho a la vivienda y facilitar el acceso al mercado a quienes adquieren su primer inmueble, limitando la presencia de compradores cuyo objetivo sea exclusivamente la inversión.

Borja Sanjuan defiende aplicar el modelo de Utrecht en Valencia

Durante una intervención en el podcast de Inspira Brand, Borja Sanjuan, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, defendió trasladar a la ciudad valenciana un modelo similar al aplicado en Utrecht.

Sanjuan afirmó que en los Países Bajos se decidió impedir la compra de viviendas cuando no fueran destinadas a residencia, una medida que, según señaló, superó el control jurídico y que considera que podría extenderse a otras ciudades europeas.

En su intervención aseguró que, a su juicio, la medida no frenó la oferta de vivienda, sino la demanda especulativa, añadiendo que ello permitió una reducción de los precios y evitó que los residentes tuvieran que abandonar la ciudad.

Asimismo, defendió que en las zonas tensionadas no deben competir en igualdad de condiciones quienes buscan adquirir una vivienda para residir con fondos de inversión que compran inmuebles de forma masiva.

En ese sentido, sostuvo que cuando existe un problema de oferta limitada también debe abordarse la demanda, diferenciando entre quienes necesitan una vivienda para vivir y quienes adquieren inmuebles como inversión. Como ejemplo, hizo referencia al caso del barrio del Cabanyal, donde aseguró que un fondo holandés ha comprado decenas de inmuebles.

La firma del acuerdo supone un nuevo paso dentro del proceso de reorganización del sistema sanitario público madrileño, tras la decisión de extinguir las entidades públicas responsables de la gestión de los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada.

Un cambio en el modelo de gestión sanitaria

Las fórmulas de gestión sanitaria implantadas en 1997 han ido mostrando sus limitaciones con el paso de los años. En este contexto, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón constituía el último gran ejemplo del modelo de fundación pública en la Comunidad de Madrid.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid y la nueva Ley de Hacienda establecen la desaparición de las entidades públicas encargadas de gestionar los hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada, que pasarán a depender directamente del SERMAS.

Con esta reorganización, el sistema sanitario madrileño avanzará hacia una mayor unificación de la gestión pública, manteniéndose principalmente dos modelos: los hospitales gestionados directamente por el SERMAS y los centros sujetos al modelo PFI con determinados servicios concesionados a empresas privadas.

Garantía para cerca de 4.000 profesionales

La integración de ambos hospitales ha requerido un proceso de negociación para asegurar el futuro laboral de cerca de 4.000 profesionales.

El 14 de junio se firmó el acuerdo correspondiente al Hospital Universitario de Fuenlabrada y, el 31 de julio, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha suscrito un acuerdo de características similares para la plantilla del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Durante todo el proceso, el sindicato ha defendido el mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores durante los cerca de veinticinco años de funcionamiento de ambos hospitales.

El acuerdo alcanzado garantiza la conservación de las condiciones de los puestos de trabajo, las retribuciones fijas y la productividad variable íntegra.

La transformación al régimen estatutario será voluntaria

Está previsto que en los próximos días se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Posteriormente, a mediados de agosto, la Consejería de Sanidad publicará la orden que abrirá un plazo de un mes para que los profesionales puedan solicitar voluntariamente la transformación de su puesto de trabajo al régimen estatutario del SERMAS.

Aquellos trabajadores que decidan no acogerse a esta opción continuarán en el régimen laboral actual y permanecerán adscritos al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

La integración deberá completarse antes de finalizar 2026

Las consejerías de Sanidad y Hacienda dispondrán hasta finales de 2026 para culminar todos los trámites necesarios que permitan extinguir las entidades públicas y configurar las nuevas plantillas orgánicas de ambos hospitales.

Durante este proceso deberá garantizarse una dotación adecuada de personal, la continuidad de la actividad asistencial y el funcionamiento ordinario de los centros, evitando que los pacientes sufran alteraciones en la atención sanitaria.

