Durante toda la campaña, Juanma Moreno intentó presentar a Vox como un problema, como un lío, incompatible con gobernar. Llegó a instalar la idea de que gobernar con Vox sería inviable. Pero las urnas han respondido con una claridad que ningún relato mediático puede ocultar, un gobierno con Vox será posible o no será, señor Moreno Bonilla.

El PP ha ganado, sí. Pero ha perdido cinco escaños respecto a 2022 y se queda en 53, dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE, con María Jesús Montero, también retrocede y cae a 28 escaños, su peor suelo histórico en Andalucía. Y Vox, pese al desprecio, la invisibilización y el cordón mediático permanente, sube hasta 15 diputados y vuelve a ser llave.

Este es el dato político que casi nadie quiere subrayar: de cuatro elecciones, cuatro veces Vox ha sido decisivo. La derecha institucional puede fingir que no lo ve, pero los ciudadanos lo han vuelto a decir en las urnas. Quieren políticas de derechas, no una socialdemocracia templada con siglas populares. Quieren orden, seguridad, control migratorio, defensa del campo, protección de los servicios públicos para quienes sostienen el sistema y una idea elemental: Prioridad Nacional.

Por eso el resultado andaluz no puede leerse solo como una victoria del PP, es también un castigo al PP. Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta porque una parte de su electorado no acepta que se gobierne con discurso de derechas y políticas socialdemócratas. No acepta que se desprecie a Vox mientras se asumen marcos de la izquierda. No acepta que se pretenda gobernar contra Sánchez, pero copiando parte de su lenguaje, sus límites y sus complejos.

La cuestión de fondo es evidente, Andalucía no ha dado un cheque en blanco al PP. Ha dado un mandato de gobierno a la derecha. Y ese mandato exige entenderse con Vox, no humillarlo. Vox no pide “sillones”, sino que la Prioridad Nacional sea una realidad, según ha declarado tras las elecciones.

Si el Partido Popular vuelve a equivocarse, si vuelve a atacar a Vox en lugar de pactar con él un programa serio, útil y reconocible desde la derecha, repetirá el error que permitió a Sánchez renovar un gobierno Frankenstein. Porque cuando el PP desprecia a Vox, no debilita a Vox, debilita a la alternativa nacional.

Andalucía ha hablado. Moreno Bonilla puede escuchar a los andaluces o escuchar al aparato de Génova. Puede asumir que necesita a Vox o puede repetir el viejo error de la derecha acomplejada. Pero el mensaje de las urnas es claro: sin Prioridad Nacional no hay mayoría suficiente. Y sin Vox, no hay gobierno.

El PP debería asumirlo si quiere que España se libre de Sánchez y de los partidos que aborrecen a España.

Quien espere encontrar una defensa incondicional o una impugnación frontal quedará probablemente decepcionado. La realidad jurídica es más compleja: la Prioridad Nacional, tal como se ha planteado en el acuerdo de Extremadura, entre dos formaciones políticas (VOX y PP) es discutible en algunos extremos y defendible en la mayor parte de su estructura. Y esa diferencia depende, como casi siempre en Derecho, de los detalles técnicos. Ahí está la clave del debate.

El punto de partida ineludible es el artículo 14 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley. Esta afirmación, central en nuestro sistema constitucional, no significa que todas las situaciones deban recibir idéntico tratamiento jurídico en cualquier circunstancia. La doctrina del Tribunal Constitucional ha sido constante: el principio de igualdad no prohíbe cualquier diferencia de trato, sino únicamente aquellas que carecen de justificación objetiva y razonable o resultan desproporcionadas. En términos jurídicos, esto significa que el ordenamiento permite introducir criterios de diferenciación cuando están fundados en elementos objetivos. La cuestión, por tanto, no es si puede haber diferencias, sino si esas diferencias están justificadas y si son proporcionadas.

En este contexto, el debate sobre la Prioridad Nacional se sitúa precisamente en ese terreno. Los criterios que se han planteado —residencia efectiva, contribución al sistema y vinculación familiar— no son ajenos a nuestro ordenamiento. Al contrario, forman parte de múltiples ámbitos del Derecho español. El arraigo, entendido como la vinculación real de una persona con un territorio en el que vive, trabaja y desarrolla su proyecto vital, es un criterio ya utilizado en diferentes políticas públicas. Desde esta perspectiva, no estamos ante un concepto extraño al sistema jurídico, sino ante una intensificación y sistematización de elementos ya existentes.

El segundo eje del análisis lo constituyen los artículos 139.1 y 139.2 de la Constitución, que garantizan la igualdad de derechos de los españoles en todo el territorio nacional y prohíben medidas que obstaculicen la libre circulación y establecimiento dentro de España. Estos preceptos tienen una finalidad clara: preservar la unidad del mercado interior y asegurar que ningún ciudadano español vea limitada su movilidad entre comunidades autónomas. No están diseñados para regular el acceso de personas procedentes del extranjero a recursos autonómicos, sino para garantizar la cohesión interna del Estado. Por tanto, una Comunidad Autónoma puede establecer criterios de acceso a sus recursos siempre que no impida la libre circulación dentro de España ni vacíe de contenido derechos fundamentales. En este punto conviene introducir una precisión relevante desde la práctica jurídica: el propio artículo 139.2 prohíbe expresamente medidas que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento dentro de España, lo que lleva a concluir que el ordenamiento admite modulaciones siempre que no alcancen ese umbral de restricción efectiva. La realidad demuestra, además, que este principio ha sido objeto de interpretaciones flexibles en determinados contextos, como sucede en comunidades autónomas donde se exige el conocimiento de una lengua cooficial distinta del castellano para el acceso a plazas públicas, sin que ello haya sido considerado, con carácter general, una vulneración del artículo 139. 

