Durante décadas, miles de abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales colegiados han desarrollado su actividad al margen del sistema público de Seguridad Social a través de las mutualidades profesionales. Lo que durante años se presentó como una alternativa válida ha acabado convirtiéndose, según denuncian los afectados, en un grave problema para quienes afrontan la jubilación sin acceso a prestaciones suficientes ni actualizables.
La aprobación en la Comisión de Trabajo del Congreso del dictamen sobre la pasarela al RETA supone el mayor avance legislativo hasta la fecha para este colectivo. Sin embargo, la propuesta sigue generando controversia por las exclusiones que mantiene y por el debate abierto sobre cómo integrar a miles de mutualistas en el sistema público.
Para analizar la situación, El Diario de Madrid conversa con María José Almodóvar, abogada y portavoz de la Plataforma Pasarela al RETA, e Isabel Rabell, abogada e integrante de este movimiento que desde hace tres años lidera las reivindicaciones de los mutualistas alternativos. Ambas acudieron a la entrevista acompañadas por representantes y afectados de distintos puntos de España, reflejo de un movimiento que ha logrado situar en la agenda política un problema que, según denuncian, ha permanecido ignorado durante décadas.
En esta conversación analizan el alcance real de la futura ley, las exclusiones que aún contempla, el enfrentamiento con el Gobierno por el coste económico de algunas enmiendas y el papel desempeñado por colegios profesionales y mutualidades en una crisis que afecta a miles de trabajadores.
Para quien no conozca el tema, ¿qué son las mutualidades profesionales y por qué han sido y siguen siendo un problema tan grave?
María José Almodóvar: Las mutualidades profesionales son un sistema anacrónico, a estas alturas del siglo XXI, de previsión social. En este caso, las únicas que quedan vigentes actualmente son las de profesionales con colegiación obligatoria.
Somos una serie de profesiones las afectadas: la abogacía, la procura, los arquitectos, aparejadores, ingenieros, médicos y gestores administrativos. Somos los únicos profesionales de colegiación obligatoria que seguimos teniendo mutualidades.
En su día tuvieron sentido porque no existía la Seguridad Social, pero la Seguridad Social existe en España desde hace ya 60 años. Durante ese tiempo se han ido incorporando a ella todos los colectivos que inicialmente estaban fuera. Nosotros seguimos fuera, como un resto de un sistema que fue necesario en la posguerra, pero que hoy está totalmente superado.
Y tan superado está que el problema que ha generado es una insuficiencia de las prestaciones que se perciben, particularmente de la pensión de jubilación, porque es un sistema que no respeta los principios que tienen que regir las jubilaciones conforme a la Constitución Española.
El artículo 41 establece, por ejemplo, que las pensiones son actualizables y tienen que ser suficientes. Nuestro sistema ni genera pensiones suficientes ni son actualizables. Entonces, lógicamente, esto tiene que decaer.
Estamos en cómo tiene que desaparecer o cambiar el sistema. Desde nuestro punto de vista, desaparecer claramente. Y cómo, a continuación o como consecuencia de ello, tenemos que integrarnos los mutualistas alternativos en el sistema público.
Aquí es donde estamos, en el debate del cómo. Y en este momento estamos a un paso de que el Pleno del Congreso apruebe exactamente ese cómo: la ley que regule la manera en la que los mutualistas alternativos podamos voluntariamente incorporarnos al sistema que nos corresponde, del cual somos alternativos, que es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA.
Ayer la Comisión de Trabajo dio el primer respaldo parlamentario a la pasarela al RETA. ¿Qué sensación os dejó la sesión: satisfacción por el avance o decepción por las exclusiones que mantiene de momento el texto?
Isabel Rabell: Ambas.
Satisfacción porque, obviamente, llevamos tres años trabajando esto para que haya un texto o un marco normativo que nos permita avanzar y que muchísima gente acceda a tener una pensión contributiva digna.
Pero, por otro lado, decepción porque hay gran parte de los colectivos que quedan fuera. Quedan fuera aquellos que tengan más de 15 años cotizados a fecha de pasarela en cualquier otro régimen de la Seguridad Social y queda fuera quien esté cobrando pensiones, a excepción de la pensión de viudedad.