Pendiente la integración de la Unidad Central de Radiodiagnóstico

El proceso de reorganización sanitaria mantiene pendiente la negociación para la extinción de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, última empresa pública que deberá integrarse en el SERMAS.

Según la información facilitada, únicamente queda un trabajador pendiente de integración, por lo que su desaparición será previsiblemente un trámite administrativo.

CSIT supervisará el cumplimiento de los acuerdos

CSIT UNIÓN PROFESIONAL, como miembro de la comisión de seguimiento de ambos acuerdos, continuará supervisando el desarrollo del proceso para garantizar que la integración en el SERMAS se lleve a cabo respetando los derechos laborales, profesionales y retributivos de las plantillas, sin que ello afecte a la calidad de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes.

Las declaraciones realizadas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, han situado en el centro del debate el alcance real de las herramientas previstas por la normativa europea y las consecuencias que podría tener una eventual reintroducción de controles fronterizos.

Qué es el espacio Schengen

El espacio Schengen permite la libre circulación de más de 450 millones de personas entre los países miembros sin controles fronterizos interiores, constituyendo uno de los principales pilares de la integración europea.

El acuerdo nació en 1985, firmado inicialmente por Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y actualmente está integrado por 29 países, entre ellos los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La información recuerda además que el espacio Schengen y la Unión Europea no son lo mismo, ya que existen países de la UE que no forman parte del acuerdo, como Irlanda, y otros que sí pertenecen a Schengen sin ser miembros de la Unión Europea.

Cómo funciona la libre circulación

El sistema se basa en la eliminación de controles en las fronteras interiores, mientras los Estados miembros coordinan la vigilancia de las fronteras exteriores del espacio común.

Este modelo incorpora una política común de visados, el Sistema de Información Schengen (SIS) para el intercambio de datos policiales y una cooperación reforzada entre los distintos cuerpos de seguridad.

En la práctica, los ciudadanos pueden desplazarse entre los países integrantes presentando únicamente su documento de identidad, sin necesidad de someterse a controles fronterizos ordinarios.

El tratado no contempla expulsar a un Estado miembro

La legislación europea no prevé ningún mecanismo para expulsar a un país del espacio Schengen, ni permite que un Estado pueda sacar unilateralmente a otro del acuerdo.

Lo que sí contempla el tratado, a través de su artículo 25, es la posibilidad de restablecer temporalmente controles fronterizos interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

Según la información facilitada, esta medida tiene carácter excepcional, puede aplicarse inicialmente durante un máximo de 30 días y únicamente puede prorrogarse mientras persistan las circunstancias que la justifican.

Qué podría hacer realmente Italia

En este contexto, Italia no podría expulsar a España del espacio Schengen, aunque sí tendría la posibilidad de reintroducir temporalmente controles documentales y policiales para los viajeros procedentes de España, siempre dentro de los límites previstos por la normativa europea.

Una medida de este tipo afectaría exclusivamente a la frontera italiana con España y no modificaría la pertenencia de España al espacio de libre circulación respecto al resto de los países miembros.

La información también señala que cualquier decisión de mayor alcance requeriría acuerdos entre los Estados miembros o actuaciones de las instituciones europeas.

Las declaraciones de Meloni y Tajani

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que Italia está preparada para intervenir con "instrumentos extraordinarios" para proteger sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos, mencionando expresamente la suspensión del espacio Schengen con España.

Por su parte, Antonio Tajani manifestó públicamente su apoyo al cierre del espacio Schengen con España al considerar que la inmigración irregular representa un peligro para la seguridad nacional, y relacionó la situación de Ceuta con la decisión del Gobierno español de otorgar la ciudadanía española a más de 500.000 inmigrantes irregulares, afirmando que esa medida incentiva el tráfico de seres humanos.

La respuesta del Gobierno español

Las declaraciones italianas recibieron una respuesta inmediata por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien calificó el mensaje de Tajani de "impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo", señalando que esperaba solidaridad europea y no demagogia partidista.

