La CNMC ha vuelto a descubrir América. O eso cree. Cada cierto tiempo algún organismo tecnocrático decide que España tiene “demasiadas restricciones” en farmacia y que la solución mágica para mejorar la competencia consiste en abrir miles de establecimientos más, como si las farmacias fueran franquicias de hamburguesas o tiendas de telefonía. En su último informe, la Comisión propone aplicar el llamado “modelo Navarra” al conjunto del país y concluye, con admirable entusiasmo estadístico, que podrían abrirse 20.000 nuevas farmacias y crearse 45.000 empleos.
El problema de fondo es que la CNMC analiza la farmacia exclusivamente como un mercado y olvida deliberadamente que es también una estructura sanitaria. Y cuando uno convierte un servicio sanitario en una carrera comercial desenfrenada, los resultados suelen ser exactamente los contrarios a los prometidos: precarización, pérdida de calidad y dependencia creciente de subvenciones públicas. Algo que, curiosamente, ya ha ocurrido allí donde se han relajado los criterios de planificación, como es el caso de Navarra.
La propia historia de la ordenación farmacéutica española demuestra que las limitaciones de distancia y población no nacieron por capricho corporativo, sino para garantizar una distribución racional y viable de las farmacias. El sistema fue evolucionando desde 1941 precisamente para evitar la concentración caótica en zonas rentables y el abandono de áreas menos atractivas.
La CNMC presenta Navarra como ejemplo de modernidad regulatoria. Pero evita profundizar en las consecuencias económicas reales de una expansión excesiva. El estudio “Ordenación farmacéutica y desarrollo económico de las farmacias”, que elaboré para la patronal de las farmacias canarias en 2015, advertía ya que la apertura indiscriminada produce un “empobrecimiento general” del sector, deteriora el servicio y obliga posteriormente a introducir ayudas y subvenciones públicas para sostener farmacias inviables. Cuando una farmacia pierde rentabilidad, no desaparece el problema sanitario; simplemente aparece otro.
La propuesta de crear 20.000 nuevas oficinas parte además de una ficción económica bastante extravagante: creer que la demanda farmacéutica es infinita. España ya posee una de las redes de farmacias más densas y accesibles de Europa. El ciudadano medio tiene una farmacia a pocos minutos de su domicilio. El verdadero problema del sistema sanitario español no es la falta de farmacias, sino la falta de médicos, las listas de espera y el deterioro de la atención primaria. Pero abrir farmacias da titulares modernos sobre “competencia”, aunque no resuelva nada esencial.
Además, el discurso del empleo resulta especialmente ingenuo. Crear 45.000 puestos sobre el papel no significa generar riqueza sostenible. También podría dividirse el mercado de taxis en diez veces más licencias y presumir después de multiplicar los conductores. El resultado sería el mismo: más trabajadores repartiéndose una renta menor. La farmacia española, ha mantenido durante décadas una red profesional estable, capilar y extraordinariamente eficiente incluso en pequeños municipios. Romper ese equilibrio para satisfacer un dogma ultracompetitivo puede acabar convirtiendo al farmacéutico en un simple dependiente sanitario sometido a márgenes cada vez más precarios y, finalmente, a cadenas empresariales, objetivo último y no declarado, de la CNMC.
La paradoja es magnífica: la CNMC dice defender al consumidor mientras impulsa un modelo que puede degradar precisamente la calidad asistencial que el ciudadano recibe.