Esta constatación refuerza una idea central: el sistema jurídico español ya admite diferencias territoriales cuando se fundamentan en criterios normativos y superan el juicio de proporcionalidad, lo que sitúa el debate sobre la Prioridad Nacional no en su mera existencia, sino en la forma concreta en que se articula.

A ello se suma el marco del Derecho de la Unión Europea, que introduce límites adicionales. Los tratados prohíben el trato desigual directo por razón de nacionalidad, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha matizado esta prohibición distinguiendo entre exclusión directa y diferenciación basada en criterios objetivos. Esta distinción es clave. El Derecho europeo ha admitido, en determinados supuestos, la utilización de criterios como la residencia efectiva para el acceso a prestaciones, siempre que se respeten los principios de proporcionalidad y no se establezcan barreras encubiertas a la libre circulación. Esto significa que Europa no prohíbe el concepto en sí, pero sí exige un diseño técnico cuidadoso.

Otro elemento esencial es el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de extranjería e inmigración, lo que implica que ninguna comunidad autónoma puede regular quién entra en España o cuál es el estatuto jurídico de los extranjeros. Sin embargo, las comunidades autónomas sí tienen competencias propias en ámbitos como la vivienda, la asistencia social o la gestión de sus recursos públicos. En ese espacio es donde se sitúa la posible aplicación de criterios de arraigo. 

La clave jurídica es clara: estas medidas son viables siempre que no invadan competencias estatales ni alteren el régimen general de extranjería.

El núcleo del debate, en consecuencia, no está en el concepto en abstracto, sino en su concreción. Todo se juega en los umbrales. Cuántos años de residencia se exigen, qué peso tiene la cotización, qué grado de vinculación se considera suficiente. Un requisito desproporcionado puede ser contrario al ordenamiento; un requisito razonable puede ser perfectamente compatible con él. La diferencia entre una medida jurídicamente sostenible y una que no lo es reside, precisamente, en ese punto.

Conviene, además, despejar una confusión frecuente en el debate público. La Prioridad Nacional, en su formulación técnica, no implica la exclusión automática de nadie por su nacionalidad. No se trata de cerrar el acceso, sino de ordenar prioridades en recursos limitados mediante criterios objetivos. Aquí es importante distinguir entre conceptos que se han utilizado de forma imprecisa. 

La xenofobia es el rechazo al extranjero por el hecho de serlo. La Prioridad Nacional, tal como se ha planteado, no se basa en la nacionalidad, sino en el arraigo. De hecho, un extranjero con una trayectoria prolongada de residencia y cotización en España puede situarse, conforme a estos criterios, por delante de un ciudadano español sin vinculación previa con el territorio. Lo relevante no es el origen, sino la conexión efectiva con el sistema.

Tampoco puede sostenerse con rigor que este tipo de medidas supongan necesariamente un incremento inasumible de la burocracia. Los datos sobre residencia, cotización o situación familiar ya existen en los sistemas administrativos. No se trata de crear estructuras nuevas, sino de articular criterios sobre información disponible. La cuestión, por tanto, no es técnica, sino normativa.

No se trata del feminismo histórico que luchó por la igualdad ante la ley, por el acceso de las mujeres a la educación, al trabajo y a la vida pública. Ese feminismo fue necesario y justo y que nos representa a la gran mayoría de las mujeres. El problema surge cuando el feminismo se convierte en un discurso ideológico que abandona principios básicos de realidad y coherencia.

El feminismo institucional y de izquierdas guarda silencio ante la opresión real que sufren millones de mujeres bajo regímenes islamistas. Calla ante el velo obligatorio en países como Irán, donde las mujeres pueden ser perseguidas, detenidas o encarceladas por mostrar su cabello. Calla ante el burka o el niqab, símbolos de sometimiento que borran a la mujer del espacio público. Calla ante los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina o la segregación de mujeres y niñas. Y lo más grave: ignora esa opresión, en países democráticos como España, donde los políticos y representantes públicos llegan incluso a justificar o presentar el burka como una expresión de libertad desde el Gobierno del PSOE y sectores de la izquierda radical española.

Frente a ese silencio, muchas mujeres libres no callamos. Sabemos lo que significan la libertad, la igualdad ante la ley y la dignidad personal, y precisamente por eso denunciamos cualquier forma de sometimiento femenino, venga de donde venga.

Por otro lado, ese mismo feminismo promueve legislaciones y discursos que niegan la base biológica de aquello que dicen defender. Se ha llegado a sostener que ser mujer es simplemente un sentimiento y que cualquiera puede convertirse jurídicamente en mujer mediante una declaración administrativa ante un registro. Pero la realidad es mucho más simple: un hombre nunca será una mujer. Negar esta evidencia no amplía derechos; los debilita. Porque los derechos de las mujeres nacieron precisamente para proteger una realidad biológica y social concreta: el sexo femenino.

Cuando se elimina esa referencia y se sustituye por una categoría subjetiva basada en la identidad percibida, se vacía de contenido jurídico la protección que durante décadas se construyó para garantizar la igualdad y la seguridad de las mujeres.

La paradoja es evidente. Mientras se toleran o se silencian formas reales de opresión femenina en nombre del relativismo religioso islamista, se exige a nuestras sociedades que aceptemos ficciones jurídicas que diluyen la propia existencia de las mujeres como categoría protegida.

Ese doble discurso no es feminismo, es ideología y destrucción de los derechos de las mujeres.

Defender los derechos de las mujeres exige algo mucho más simple y mucho más difícil: coherencia. Coherencia para denunciar cualquier forma de opresión femenina, venga de donde venga. Coherencia para afirmar que la igualdad entre hombres y mujeres se basa en una realidad biológica y jurídica que no puede ser borrada por modas ideológicas.

Las mujeres no necesitamos un feminismo que oculte la opresión bajo un burka cultural ni uno que borre nuestra identidad bajo un burka ideológico.