Asimismo, anunció la convocatoria del embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, para trasladarle la posición del Gobierno español.

La crisis de Ceuta como origen del conflicto

La tensión diplomática se produce tras la llegada masiva de miles de personas a Ceuta desde Marruecos, una situación que ha llevado a ambos gobiernos a acordar reforzar la coordinación para devolver lo antes posible a quienes hayan entrado de forma irregular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España y Marruecos trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará a Ceuta para gestionar sobre el terreno la evolución de la crisis.

Un debate con repercusión política y diplomática

La información concluye que la posibilidad de expulsar a España del espacio Schengen no tiene respaldo en la normativa europea, aunque la reintroducción temporal de controles fronterizos sí constituye una herramienta prevista por el tratado en circunstancias excepcionales.

En este escenario, la amenaza formulada desde Italia abre un nuevo frente diplomático entre ambos países y sitúa nuevamente el funcionamiento del espacio Schengen en el centro del debate europeo, con la crisis migratoria de Ceuta como telón de fondo.

La dirigente socialista, que ya ha adquirido oficialmente la condición de senadora a la espera del acto formal de acatamiento del cargo, iniciará una nueva etapa política en la que combinará su presencia en la Cámara Alta con su responsabilidad como líder de la oposición en Andalucía.

Una nueva etapa entre Madrid y Andalucía

El nombramiento permitirá a María Jesús Montero mantener presencia en la política nacional desde el Senado, al tiempo que continuará al frente del PSOE andaluz.

La dirigente afronta este cambio después de haber formado parte durante 24 años de distintos gobiernos, primero en la Junta de Andalucía, desde 2002, durante las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y posteriormente en el Gobierno de España desde 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia.

Compartirá escaño con Susana Díaz y Juan Espadas

La incorporación de Montero al Senado supondrá compartir grupo parlamentario con Susana Díaz y Juan Espadas, ambos también senadores por designación autonómica.

Según se recoge en la información, esta coincidencia ha despertado expectación en el grupo socialista debido a la trayectoria política de los tres dirigentes, marcada por los cambios de liderazgo registrados en el PSOE andaluz durante los últimos años.

La designación como senadora autonómica

María Jesús Montero ha adquirido oficialmente la condición de senadora tras ser propuesta por el Grupo Socialista como una de las representantes designadas por el Parlamento andaluz para la nueva legislatura.

Junto a ella, el PSOE propuso también a Susana Díaz y Juan Espadas, mientras que abandonó su puesto el concejal de Vélez-Málaga Víctor González.

La designación forma parte del reparto de los nueve senadores autonómicos que corresponden a Andalucía. Según la distribución aprobada, el PSOE contará con tres representantes, el PP con cinco y Vox con uno, aunque los populares cedieron uno de sus puestos a Vox dentro del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Declaración de bienes y rentas

Tras adquirir la condición de senadora, María Jesús Montero presentó su declaración de bienes patrimoniales y rentas.

En la documentación comunicó un salario bruto mensual de 5.070,86 euros como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía hasta su designación como senadora.

Asimismo, declaró ingresos anuales de 4.500 euros procedentes del alquiler de un local.

En relación con su patrimonio, informó de la titularidad al 50 % de tres viviendas, un local y un garaje en Sevilla, adquiridos entre los años 2004 y 2006, así como de dos hipotecas pendientes por un importe conjunto de 70.000 euros correspondientes a dos de esas viviendas.

El Senado gana peso en la nueva etapa política de Montero

La incorporación de María Jesús Montero a la Cámara Alta se produce apenas un mes después de abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados para incorporarse al Parlamento de Andalucía.

Ahora, su designación como senadora y su nombramiento como portavoz adjunta del PSOE en el Senado refuerzan su presencia en la política nacional, al tiempo que mantendrá sus responsabilidades como secretaria general del PSOE andaluz y líder de la oposición en la comunidad autónoma.