Por ejemplo, quedan fuera los jubilados y quienes perciban prestaciones por incapacidad permanente total o absoluta.
Entonces, las sensaciones son agridulces. Por un lado, satisfacción porque llevamos tres años trabajando para que un texto normativo vea la luz, para que la sociedad, el colectivo y los colegios profesionales sean conscientes de esto que nos dimos cuenta algunos hace tres años: que esto era un sistema fallido.
Creo que hoy en día ya nadie pone en duda que esto es así.
Satisfacción por esto y decepción por la parte del colectivo que queda fuera, por supuesto.
En nuestra última entrevista advertíais que la propuesta del PSOE era “absolutamente insuficiente”. Tras las modificaciones introducidas —como el principio “uno a uno” para mayores de 52 años o el coeficiente corrector del 25 %—, ¿ha mejorado realmente el proyecto o sigue siendo insuficiente?
María José Almodóvar: Sigue siendo insuficiente porque, para empezar, no es uno por uno para los mayores de 52 años. Es uno solo en tiempo.
El uno por uno que hemos defendido y seguimos pensando que es la solución lógica, razonable y adecuada para nuestra integración supone que, a la hora de reconocernos una vida laboral en el RETA, se tenga en consideración el tiempo que hemos sido alternativos y las aportaciones que hemos hecho durante ese tiempo a efectos del cálculo de bases.
Eso es lo que nosotros seguimos considerando, a fecha de hoy, que debe ser.
Este modelo, que ha sido la base de todas las integraciones que nos han precedido, es algo que ha descartado el Ministerio desde el primer momento.
Estamos en un plano distinto. Lo que se está discutiendo en el Congreso y lo que va a salir es un concepto totalmente distinto. Es un convenio especial de la Seguridad Social con unas características muy concretas adaptadas a nuestro colectivo.
Vamos a comprar cotizaciones solo con el dinero que tenemos en nuestras mutualidades. Hay una serie de limitaciones y una adaptación a nuestras características concretas.
Entre otras cosas, se ha determinado que los mayores de 52 años a 31 de diciembre de 2026 tengan reconocido el tiempo al momento de alcanzar la jubilación. Es el uno en tiempo, no el uno en tiempo y bases, que es lo que nosotros hemos defendido y creemos que corresponde a todo el colectivo.
No debe corresponder solo a los mayores de 52 años.
Entendemos cuál es la idea y es que cualquier profesional con más de 52 años tiene menos margen para construir una carrera de cotización suficiente antes de la jubilación.
Dado que la forma de acceso al RETA va a ser a bases mínimas y a los años que se puedan comprar en función de cómo se defina definitivamente en reglamento esa compra de cotizaciones, habrá personas cuya pensión quede muy limitada porque les quedan pocos años para mejorar bases en función de ingresos.
Incluso habrá casos donde ni siquiera puedan alcanzar la pensión mínima contributiva por falta de tiempo.
Mientras que quien es más joven tiene más años por delante para mejorar sus bases de cotización.
Por eso nos parece totalmente lógico que se reconozca, al menos, el porcentaje de pensión que le va a corresponder mediante ese reconocimiento del tiempo trabajado.
Eso es lo que incorpora la proposición de ley que hay ahora mismo sobre la mesa con todas las enmiendas que se han incorporado. Es una mejora que no venía en el texto original.
Se habla de hasta 47.000 mutualistas excluidos de la pasarela. ¿Qué perfiles concretos quedan fuera y qué consecuencias reales puede tener eso para su jubilación?
María José Almodóvar: Primero, esa cifra debió lanzarla alguien. Nosotros, los afectados, desconocemos de dónde sale exactamente ese dato.
Es una cifra que se ha puesto ahí. En cualquier caso, nos parece una cifra bastante importante como para que incluso el documento que pretende justificar el veto a que todos estos profesionales puedan alcanzar una jubilación digna reconozca que decenas de miles de profesionales se van a quedar fuera.
Nos parece gravísimo que se condene a tantas personas a una situación inconstitucional.