Necesitamos libertad, igualdad ante la ley y valentía para defender la verdad. Y en esa defensa estamos muchas mujeres, en ella estaré siempre.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, conviene recordar que la política de archivos y la gestión de la documentación clasificada forman parte del núcleo de la responsabilidad institucional del Estado, en la medida en que afectan tanto a la seguridad jurídica como a la estabilidad del sistema constitucional y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La transparencia es un valor democrático indiscutible, pero no puede convertirse en un instrumento de manipulación política del pasado ni en una herramienta de reescritura interesada de episodios fundacionales del régimen constitucional vigente.

En primer lugar, esta iniciativa responde a las concesiones permanentes a los nacionalistas y a la extrema izquierda, a los que es necesario alimentar con nuevos relatos y con una revisión interesada del pasado para mantenerlos dentro del bloque de apoyo parlamentario. La reescritura del 23-F encaja en esa lógica de construcción de un discurso político funcional para quienes necesitan cuestionar los consensos de la Transición y el marco constitucional de 1978. No se trata aquí de promover una investigación histórica libre y rigurosa, sino de introducir un elemento más en la batalla política contra los pilares del sistema constitucional, utilizando el pasado como campo de confrontación ideológica y en relatos manipulados y adoctrinantes.

En segundo lugar, esta operación tiene como efecto —y en buena medida como propósito— dañar a las figuras e instituciones que simbolizan el consenso constitucional, desde responsables políticos (incluso de su propio partido) de la época hasta la propia arquitectura del Estado surgida de la Transición. La experiencia comparada muestra que la deslegitimación retrospectiva de los procesos de transición democrática suele ser un paso previo a la erosión de la confianza en las instituciones presentes. No se trata de esclarecer la historia con rigor metodológico y con respeto a las fuentes, sino de erosionar referencias, sembrar sospechas y alimentar una narrativa de desconfianza estructural hacia el sistema democrático español.

Y, en tercer lugar, la desclasificación se inserta en una estrategia más amplia de desestabilización de la Corona y del modelo constitucional, con el objetivo último de abrir el camino a un debate sobre la forma de Estado, introducir la idea de un referéndum sobre la República y mantener un clima permanente de confrontación y ruido político. Este tipo de dinámicas no son ajenas a otros procesos de polarización institucional en Europa y en América Latina, donde la revisión interesada del pasado reciente se ha utilizado como mecanismo para debilitar los equilibrios constitucionales y cuestionar la legitimidad de los marcos jurídicos vigentes.

Todo ello funciona, además, como una eficaz cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales del país y de la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Desde el punto de vista del Derecho constitucional, resulta especialmente preocupante que se utilice un episodio tan sensible como el 23-F no como objeto de estudio serio y desapasionado, sino como herramienta de lucha política. La Constitución de 1978 se asienta sobre un pacto histórico de reconciliación, integración y consenso, y la estabilidad del sistema depende en buena medida de la preservación de ese legado, sin perjuicio del análisis crítico y académico que toda etapa histórica merece.

Desde esta perspectiva, la iniciativa no responde a una voluntad sincera de transparencia institucional ni a un ejercicio de memoria histórica rigurosa, sino a un uso instrumental del pasado con fines políticos presentes. El 23-F, un episodio clave en la consolidación de la democracia española, es así convertido en munición partidista de la izquierda en lugar de ser tratado con el rigor, la prudencia y el respeto institucional que exige su relevancia histórica y constitucional.

Pero, ya sabemos que pare ellos, lo importante no es cerrar heridas, sino provocar la desangración del Sistema para mantenerse en el poder.

El riesgo no es teórico. Expertos han advertido que al menos 140 presas tienen comprometida su seguridad por falta de mantenimiento profundo, mientras la inversión real destinada a su conservación es muy inferior a la necesaria. Al mismo tiempo, los mismos movimientos ecologistas radicales que se oponen sistemáticamente a presas, encauzamientos y actuaciones en ríos y cauces miran después hacia otro lado cuando llegan las riadas, las inundaciones o episodios como la DANA, cuyas consecuencias pudieron haberse mitigado con una política hidráulica responsable.

España posee una de las redes de presas más densas del mundo, con más de 2.453 estructuras, muchas de las cuales superan con creces su vida útil. Más de 600 presas tienen más de cincuenta años y más de cien superan el siglo de antigüedad. Además, tres de cada cuatro carecen de planes de emergencia efectivos, lo que supone una grave vulneración del deber público de garantizar la seguridad.

A ello se suma una gestión pública negligente: la inversión anual necesaria para el mantenimiento debería situarse entre 400 y 500 millones de euros, pero en 2023 apenas se destinaron 16 millones. Este abandono no puede separarse de un modelo que prioriza el gasto ideológico y la propaganda sobre la conservación de infraestructuras críticas, en un país expuesto estructuralmente tanto a sequías como a lluvias torrenciales.

Los episodios recientes de inundaciones han demostrado la fragilidad del sistema. La combinación de lluvias extremas, cauces sin limpiar, falta de infraestructuras de regulación y presas envejecidas multiplica el riesgo de catástrofes evitables. La historia ya ha mostrado, con tragedias como Ribadelago, que estos fallos no son meras hipótesis.

Desde una perspectiva jurídica, la Administración tiene obligaciones claras: garantizar la seguridad, mantener adecuadamente las infraestructuras, implantar planes de emergencia y desarrollar una política hidráulica racional que incluya limpieza de cauces, modernización y nuevas obras de regulación. La inacción y el bloqueo ideológico no son simples errores de gestión, sino incumplimientos del deber de garantía, con posibles responsabilidades jurídicas.

La próxima tragedia no será un accidente fortuito. Será la consecuencia directa de años de abandono, de prioridades presupuestarias distorsionadas y del rechazo ideológico a las actuaciones preventivas. España debe actuar ya: invertir, modernizar, inspeccionar y planificar con rigor técnico. De lo contrario, el precio no se pagará solo en bienes materiales, sino en vidas humanas que el Estado está obligado a proteger.