Esta nueva fase representa uno de los principales avances del desarrollo urbanístico del sureste de Madrid y permitirá urbanizar un ámbito en el que se prevé la construcción de 5.050 viviendas, además de nuevos espacios destinados a actividad económica, equipamientos y zonas verdes.

Una etapa con predominio residencial y múltiples usos

La etapa 2 ocupa una superficie aproximada de 125,5 hectáreas y presenta un uso mayoritariamente residencial, aunque incorpora también suelo destinado a parque industrial, dotacional privado, terciario de oficinas, otros usos terciarios, centro comercial y equipamientos sociales.

Además, concentra algunos de los espacios de mayor centralidad del desarrollo, entre ellos el futuro Centro Cívico Comercial, con una superficie de 104.779 metros cuadrados y una edificabilidad de 73.996 metros cuadrados, así como la principal concentración de suelo para oficinas, favorecida por su proximidad a la futura estación de la línea 9 de Metro hacia Arganda.

Según la planificación, esta etapa reúne prácticamente todas las tipologías edificatorias y usos previstos para Berrocales, con la excepción de la vivienda unifamiliar y la industria tradicional, que quedarán reservadas para las etapas 4 y 5.

Más de 5.000 viviendas en esta fase

El uso residencial colectivo representa el 52,1 % de la edificabilidad, con una previsión de 5.050 viviendas, lo que supone el 22,7 % del total previsto en todo el ámbito.

Del total de viviendas proyectadas, 2.796 serán de régimen libre, 1.997 corresponderán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y 257 serán Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB).

La edificabilidad total supera los 950.000 metros cuadrados, distribuidos entre 505.065 metros cuadrados para uso residencial, 227.624 para parque industrial, 11.231 para dotacional privado, 93.000 para oficinas y 18.200 para pequeño comercio y terciario de proximidad. Además, la etapa contará con 21 parcelas destinadas a equipamientos, que suman una superficie conjunta de 134.342 metros cuadrados.

Un parque de más de 115.000 metros cuadrados junto a la ermita de la Virgen de la Torre

Uno de los elementos más destacados de esta actuación será la creación del futuro parque de la ermita de la Virgen de la Torre, diseñado por el arquitecto español Juan Tur Mc Glone.

El nuevo espacio verde tendrá una superficie aproximada de 115.280 metros cuadrados y permitirá recuperar el entorno de la histórica ermita de la Virgen de la Torre, edificio del siglo XVII y referente patrimonial de los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas.

El proyecto contempla la plantación de 1.096 árboles, 9.668 metros cuadrados de vegetación arbustiva y un total de 84.740 metros cuadrados de zonas verdes, con el objetivo de mejorar la biodiversidad, el confort climático y la calidad ambiental del entorno.

Nuevos espacios para el ocio y la convivencia

La actuación también prevé la recuperación de la histórica olmeda existente, que será transformada en una gran pradera destinada al descanso ciudadano y a la celebración de actividades culturales, sociales y vecinales.

Entre las nuevas dotaciones figuran tres áreas de juegos infantiles, dos zonas de calistenia, un circuito biosaludable y diferentes espacios estanciales, además de una red accesible de senderos y caminos que conectará los distintos ámbitos del parque e integrará las nuevas zonas recreativas con el patrimonio histórico y el paisaje existente.

Asimismo, el parque quedará integrado con el futuro trazado de la Gran Vía del Sureste, configurándose como uno de los principales espacios verdes del sureste de Madrid.

Continúa el avance del desarrollo de Berrocales

Mientras comienza la urbanización de la etapa 2, las obras de la etapa 1 ya han finalizado y han sido recibidas por el Ayuntamiento de Madrid, quedando abiertas sus calles y zonas verdes al tránsito de peatones y vehículos.

En esta primera fase se están construyendo más de 2.100 viviendas, de las que las primeras 110 ya fueron entregadas a finales del pasado mes de mayo.

Por su parte, la urbanización de la etapa 3 concluirá el próximo mes de diciembre. Tras la autorización municipal para ejecutar simultáneamente las obras de urbanización y edificación, ya ha comenzado la construcción de más de 800 viviendas.

