España necesita mirar de frente una realidad que lleva años escondiendo bajo la alfombra: una parte muy significativa de las agresiones sexuales en nuestro país son cometidas por personas extranjeras, muchas de ellas en situación irregular, como la última violación en Pamplona, perpetrada por cuatro marroquíes contra una joven universitaria que salía de una fiesta. No es una opinión, es un hecho. Un Estado que pretende proteger a sus ciudadanos no puede seguir gobernando sobre la negación.
La sociedad española tiene derecho a saber quién agrede, de dónde procede y qué medidas se aplican para evitar que vuelva a hacerlo. La seguridad ciudadana (art. 104 CE), la información veraz (art. 20 CE) y la igualdad ante la ley (art. 14 CE) no son lemas electorales: son mandatos constitucionales, hoy vulnerados por omisión.
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 fueron condenadas 491 personas por delitos de agresión sexual. De ellas, 267 eran españolas (54,38 %) y 224 extranjeras (45,62 %). Pero este último porcentaje debe ponerse en contexto con la población que representan los extranjeros en España: el 13,5 %. Entre estos, 93 procedían de países africanos, pese a que la población africana apenas supone el 2,4 % del total de residentes en el país. Los datos son demoledores, y el silencio político que lo rodea, inaceptable. Las cifras oficiales no mienten, aun siendo manipuladas en muchas ocasiones. Esta sobrerrepresentación exige respuestas, no excusas. Los gobiernos que ocultan datos están renunciando a proteger a sus ciudadanos, a las mujeres y a los menores.
Ante esta situación, y ante la inacción institucional, dentro de mi compromiso con España y en coherencia con el trabajo que vengo desarrollando en los últimos años, he presentado una propuesta legislativa ante los distintos grupos del Congreso para obligar al Estado a publicar y auditar los datos sobre la nacionalidad de los agresores sexuales condenados, veremos si es aceptada.
Lo resumo de forma esquemática para poder compartirlo en este artículo: El texto propone la creación de un Registro Público del que los investigadores y periodistas se nutran, dependiente del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, que publique cada año cifras verificadas, desglosadas por nacionalidad y tipo de delito. La transparencia no estigmatiza, protege.
El objetivo es conocer la realidad, evaluar las políticas migratorias y corregir los errores.
El ciudadano tiene derecho a saber y las mujeres tenemos el derecho a estar y sentirnos protegidas. El Estado tiene el deber de garantizar ambas cosas.
La propuesta incluye medidas que cualquier país serio ya habría adoptado: Control exhaustivo de antecedentes penales al entrar en España y antes de conceder visados, residencias o nacionalidad. Expulsión inmediata de los condenados por delitos sexuales, conforme a la legislación vigente o con las modificaciones necesarias, y prohibición de entrada en territorio español durante un período mínimo de 10 a 20 años, según la gravedad del delito. Supervisión y cooperación judicial internacional para prevenir la reincidencia y reforzar la seguridad ciudadana.
Nada de esto vulnera derechos, al contrario, garantiza que los derechos de las víctimas estén por encima de la comodidad política. Negar la realidad envolviéndola en acusaciones de racismo es una traición institucional a los ciudadanos y, especialmente, a las mujeres.
La izquierda y los nacionalistas, cegados por la exaltación de lo que llaman “diversidad”, callan por cálculo ideológico. La derecha del PP calla por miedo mediático, por temor a ser acusada de racismo y por puro cálculo electoral. El planteamiento de Vox le suena a la gran parte de la sociedad como demasiado duro y no es escuchado. Entre unos y otros, el silencio se convierte en norma, mientras las mujeres siguen desprotegidas. Quienes callan desde las instituciones no son neutrales: son cómplices.
España no puede seguir fingiendo que no pasa nada. Defender la transparencia no es racismo, es justicia. Pedir control no es intolerancia, es responsabilidad. Quien confunde la verdad con odio, niega los hechos. La censura estadística no defiende a nadie, solo oculta el fracaso de las políticas migratorias. La convivencia se construye con leyes firmes, datos claros y voluntad política, no con propaganda y demagogia política.
Mi propuesta busca una sociedad más libre y segura y se fundamenta en datos y hechos. España debe decidir si quiere seguir viviendo en la mentira cómoda o asumir la verdad incómoda.Yo defiendo lo segundo, porque callar también mata, y el silencio, en este tema, ya no es una opción.
Y solo con libertad puede haber justicia y la libertad solo es posible con la verdad.