El Dr. Barbacid no es un científico cualquiera. Formado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en 1982 identificó el primer oncogén de la historia y la primera mutación genética asociada al cáncer. Sus descubrimientos cambiaron para siempre la comprensión molecular de la enfermedad y abrieron la puerta a terapias dirigidas que hoy salvan miles de vidas cada año.

En 1998 regresó a España y fundó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). En menos de una década, el CNIO era un faro internacional de excelencia científica. España estaba a la cabeza del mundo en oncología. Pero llegó la política. Y la excelencia se perdió.

En 2011, Barbacid fue apartado de la dirección del CNIO. Desde entonces, el centro se vio atrapado en conflictos internos, acusaciones de mala gestión y una burocracia que sofocó la investigación de punta. No se trata de personas; se trata de un patrón estructural: en España, la ciencia molesta cuando no se somete al poder.

Mientras un científico capaz de salvar vidas pide 30 millones, el Estado español malgasta miles de millones en estructuras de “igualdad” sin resultados medibles, proyectos ideológicos opacos y organismos que sirven más a la propaganda que a la sociedad.

La investigación biomédica sobrevive por vocación, pasión y sacrificio personal. No hablamos de ideología. Hablamos de vidas humanas que podrían salvarse ahora.

Invertir en ciencia no es gasto, es inversión en vidas, es civilización y avance. Cada euro destinado a investigación médica salva vidas, reduce el gasto sanitario futuro, genera innovación, empleo y prestigio internacional. Ignorar a científicos como Mariano Barbacid no es solo irresponsable: es una decisión moralmente inaceptable.

España sigue produciendo investigadores de talla mundial que llenan de orgullo al mundo entero.

La pregunta incómoda pero necesaria es: ¿por qué aquí no se les escucha? Cuando un país prefiere financiar demagogias y adoctrinamientos antes que terapias que pueden curar el cáncer, el problema no es el dinero, es quién decide cómo se gasta. Y esa decisión dice mucho, y nada bueno, sobre el rumbo de nuestra sociedad.

Treinta millones de euros. Treinta millones de oportunidades de salvar vidas.
La pregunta es clara: ¿qué elegimos ser como país?

Los datos de intención de voto desagregados por sexo —procedentes del Ateneo del Dato y del Barómetro de El País / 40dB (período 15 de diciembre a 4 enero), con reestimación demoscópica— corroboran una realidad consistente: el voto femenino no solo pesa más en términos cuantitativos, sino que determina cualitativamente el funcionamiento del sistema democrático y las estrategias competitivas de los partidos.

Un dato estructural: sin el voto femenino no se gobierna España

Las series analizadas muestran un hecho político fundamental:

• Si solo votaran los hombres, el sistema se desplazaría hacia opciones más polarizadas y con menor dependencia del centro.

• Si solo votaran las mujeres, el sistema tendería a concentrarse en partidos de gobierno y a reducir la fragmentación.

En el escenario hipotético de voto exclusivo por sexo, los resultados serían los siguientes:

Solo votan hombres
PP: 28,8%
VOX: 26,5%
PSOE: 23,3%

Solo votan mujeres
PP: 35,2%
PSOE: 28,9%
VOX: 17,6%

La diferencia es sistémicamente relevante. El voto femenino no solo refuerza al primer partido, sino que reordena la jerarquía del sistema, penalizando a las fuerzas dependientes de la confrontación permanente y premiando a aquellas que proyectan gestión, solvencia institucional y estabilidad.

Desde el punto de vista electoral, ningún proyecto con aspiración real de gobierno puede prescindir del voto femenino. Sin él no existe mayoría parlamentaria viable ni legitimidad social suficiente.

Diferencias de comportamiento electoral entre hombres y mujeres

La comparación de datos evidencia una brecha consistente:

• Voto masculino: mayor concentración en opciones ideológicamente más polarizadas, con fuerte peso de VOX (26,5%) y el PP como primera fuerza (28,8%).

• Voto femenino: mayor concentración en partidos con vocación de gobierno (PP y PSOE) y menor inclinación hacia opciones situadas en los extremos.

Esta diferencia no responde a tópicos emocionalistas ni a lecturas culturalistas, sino a patrones racionales de evaluación de riesgos políticos, económicos e institucionales. Las mujeres presentan mayor sensibilidad hacia la estabilidad económica, la seguridad jurídica, los servicios públicos esenciales y la previsibilidad del ejercicio del poder.

El voto femenino como voto transversal: edad, clase y nivel educativo

El cruce de intención de voto por sexo, edad, clase social y nivel educativo revela una pauta consistente: el voto femenino actúa como factor de moderación del sistema.

1. Edad
En prácticamente todos los tramos el voto femenino distribuye preferencias entre PP y PSOE, mientras que VOX concentra sus máximos en el voto masculino joven y de mediana edad.
A partir de los 45 años —tramo más disciplinado electoralmente— el peso femenino se vuelve aún más decisivo.

2. Clase social
En clases medias y medias-altas, el voto femenino Se orienta hacia partidos institucionales, penaliza proyectos percibidos como disruptivos o imprevisibles. En clases bajas o de inferior formación no se observa radicalización femenina, sino menor volatilidad respecto al voto masculino.

3. Nivel educativo
Cuanto mayor es el nivel educativo, más se acentúa la preferencia femenina por marcos jurídicos estables, seguridad normativa y previsibilidad, elementos esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Un error persistente: tratar a las mujeres como “electorado ideológico”

Uno de los grandes errores de la política española reciente ha sido interpretar el voto femenino como un voto identitario susceptible de ser captado mediante consignas simbólicas o políticas discursivas. Los datos lo desmienten.

Las mujeres no votan en bloque, no lo hacen por victimismo simbólico ni por adhesión emocional. Votan con criterios de responsabilidad institucional, evaluando variables como: estabilidad económica,
protección jurídica, calidad de los servicios públicos, solvencia del liderazgo político.