En conjunto, las etapas 1 y 3 han puesto a disposición del mercado suelo para levantar 10.000 viviendas, de las que el 50 % contará con algún régimen de protección pública.

Un desarrollo con más de 22.000 viviendas

El proyecto de Berrocales contempla la construcción de más de 22.000 viviendas, de las que la mitad serán protegidas, además de 1.923.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El ámbito estará conectado con el resto de los desarrollos del sureste mediante la futura Gran Vía del Sureste, corredor por el que el Ayuntamiento implantará el sistema de transporte mediante autobuses de acceso rápido (BRT).

La actuación prevé una inversión total en urbanización superior a los 761 millones de euros y, según las previsiones recogidas en el proyecto, generará una contribución estimada al PIB regional de 12.170 millones de euros y la creación de 161.387 empleos acumulados a lo largo de todo su desarrollo.

La reunión se produce tras la aprobación por el Congreso de los Diputados, el pasado 23 de julio, de la ley sobre mutualidades alternativas, una reforma orientada a garantizar una jubilación digna para miles de profesionales.

Durante el encuentro participaron representantes de la Abogacía y altos cargos del Ministerio, entre ellos el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

La Abogacía reclama rapidez, seguridad jurídica y diálogo

Durante la reunión, la Abogacía trasladó al Ministerio tres prioridades fundamentales para el desarrollo reglamentario de la norma: agilizar los trámites para reducir los plazos, garantizar la máxima seguridad jurídica y escuchar a las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas.

Salvador González subrayó que la aprobación de la ley supone un paso importante, pero advirtió de que ahora comienza una fase decisiva.

En este sentido, afirmó que "el desarrollo reglamentario debe elaborarse con rapidez y seguridad jurídica, y escuchando a todos los colectivos implicados, para que la pasarela responda realmente a las necesidades de las compañeras y compañeros".

El Gobierno promete una tramitación urgente del reglamento

Por su parte, la ministra Elma Saiz calificó la aprobación de la ley como una medida "imprescindible" y se comprometió a impulsar una tramitación urgente del reglamento.

Asimismo, destacó que "esta Ley traslada un mensaje de esperanza y confianza a muchos profesionales que se encontraban desprotegidos al acceder a la jubilación y que, gracias a esta reforma, van a poder acceder al sistema público de pensiones, con las garantías que eso supone".

La Ley entra en vigor el 1 de agosto

La Ley 2/2026, de 29 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor el 1 de agosto de 2026.

La norma modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas y permitirá que miles de abogados, arquitectos y otros profesionales puedan trasladar sus aportaciones desde las mutualidades profesionales al sistema público mediante la pasarela al RETA.

Según la información difundida, en unos casos la medida permitirá mejorar la pensión mediante las bases de cotización y, en otros, incrementar el porcentaje de la pensión correspondiente, al tiempo que supone el reconocimiento del derecho de estos profesionales a acceder a este mecanismo.

La Abogacía continuará trabajando para ampliar la reforma

Salvador González agradeció la receptividad mostrada por el Ministerio y reiteró el compromiso de la Abogacía de seguir trabajando en defensa de los profesionales que hayan quedado excluidos de la pasarela.

Como cierre de la jornada, trasladó el contenido de las conversaciones a los decanos durante un Pleno extraordinario del Consejo General y convocó a las organizaciones de mutualistas afectadas a una reunión el próximo 3 de septiembre.

Los mutualistas pensionistas podrán solicitar el complemento a mínimos

Con la entrada en vigor de la ley, los mutualistas pensionistas que cumplan los requisitos podrán solicitar desde el 1 de agosto el complemento a mínimos en la Seguridad Social.

Los límites de rentas establecidos para acceder a esta ayuda, sin contar la propia pensión, son de 9.442 euros anuales para quienes no tengan cónyuge a cargo y de 11.013 euros anuales cuando exista cónyuge a cargo, computándose la suma de las rentas de ambos.

La solicitud del complemento podrá realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o de forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).