Insisto: la Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a una pensión de jubilación suficiente y actualizable. Y a quien se deja fuera se le deja con una pensión insuficiente y no actualizable.
Esa es la gravedad de las exclusiones que se están poniendo sobre la mesa. Y no es poca cosa.
Isabel Rabell: Respecto a esa cifra, sale de lo que llamamos el documento de veto que hace el Ejecutivo a las enmiendas de PP, Junts y Vox.
Si vamos a la fuente, ese documento habla concretamente de 47.400 mutualistas y después vincula esa cifra con el coste que tendrían para la Seguridad Social.
Pero nosotros no tenemos esa cifra real de afectados. Nadie la tiene. Porque, en realidad, el problema no es el número. El problema es el concepto.
Según ese veto, los perfiles afectados serían los que llamamos mutualistas complementarios, aquellos que tienen ya 15 años cotizados en cualquier otro régimen de la Seguridad Social.
Dentro de ese grupo están, por ejemplo, los médicos. Todos los médicos de este país son mutualistas complementarios.
¿Por qué? Porque la mayoría trabajan en la sanidad pública y, al mismo tiempo, mantienen una consulta privada.
Además, a los médicos prácticamente no les afecta esta reforma porque la alternatividad desaparece para todos menos para quienes mantienen una situación de pluriactividad.
¿Qué significa eso? Trabajar por cuenta ajena y mantener simultáneamente una actividad privada. De hecho, muchos médicos no quieren entrar en esta reforma porque quieren seguir manteniendo ese sistema. Por eso, dentro de esas cifras hay colectivos que realmente no se verían tan afectados.
La realidad es que no sabemos cuántos afectados reales hay. Porque para nosotros el afectado real es aquel que no puede completar toda su vida laboral.
Un médico, por ejemplo, sí la tendrá completa porque lleva cotizando desde el primer día en el hospital público. Sin embargo, abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales que han desarrollado su actividad exclusivamente como alternativos sí tienen un problema.
Los afectados reales son aquellos cuyos años alternativos no aparecen en su vida laboral y que no están trabajando en otro régimen que haga aparecer esos años.
Por pura lógica, si has empezado a trabajar con 22 años y has sido alternativo hasta los 50, todos esos años no existen en tu vida laboral.
Si te tienes que jubilar con 67 años y te exigen 38 años cotizados para alcanzar el 100 % de la pensión, está claro que vas a justificar 17 años, no 38. Entonces la pregunta es: ¿porque lleves 15 años cotizando a la Seguridad Social de repente los 30 años anteriores en mutualidad dejan de existir?
¿No cuentan para nada?
Eso es exactamente lo que estamos denunciando. Al final, da igual si son 47.000, 470.000 o cualquier otra cifra. El problema no es el número. El problema es el concepto.
Estamos impidiendo que muchas personas lleguen a tener el 100 % de su pensión. Porque si no acreditas los años necesarios trabajados en tu vida laboral, no vas a tener derecho al 100 % de la pensión con la normativa actual.
Y aquí la pregunta es muy sencilla: ¿cuál es el motivo de esa discriminación?
Ninguno.
Porque esas personas llevan años aportando dinero a la Seguridad Social, van a seguir haciéndolo y, además, quieren trasladar sus fondos. No están pidiendo que se les regale nada.
Van a traspasar sus fondos igual que todos los demás. Todos vamos a comprar cotizaciones con nuestros propios fondos. Y, de hecho, PP, Junts y Vox defienden que esos mutualistas complementarios puedan entrar en la pasarela. Los únicos que se están oponiendo frontalmente a ello son los partidos del Gobierno. Incluso Sumar llegó a presentar una enmienda que iba en esa línea, aunque finalmente fue retirada.
El Ejecutivo argumenta que aceptar esas enmiendas tendría un coste de más de 5.200 millones de euros y pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo respondéis desde Pasarela al RETA a ese argumento económico?
María José Almodóvar: El argumento económico, primero, no está demostrado con números. Es decir, hasta este momento no ha aparecido ningún informe económico que se pueda rebatir.
Nosotros, como colectivo de afectados, hemos manejado nuestros propios informes y son contradictorios con lo que plantea el Partido Socialista, que es quien realiza estas apreciaciones en el veto.