Los enfoques que instrumentalizan a las mujeres desde esquemas sectarios terminan erosionando apoyos, especialmente en la izquierda radical. El voto femenino castiga la incoherencia, la improvisación y el uso ideológico de políticas públicas sensibles.

El voto femenino como árbitro en la derecha y en la izquierda

Los datos muestran un desplazamiento relevante en las tendencias electorales del voto femenino motivado por la pérdida de credibilidad de la izquierda y la distancia entre sus discursos y sus actuaciones.

En la derecha
• El PP solo alcanza hegemonía cuando consolida el voto femenino.
• VOX, sin un respaldo femenino suficiente, no puede aspirar a centralidad de gobierno. Parte de su desafío estratégico consiste en contrarrestar la caricatura mediática y comunicar de forma eficaz propuestas que sí resultan objetivamente favorables a la protección de los derechos de las mujeres.

En la izquierda
• El PSOE mantiene su competitividad gracias al voto femenino.
• La izquierda a su izquierda muestra menor capacidad de atracción femenina, especialmente en mayor edad y nivel educativo, debido a la confusión entre diversidad, feminismo y voto femenino: categorías que no coinciden empíricamente ni describen el comportamiento electoral real.

La fragmentación afecta más al voto masculino, mientras que el voto femenino tiende a concentrarse en opciones con capacidad efectiva de gobernar.

El voto femenino como columna vertebral del sistema democrático

Los datos son concluyentes: el voto femenino se ha convertido en el principal factor de estabilidad del sistema político español. 

Decide:

• Quién gobierna,
• Con quién se gobierna,
• Qué partidos son viables,
• Qué discursos colapsan,
• Qué proyectos sobreviven más allá de un ciclo.

Reducirlo a propaganda ideológica constituye una torpeza estratégica y una falta de respeto a la inteligencia política de la mitad del electorado.

Las elecciones en España no se ganan sin las mujeres y, sobre todo, España se gobierna gracias a ellas.

En países como el Reino Unido se han impuesto restricciones explícitas a los símbolos cristianos en colegios, edificios públicos y actos locales bajo la coartada de la “neutralidad” y la “inclusión”, mientras se acepta como normal que las celebraciones navideñas requieran controles policiales, cancelaciones preventivas o un blindaje permanente ante amenazas islamistas. La Navidad cristiana y humanista se prohíbe; la inseguridad y la radicalidad islamista de carácter totalitario se normalizan. Europa se autocensura para no incomodar a quienes desprecian su cultura, su historia y su civilización, pero la renuncia nunca es suficiente para quienes pretenden destruirlas.

Paralelamente, se ha impuesto un relato ideológico profundamente falso y corrosivo: el cristianismo es presentado como patriarcal, opresivo y culpable de los males históricos de Occidente, mientras el islam es blanqueado como una religión intrínsecamente liberadora y pacífica. Los hechos, los textos y la historia desmienten ese dogma. El cristianismo se expandió por la palabra, el Derecho —incluido el Derecho canónico como fundamento jurídico— y la cultura; el islam político, de raíz tribal y totalitaria, lo hizo por la imposición y la espada. No es una valoración personal: es historia. La sharía niega la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad religiosa y la separación entre poder político y fe. Negar esta realidad no es tolerancia: es socavar la democracia, la libertad y la convivencia.

Mientras Occidente se entretiene en debates identitarios o dirige su atención de forma selectiva hacia otros conflictos —Gaza o sus propias crisis internas—, los cristianos son perseguidos, asesinados y expulsados de sus tierras en amplias zonas de África y Oriente Medio. Sudán y Nigeria son solo ejemplos visibles de una persecución sistemática que afecta a millones de personas. No se trata únicamente de cifras o informes, sino de una realidad persistente: iglesias incendiadas, familias exterminadas, comunidades milenarias borradas por el mero hecho de profesar la fe cristiana. Y, sin embargo, el silencio internacional es ensordecedor.

En Sudán, imágenes satelitales divulgadas en octubre mostraron la magnitud del horror en El Fasher, capital de Darfur del Norte: más de 2.000 civiles ejecutados en pocos días. Entre ellos, numerosos cristianos y miembros de minorías no árabes, masacrados por milicias islamistas acusadas de crímenes de guerra y limpieza étnica. La guerra civil iniciada en 2023 entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha devastado comunidades enteras. Iglesias arrasadas, fosas comunes visibles desde el espacio y una minoría cristiana —apenas el 4 % de la población— sometida a la sharía, sin libertad religiosa ni asistencia humanitaria efectiva. Es un exterminio sistemático, silenciado por los dirigentes occidentales.

En Nigeria, el país más poblado de África, se libra otra guerra ignorada. En el norte y el centro, comunidades cristianas son objetivo directo de Boko Haram, de su filial ISWAP y de milicias fulani armadas. Más de 5.000 cristianos fueron asesinados el último año, según organizaciones de derechos humanos, mientras el gobierno nigeriano reduce la violencia a meros conflictos “agrarios” o “étnicos”. Aldeas enteras son arrasadas, sacerdotes secuestrados y templos incendiados de forma recurrente en Benue, Plateau o Kaduna. La advertencia del expresidente Donald Trump sobre una posible intervención si Nigeria no protege a sus cristianos reabrió una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo Occidente mirará hacia otro lado ante un genocidio?

La Unión Europea y los gobiernos occidentales han optado por la ambigüedad moral. Evitan nombrar al islamismo radical, maquillan la persecución religiosa bajo expresiones como “violencia intercomunitaria” y sacrifican la verdad por miedo, intereses económicos o pactos migratorios. Ese silencio ya no puede calificarse de neutralidad: es complicidad. Los mismos dirigentes que se proclaman defensores universales de los derechos humanos callan cuando los cristianos son asesinados por ejercer su libertad religiosa.

