Hay una casta de individuos que no defienden su país, sino su bolsillo. Seres al servicio de sus propios intereses, desviaciones o frustraciones. Gente sin escrúpulos ni dignidad, cuya única ocupación consiste en someter su criterio, su conciencia y sus atribuciones a quien les paga, les exige y les mantiene. En otros casos, se entregan al poder como compensación a sus complejos, resentimientos o venganzas personales.
Cuando estos sujetos son servidores públicos con poder de decisión o influencia sobre el desarrollo social, su falta de moral se convierte en crimen de Estado.
Son responsables directos de buena parte de lo que sufre la ciudadanía, porque en sus manos se encuentra el futuro del país y el destino de millones de personas.
Negociar con terroristas, prófugos de la justicia, delincuentes, antiespañoles y enemigos del orden constitucional, premiarles con dádivas y complicidades, y no oponerse jamás a sus abusos, es exactamente lo que hacen los 179 endófobos que hoy dirigen España desde el Congreso.
Estos “endófobos antipatriotas” son personajes que han desarrollado un sentimiento enfermizo de odio a su nación, muchas veces fruto de su propia lucha identitaria o de su desequilibrio emocional. Ahí tenemos los ejemplos de Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca, ambos jueces de profesión, que no solo actúan como reaccionarios sino como prevaricadores conscientes, sabiendo lo que violan y callando ante lo que deberían corregir en nombre de la justicia que un día juraron servir.
La Abogacía del Estado, el presidente del Constitucional, el Fiscal General, el Tribunal de Cuentas y todas las instituciones colonizadas por el dogma sanchista, conforman la gran trama cómplice de esos apátridas a los que, con justicia, llamamos endófobos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue protagonista de una de las más graves omisiones del deber de socorro que se recuerdan. Durante la catástrofe de la DANA en Valencia, disponiendo de miles de militares y medios mecánicos listos para intervenir, ordenó la inacción total.
Durante cuatro o cinco días, la población se hundió en la desesperación mientras el agua arrasaba pueblos enteros. Personas que podrían haberse salvado murieron ahogadas o atrapadas, mientras los batallones de la UME esperaban órdenes que nunca llegaron.
Aquello no fue un error: fue un sabotaje interno sin escrúpulos, ejecutado con plena conciencia de su deber y con indicios claros de delito penal. Robles fue la responsable de muertes evitables, de la destrucción total del Barranco del Poyo y de la desolación que cubrió la Albufera como si hubiera sido bombardeada.
Fue un homicidio involuntario premeditado sin intención del resultado final. La Ministra sólo quería causar una tragedia que inculpase al PP, y le salió un acto de terrorismo con más de doscientos muertos.
Y sin embargo, esta misma Robles -la que se desentendió de los muertos- fue también la que devolvió a su hija adoptiva filipina por “desobediente”, según sus propias palabras. Una niña que, como cualquier adolescente, mostró rebeldía ante el desarraigo de haber sido arrancada de su país. Pero la ministra no tuvo compasión. La devolvió al hospicio, sin remordimiento alguno.
¡Esa es Margarita Robles! La mujer que, mientras otros lloraban a sus muertos, se permitió decir que “las Fuerzas Armadas no están para eso”.
Y así murieron más de doscientos inocentes, mirando al cielo sin entender por qué nadie acudía.
En cuanto a Grande Marlaska, su actuación no fue menos infame. Impidió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acudieran al rescate de las víctimas. Prohibió incluso la ayuda de unidades de otras comunidades gobernadas por sus socios socialistas.
Esa omisión deliberada equivale a complicidad criminal. La misma contribución a ese acto terrorista de la Ministra Robles.
Cuesta imaginar qué clase de infierno interior anida en un hombre así. Tal vez el mismo que, años atrás, lo enfrentó con su propia madre, quien -dice él mismo en su libro- pasó semanas sin salir de casa ni dirigirle la palabra tras conocer sus hábitos personales. Sea cual sea su historia, el resultado es el mismo:
odio, desequilibrio y una necesidad enfermiza de venganza contra una sociedad que no le ha hecho nada malo y a la que él ha traicionado, agredido y masacrado.
De esos desórdenes emocionales, de esa psicopatía política, se nutre el núcleo del sanchismo: un grupo de estigmatizados (empezando por el cabecilla) que gobiernan con rencor, excluyendo y dividiendo a la nación, bajo la dirección del capo y con la tolerancia complaciente del jefe del Estado, "Felipe sexto izquierda”, España ha sido entregada a un crimen político organizado.
Entre sus cómplices, figuran como básicos para la demolición del Estado de derecho y la España democrática: Bolaños, Pilar Alegría, Óscar López, Óscar Puente, Patxi López, Francina Armengol, María Jesús Montero, José Manuel Albares, Víctor Torres, Mónica García y Ana Redondo, aparte de José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias, Irene Montero, y otros que no es necesario nombrar.
El resto de ministros y altos cargos son simples comparsas: cobran, obedecen y callan, sin entender del todo el propósito final del proyecto destructivo que sirven.
Por todo ello, Robles, Ribera, Marlasca y Sánchez (sin olvidar que Zapatero fue el impulsor de la paralización de infraestructuras de prevención ante desastres de esta naturaleza) deberían ser procesados y juzgados por un jurado popular.
Su expulsión de España sería una sentencia insuficiente pero justa: porque quienes conscientes o no, contribuyeron con la muerte de inocentes, no merecen pisar suelo español.
Y mientras tanto, ¿qué hace la oposición?
¿Ha exigido Feijóo justicia? ¿Ha denunciado los crímenes? ¿Ha anunciado acciones contra Robles, Ribera o Marlasca?
¿Ha vuelto por allí para explicar por qué pasó aquello?¿Castigó a Mazón por su irresponsabilidad?
No. Ni una palabra. Es más, Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que miraba a Cuenca cuando el cielo desató el infierno, gracias a Feijóo, saldrá beneficiado como diputado o senador cobrando en torno a 5.000€ mensuales por 14 pagas.
Este es el gobierno que rige nuestra nación: un régimen sostenido en la división, el odio y el expolio. Un gobierno que, antes que permitir una democracia plural, prefiere destruir España, su historia, su cultura y su dignidad, con tal de mantener los privilegios, el poder y la impunidad de su secta.