Estamos hablando de que el paso al RETA supone aproximadamente entre 100.000 y 120.000 nuevos cotizantes. Estos nuevos cotizantes no están todos al borde de la jubilación. Hay personas de todas las edades, con carreras profesionales por delante cotizando al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y actualmente en función de ingresos.
Además, el colectivo de profesionales no es precisamente de los que menos ingresos tiene. Dentro de los contribuyentes al sistema sería un colectivo especialmente interesante porque las cotizaciones estarán de la media hacia arriba.
Por tanto, los números que nosotros manejamos no coinciden en absoluto con esto.
Las personas que han informado al colectivo, y que tienen suficiente prestigio, llegan a conclusiones distintas. No voy a mencionarlas porque proceden de distintos ámbitos y no queremos entrar en polémicas, pero los informes son coincidentes.
Además, estas conclusiones se expusieron en una jornada sobre este tema celebrada en el Consejo General. Todos coincidían en una cosa: el saldo sería positivo hasta aproximadamente el año 2047.
Por eso, que ahora se diga esto no nos concuerda en absoluto con nuestros datos.
Puede pensarse que individualmente habrá personas que ya están cobrando una pensión y que seguramente supondrían una carga para el sistema, pero el resto del colectivo va a generar un beneficio que compensará sobradamente esa situación.
El colectivo activo es mucho más amplio. Por tanto, no podemos estar de acuerdo.
Además, hay otra cuestión. Esto es una cuestión de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española.
Estamos en un Estado de Derecho y hay que resolver una cuestión de derechos fundamentales como tantas otras que se han resuelto en este país.
Quien está ya jubilado percibiendo una pensión insuficiente y no actualizable necesita que esto se resuelva.
Porque es una cuestión de derechos y muchísimas cuestiones de derechos tienen un coste para el Estado. Hay que asumirlo porque somos una sociedad solidaria y el sistema público es un sistema solidario.
Incluso aunque esto fuera así, que nosotros no lo creemos, tendría que resolverse igualmente.
El texto fija 2028 como fecha para el fin progresivo de la alternatividad. ¿Consideráis que esa fecha llega demasiado tarde o es un plazo razonable para cerrar definitivamente este modelo?
María José Almodóvar: Que se cierre el modelo es realmente lo importante.
No queremos ver a nuevos compañeros atrapados en algo que sabemos que es un fracaso.
La lógica y la coherencia de resolver una pasarela es que no volvamos a encontrarnos dentro de veinte años con esta misma situación.
Lógicamente aquí hay intereses contrapuestos entre los afectados y las mutualidades. Entendemos que todo esto tiene que ser un proceso ordenado que no lleve a la extinción de las mutualidades, porque también hay inversores y otros tipos de mutualistas, no solo los alternativos.
Por tanto, esto hay que hacerlo bien.
Lo aceptamos siempre que el sistema desaparezca efectivamente como opción en el futuro para los nuevos colegiados.
No es algo que nos preocupe especialmente que sea en 2028.
El ICAM ha dicho que la ley avanza, pero con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales. ¿Sentís ahora más apoyo institucional de colegios profesionales como el de Madrid que hace un año?
María José Almodóvar: Hemos llegado aquí por la lucha de los afectados.
Hemos sentido una falta de apoyo institucional absoluta desde el principio porque este trabajo no nos correspondía a nosotros.
Nosotros tenemos nuestros representantes, que son nuestros colegios profesionales y, como última institución, el Consejo General de la Abogacía.
A ellos les correspondía esto.
El problema es que aquí hay un conflicto evidente de intereses porque las mutualidades son una extensión de nuestras profesiones. Son algo que crearon nuestros colegios profesionales para dotar de previsión social a los colegiados.
Gracias al trabajo que hemos hecho, gracias a la concienciación y a la pedagogía desarrolladas durante estos tres años, parece que la abogacía institucional se ha dado cuenta de que tiene que estar en el lado correcto de la historia.
Eso nos complace.
Pero desde luego aquí no se ha llegado por eso.