Conviene afirmarlo con claridad: los fanáticos no representan a todos los musulmanes. Muchos musulmanes moderados también son víctimas del terror islamista. Pero el problema no es el individuo, sino una ideología totalitaria que divide el mundo entre sometidos y enemigos. Esa lógica no se detiene en África: ya se proyecta sobre Europa, mientras las élites occidentales creen ingenuamente que la renuncia cultural, la autocensura y la humillación permanente comprarán seguridad.

Especialmente doloroso es el silencio del Vaticano y de su máximo representante, el Papa. La ausencia de una condena clara, firme y directa frente a la persecución de cristianos resulta incomprensible y desoladora. Si quienes representan espiritualmente a millones de fieles no defienden la vida, la fe y la libertad de esos fieles, su papel queda reducido al de una burocracia más, desconectada del sufrimiento real. Obispos africanos lo expresan con desesperación: sus comunidades son exterminadas mientras Roma habla de paz sin señalar a los verdugos. Esta desconexión genera desafección y abandono, del mismo modo que los ciudadanos se apartan de unos dirigentes políticos que ya no los representan.

El exterminio de cristianos fuera de Europa y la prohibición simbólica de la Navidad dentro de ella revelan una misma fractura moral. Mientras en unos lugares los cristianos mueren, en otros se les exige que se oculten, que callen y que renuncien a su identidad. Ese silencio no es tolerancia: es rendición.

No escribo como profeta, sino como jurista que observa la realidad con preocupación fundada. Una civilización que renuncia a sus raíces, a su fe y a su verdad se incapacita para defender la libertad, la dignidad y la vida. Occidente debe despertar y defender su civilización, o aceptar su desaparición.

El Congreso de los Diputados vuelve a demostrar hasta qué punto una parte del poder político ha renunciado a defender el Estado de derecho. Sumar y el PSOE impulsan ahora un subsidio público para presos recién excarcelados, una medida que pretenden maquillar como política social, pero que constituye un ataque frontal a la justicia, a las víctimas y a los ciudadanos que sostienen con sus impuestos un sistema cada día más degradado.

No estamos ante una cuestión técnica, es un asalto moral. Quienes vaciaron las cárceles con la Ley del “solo sí es sí” —que permitió rebajar condenas y excarcelar a agresores sexuales, violadores y depredadores de mujeres y menores— pretenden ahora premiar a esos mismos delincuentes con un subsidio financiado por quienes soportan las consecuencias de un Estado debilitado. La misma izquierda que negó la evidencia, que despreció a juristas y víctimas, que erosionó la credibilidad del sistema penal y que facilitó la salida de delincuentes peligrosos a nuestras calles es la que hoy impulsa esta iniciativa.

Mientras millones de españoles ven cómo la inflación hace casi inasumible la compra de productos básicos, mientras nuestros mayores apenas pueden acceder a fruta o pescado, mientras las familias sostienen una carga fiscal asfixiante, el Gobierno decide priorizar a los delincuentes antes que a los ciudadanos honrados. Esto no es justicia social, es abuso institucional, una burla a la ciudadanía y una desprotección intolerable hacia las víctimas.

El Estado tiene una obligación constitucional clara: proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Esta medida hace exactamente lo contrario: premia al infractor y envía un mensaje devastador: delinquir sale rentable y la sociedad paga la factura. En un país donde las víctimas —especialmente mujeres y menores— reclaman recursos, protección eficaz y un sistema que funcione, el Ejecutivo opta por financiar a quienes violaron a la ley.

¿Dónde están los medios de comunicación que deberían abrir los informativos con esta noticia? ¿Por qué se consiente que una medida de este calibre se tramite con sigilo, sin transparencia, evitando el debate público y limitando deliberadamente la visibilidad de quienes la denuncian? Esta opacidad es un síntoma gravísimo de la pérdida de calidad democrática. Una iniciativa así debería discutirse con luz y taquígrafos, permitiendo a todos los partidos explicar a los ciudadanos qué van a hacer y por qué. Esto no es ideología, es libertad, es transparencia, es la obligación democrática de informar a la sociedad.

Mientras formaciones como VOX alertan con claridad del atropello, la mayoría de los medios no les dan voz, porque le llaman radicales de extrema derecha. El Partido Popular, que sí dispone de espacio mediático, vuelve a refugiarse en declaraciones tibias, temeroso de parecer radical, y no denuncian con contundencia lo que constituye una burla democrática y un saqueo a los impuestos de los ciudadanos.

La realidad es evidente: la izquierda radical no representa a los ciudadanos; representa y protege a los delincuentes. Aprobar un subsidio dirigido a agresores sexuales, violadores, pederastas, ladrones, traficantes, yihadistas y corruptos quiebra el principio básico de justicia retributiva y sitúa al Estado en una posición moralmente inaceptable. La función del derecho penal es proteger a la sociedad, no financiar a quienes la dañaron. La política criminal del actual Gobierno ha sido una cadena de despropósitos: reducciones masivas de condenas, excarcelaciones, debilitamiento institucional y destrucción de los derechos de las mujeres y menores.

Este subsidio es el paso final de una deriva que ya ni siquiera intentan ocultar. España asiste a una devaluación consciente del Estado de derecho, promovida por quienes gobiernan con el apoyo de golpistas, terroristas y nacionalistas extremistas de izquierda, todos ellos dispuestos a triturar la arquitectura constitucional con tal de mantener el poder.

No callaré ante los ataques al Estado de derecho y a la democracia de mi país, España.

