El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de Instituciones Penitenciarias, ha adoptado una de sus decisiones más temerarias e indecentes: impulsar la regularización de los reclusos extranjeros que se encuentran en prisión preventiva en España.
Estamos hablando de personas a las que un juez ha enviado a prisión por apreciar indicios serios de criminalidad y riesgos objetivos de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia. Y entre los hechos que se les imputan figuran violaciones, asesinatos, trata de seres humanos, pederastia, narcotráfico...
Conviene aclarar que, efectivamente, a priori la prisión preventiva no supone siempre una condena firme, pero tampoco es una anécdota administrativa. Se trata de una medida absolutamente excepcional que solo adopta un juez cuando concurren circunstancias de enorme gravedad. Por eso resulta escandaloso que, mientras la justicia considera que esa persona debe estar encarcelada para proteger el proceso penal, a la víctima y por extensión a la sociedad, el Gobierno decide allanar su regularización “con la mayor prontitud”, como figura en la circular enviada a los directores de las prisiones.
Mensaje letal
La pregunta es devastadora por su simpleza: ¿de verdad esta es la prioridad del Ejecutivo? ¿De verdad hemos llegado al punto en el que entrar en la cárcel puede convertirse, paradójicamente, en una vía más rápida hacia la residencia legal que cumplir las normas en libertad?
La sola imagen de esta política ya es obscena. Funcionarios desbordados, policías alarmados, prisiones sin medios y, sin embargo, órdenes para actuar como “facilitadores” de la obtención del permiso de residencia y trabajo de los reclusos extranjeros. El mensaje que se transmite es letal; quien ha sido encarcelado por la sospecha fundada de un delito de gran lesividad recibe del Estado una atención y diligencia que hurta a miles de personas honradas que esperan entre colas, expedientes atascados y sistemas colapsados.
Pero hay algo todavía más inquietante: el efecto práctico de esa regularización extraordinaria. Porque si un preso preventivo acusado de violación, de asesinato, de pederastia o de narcotráfico, entre otras transgresiones violentas, obtiene la residencia legal y más tarde es condenado, su expulsión resulta casi imposible al entrar en juego el arraigo. Es decir, el Gobierno no solo estaría facilitando un trámite, sino que estaría levantando un escudo jurídico futuro para personas que podrían terminar sentenciadas a largas penas por conductas de extrema gravedad. Exactamente lo contrario de lo que exigen la seguridad pública y la defensa de las víctimas, que de este modo se ven de nuevo revictimizadas.
Huida hacia adelante
Y aquí surge la gran obscenidad de fondo. El Ejecutivo parece haber decidido que toda frontera ética debe ceder ante su delirante huida hacia adelante. Ya no basta con una política migratoria desordenada y propagandística. Ahora se cruza una línea todavía más inquietante: convertir el sistema penitenciario en una oficina acelerada de regularización para quienes están acusados por la justicia de pisotear el Código Penal.
No se trata, en absoluto, de demonizar a ningún preso por su origen. Se trata de defender una obviedad elemental: un Estado responsable protege primero a los ciudadanos honestos sin distinción de procedencia, respeta el trabajo de jueces y policías, y no recompensa con ventajas administrativas a quien ha sido enviado a prisión preventiva por hechos gravísimos.
Víctimas
España no puede aceptar que el arraigo se fabrique desde una celda con barrotes mientras las víctimas contemplan atónitas cómo el aparato público se moviliza a favor del presunto criminal y por tanto con antecedentes policiales. Eso no es garantismo. Eso es una humillación para quienes cumplen las normas.
El Gobierno debe rectificar, explicar hasta el último detalle y retirar cualquier instrucción que convierta las cárceles en pasarelas administrativas hacia la regularización. Porque un país que confunde protección con permisividad y derechos con impunidad, acaba volviendo vulnerables, precisamente, a quienes respetan la ley. Y ese es el límite que jamás debió cruzarse.