Aquí se ha llegado porque hemos conseguido algo muy difícil. Los profesionales trabajamos individualmente y, aun así, hemos conseguido organizarnos para que después de tres años tengamos esta ley a punto de llegar al Pleno dentro de dos semanas.
Insisto: ha sido un proceso en el que ellos han entendido que tienen que ponerse de nuestro lado y no al revés.
Durante años denunciasteis que las mutualidades y algunos colegios profesionales conocían el problema desde hace décadas. ¿Después de todo lo ocurrido ha habido alguna autocrítica real por parte de esas instituciones?
Isabel Rabell: Ninguna.
María José Almodóvar: Absolutamente ninguna.
Isabel Rabell: Voy a añadir algo a lo que dice María José. Ella considera que las instituciones han entendido que tienen que estar a nuestro lado y yo discrepo. Lo que estamos viviendo estas últimas semanas es que las instituciones están intentando lo que se llama un adelantamiento por la derecha. Es decir, colocarse delante como grandes adalides de esta lucha cuando todos sabemos que han estado en sus despachos sin hacer nada. Quienes seguimos moviendo los despachos de los diputados y quienes seguimos moviendo las cosas somos los profesionales afectados.
Hasta el punto de que tenemos una decana propia. Marta, la decana de Ourense, es plataforma Pasarela al RETA. Es una de nosotras. Es una persona que se presentó a su colegio y que lleva dos años luchando desde dentro.
A partir de ahí han aparecido honrosas excepciones, por supuesto. Creo que eso es importante. Quien ha estado trabajando esto es la abogacía de a pie.
La institución ahora pretende protagonizar una lucha por las medallas espectacular. Y esto no es un tema de medallas. Nadie quiere medallas, pero tampoco queremos que se las pongan otros.
¿Cuál sería para vosotros la línea roja para considerar que la futura ley ofrece una solución justa y no simplemente un parche parcial?
Isabel Rabell: Para nosotros, desde el primer día, no es que sea una línea roja. Nosotros seguiremos defendiendo que la pasarela justa para todos es la pasarela basada en derechos y aportaciones.
Es lo que nos iguala a todos. En función de lo que hayas pagado, esa será tu base de cotización. Quien haya pagado la mínima tendrá la mínima y quien haya pagado más tendrá más.
Para todos. Sin discriminar si estabas en el RETA, si eres pasivo o cualquier otra circunstancia. Seguiremos defendiendo que ese es nuestro modelo.
Otra cosa es que estamos donde estamos. Y como hemos dicho al inicio, estamos satisfechos porque hemos conseguido un texto normativo sobre el que trabajar. Con un texto normativo puedes evidenciar discriminaciones y situaciones que hasta hoy no teníamos identificadas jurídicamente. Por tanto, es un logro.
¿Es la ley que queríamos? No.
¿Es la ley que necesitamos? Sí.
¿Qué mensaje enviaríais ahora mismo a los miles de mutualistas que siguieron la Comisión con esperanza pero también con miedo a quedarse fuera de la solución definitiva?
Isabel Rabell: Creo que se ha demostrado que llevamos tres años trabajando este tema. Yo diría confianza y paciencia. No nos queda otra.
Lo que no podemos hacer es volver a la situación de 2022 porque esto no puede convertirse en un “o todos o ninguno”. Entendemos que hay parte de los mutualistas absolutamente decepcionados porque son conscientes de que quedan fuera. Pero la solución no puede ser obstaculizar el procedimiento legislativo o pretender que, si no entran todos, volvamos a la situación de 2022.
Creo que esa situación es inasumible e impensable para el colectivo. Por tanto, lo que pediría es paciencia y confianza.
Personalmente creo firmemente que, al menos para los complementarios, esta situación se va a solventar. Igual no en esta legislatura, pero sí en la siguiente, que tampoco está tan lejos.
María José Almodóvar: Simplemente añadiría a lo que dice Isabel que este no es el final del camino.
Este es un escalón fundamental porque tener esto regulado es básico y, sobre todo, permite que gran parte del colectivo pueda incorporarse ya al sistema público. Pero esto no significa que la parte del colectivo cuyos intereses no han sido atendidos en esta regulación tenga que dejar de pelear.
Esto no puede ser el final del camino.