La sociedad española tiene derecho a saber quién agrede, de dónde procede y qué medidas se aplican para evitar que vuelva a hacerlo. La seguridad ciudadana (art. 104 CE), la información veraz (art. 20 CE) y la igualdad ante la ley (art. 14 CE) no son lemas electorales: son mandatos constitucionales, hoy vulnerados por omisión.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 fueron condenadas 491 personas por delitos de agresión sexual. De ellas, 267 eran españolas (54,38 %) y 224 extranjeras (45,62 %). Pero este último porcentaje debe ponerse en contexto con la población que representan los extranjeros en España: el 13,5 %. Entre estos, 93 procedían de países africanos, pese a que la población africana apenas supone el 2,4 % del total de residentes en el país. Los datos son demoledores, y el silencio político que lo rodea, inaceptable. Las cifras oficiales no mienten, aun siendo manipuladas en muchas ocasiones. Esta sobrerrepresentación exige respuestas, no excusas. Los gobiernos que ocultan datos están renunciando a proteger a sus ciudadanos, a las mujeres y a los menores.

Ante esta situación, y ante la inacción institucional, dentro de mi compromiso con España y en coherencia con el trabajo que vengo desarrollando en los últimos años, he presentado una propuesta legislativa ante los distintos grupos del Congreso para obligar al Estado a publicar y auditar los datos sobre la nacionalidad de los agresores sexuales condenados, veremos si es aceptada.

Lo resumo de forma esquemática para poder compartirlo en este artículo: El texto propone la creación de un Registro Público del que los investigadores y periodistas se nutran, dependiente del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, que publique cada año cifras verificadas, desglosadas por nacionalidad y tipo de delito. La transparencia no estigmatiza, protege.

El objetivo es conocer la realidad, evaluar las políticas migratorias y corregir los errores.
El ciudadano tiene derecho a saber y las mujeres tenemos el derecho a estar y sentirnos protegidas. El Estado tiene el deber de garantizar ambas cosas. 

La propuesta incluye medidas que cualquier país serio ya habría adoptado: Control exhaustivo de antecedentes penales al entrar en España y antes de conceder visados, residencias o nacionalidad. Expulsión inmediata de los condenados por delitos sexuales, conforme a la legislación vigente o con las modificaciones necesarias, y prohibición de entrada en territorio español durante un período mínimo de 10 a 20 años, según la gravedad del delito. Supervisión y cooperación judicial internacional para prevenir la reincidencia y reforzar la seguridad ciudadana.

Nada de esto vulnera derechos, al contrario, garantiza que los derechos de las víctimas estén por encima de la comodidad política. Negar la realidad envolviéndola en acusaciones de racismo es una traición institucional a los ciudadanos y, especialmente, a las mujeres.

La izquierda y los nacionalistas, cegados por la exaltación de lo que llaman “diversidad”, callan por cálculo ideológico. La derecha del PP calla por miedo mediático, por temor a ser acusada de racismo y por puro cálculo electoral. El planteamiento de Vox le suena a la gran parte de la sociedad como demasiado duro y no es escuchado.  Entre unos y otros, el silencio se convierte en norma, mientras las mujeres siguen desprotegidas. Quienes callan desde las instituciones no son neutrales: son cómplices.

España no puede seguir fingiendo que no pasa nada. Defender la transparencia no es racismo, es justicia. Pedir control no es intolerancia, es responsabilidad. Quien confunde la verdad con odio, niega los hechos. La censura estadística no defiende a nadie, solo oculta el fracaso de las políticas migratorias. La convivencia se construye con leyes firmes, datos claros y voluntad política, no con propaganda y demagogia política. 

Lo que en cualquier contexto se llamaría terrorismo de bárbaros, muchos lo maquillaron como “resistencia”. Por primera vez, la palabra de los terroristas fue aceptada como veraz en los medios internacionales y los gobernantes, otorgando credibilidad a quienes jamás la habían tenido ni representado legítimamente a un pueblo, el palestino, pero que de facto lo hacen con su aceptación.

Lo que debía haber sido una condena unánime se transformó en un debate ideologizado donde la verdad quedó rehén de la propaganda. Occidente olvidó la memoria del Holocausto. Europa, que juró “Nunca más”, no puede mirar hacia otro lado mientras resurgen los discursos de odio bajo una bandera que hoy no representa a un pueblo, sino a un grupo terrorista.

No hablamos de un conflicto político, sino de una agresión planificada contra un pueblo que tiene derecho a defenderse. Lo ocurrido después podrá debatirse, pero no puede negarse el origen ni los hechos del 7 de octubre.

El pueblo judío, una vez más, ha sido perseguido, demonizado y señalado por quienes instrumentalizan el dolor con fines ideológicos: la izquierda occidental y el islamismo radical de Hamás. Para los negacionistas y los cómplices silenciosos, la historia se repite. Mientras una parte del mundo libre aún lloraba a las víctimas, en plazas europeas, universidades, medios de comunicación y partidos de izquierda e islamistas surgían voces que justificaban lo injustificable.

Resulta inadmisible que dirigentes occidentales y medios de comunicación otorguen legitimidad a una organización terrorista que ha convertido a la población civil en escudo humano, construyendo túneles bajo hospitales y escuelas y desviando fondos internacionales para financiar su maquinaria de guerra, mientras su población muere de hambre y vive en la miseria. Resulta igualmente inadmisible que manipulen a la sociedad occidental y a nuestros hijos, promoviendo huelgas en centros escolares cuando la mayoría ni siquiera sabe ubicar Palestina en un mapa, movilizando a nuestros jóvenes en favor de uno de los grupos terroristas más despiadados del mundo.

Como defensora de los Derechos Humanos, afirmo sin ambigüedad que los crímenes de Hamás son crímenes atroces, como todos deberíamos reconocerlos. A quienes manipulan la información o silencian a las víctimas sólo cabe recordarles que la justicia comienza por la verdad. Los rehenes deben ser liberados, las víctimas honradas y los responsables juzgados. La bandera que muchos occidentales izan en su defensa no representa a un pueblo, sino a una organización fanática y terrorista que desprecia la vida y utiliza a su propia población. La prueba más clara de ello es que, en el acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos no se habla de Palestina e Israel, sino de Israel y Hamás.

Hoy, dos años después, la desinformación pretende reescribir la historia y borrar las pruebas del horror. Pero los hechos son innegables, y la memoria de las víctimas exige ser preservada frente a la manipulación y la cobardía moral.

Negar o relativizar las atrocidades de Hamás es indecente. La humanidad no puede permitirse olvidar, porque olvidar es repetir. Recordar es una obligación, callar una vergüenza cómplice.

Estamos, en realidad, ante un despropósito jurídico y mental que confirma lo que he venido advirtiendo en mis publicaciones: la Ley Trans no es un avance en derechos, sino un dispositivo destructor que vulnera a las mujeres y expone a la infancia a situaciones inadmisibles, esencia de las políticas woke, que pretenden convencernos de que la normalidad es la anormalidad biológica, sexual y hasta educativa de nuestros hijos.

En mi artículo “El PSOE veta a una experta en violencia contra las mujeres por sus críticas a la Ley Trans” señalé cómo en España los partidos de izquierda, extrema izquierda y el PP me silenciaron por alzar la voz contra esta norma, censurando mi intervención en el Congreso en el Pacto contra la violencia sobre mujeres y menores. 

En una entrevista, El sexo no es mutable”, y en muchas de mis declaraciones he advertido que la autodeterminación de género basada en la mera voluntad erosiona la arquitectura jurídica de protección de las mujeres y genera efectos devastadores en la aplicación de la Ley de Violencia de Género y en los derechos de mujeres y menores. 

Y en mi análisis sobre “Las implicaciones legales y sociales del registro de cambio de sexo” mostré cómo el sistema permite, a través de un coladero registral, que los agresores intenten diluir responsabilidades, afectando directamente a víctimas de violencia machista.

Además, todas las leyes de igualdad y protección a las mujeres decaen porque, al eliminar el concepto de sexo y hacer que estas normas dejen de basarse en el hecho inherente de ser mujeres, pierden su sentido y eficacia.

El caso del campamento refleja la degradación a la que se llega cuando el legislador sustituye la realidad biológica por la ficción identitaria. La protección de la infancia (art. 39 CE) y el derecho a la intimidad (art. 18 CE) quedan supeditados a un experimento político que no reconoce límites ni salvaguardas y destruye las infancias de manera irreversible, en edades donde la indefinición y la confusión sexual y personal son propias de la infancia y la adolescencia. 

La exclusión de los padres de la vida de sus hijos constituye una vulneración del legítimo derecho a ejercer la patria potestad.

No es inclusión, es desprotección. Se está obligando a menores a compartir espacios íntimos sin consideración a su edad, madurez psicológica o consentimiento familiar. Se está vulnerando la confianza básica que las familias depositan en instituciones educativas y de ocio.

No basta con la crítica: urge la acción. Por ello, como ya he anunciado en otras ocasiones, este otoño presentaré una propuesta de modificación legislativa a los partidos que me quieran recibir en el Congreso para revertir esta deriva. La reforma debe:

1. Suprimir la autodeterminación de género sin garantías objetivas.
2. Establecer requisitos médicos y psicológicos serios para cualquier cambio registral.
3. Blindar la protección de mujeres y menores frente a fraudes procesales.
4. Prohibir expresamente prácticas que pongan en riesgo la intimidad y dignidad de los menores en espacios educativos o recreativos.
5. Recuperar totalmente el ejercicio de la patria potestad en este ámbito, usurpado por la actual norma.

La política woke ha fabricado una ficción legal que destruye derechos reales. La Ley Trans, lejos de ampliar libertades, las ha recortado para quienes más protección necesitan: mujeres víctimas de violencia y menores.

El campamento vasco ha mostrado el coste de este delirio. Ahora toca recuperar la cordura legislativa. Y mi compromiso es claro: llevaré al Congreso la voz de la razón jurídica para restituir la verdad, la dignidad y los derechos de quienes hoy están siendo silenciados. En esta lucha también me encontrarán, para mejorar el país en el que vivimos.

En España, más de 4.000 mujeres llevan pulsera antimaltrato en la actualidad y, desde su implantación en 2009, se han gestionado más de 12.000 dispositivos. Sin embargo, la supuesta red de seguridad tecnológica se ha resquebrajado: la Fiscalía reconoció fallos técnicos en la migración de datos entre empresas en 2024 que provocaron la pérdida de información clave sobre órdenes de alejamiento. A ello se suman problemas críticos: geolocalizaciones imprecisas, congelamientos del sistema, alarmas sin respuesta y manipulaciones por parte de los agresores que pasaron inadvertidas.

Las consecuencias han sido graves. Jueces de violencia de género alertaron de que se había confiado “ciegamente en un dispositivo que no funciona”, y juzgados como el de Vigo han evitado imponer esta medida ante las incidencias reiteradas. Algunas víctimas, viendo que la pulsera no ofrecía protección real, llegaron a devolverla a la Guardia Civil. Se han documentado casos de mujeres que sufrieron agresiones justo cuando el dispositivo dejó de emitir señal, o que vieron cómo el agresor se acercaba a su domicilio sin que saltara ninguna alerta. Incluso se investiga el caso de una mujer asesinada que dependía de este dispositivo para protegerse.

Las quejas no eran desconocidas. Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, acusó directamente a la ministra de Igualdad de mentir: “Les enviamos durante meses todas las quejas que había respecto a las pulseras”. Es decir, las autoridades fueron advertidas de manera sistemática, pero optaron por negar o minimizar los fallos.

El Ministerio de Igualdad calificó las incidencias de “puntuales” y aseguró que los protocolos de emergencia funcionaron siempre. La Fiscalía insistió en que las víctimas “estuvieron protegidas en todo momento”. Los hechos y las absoluciones judiciales derivadas del caos tecnológico desmienten esa versión.

Las empresas adjudicatarias, Vodafone y Securitas, no han sido sancionadas ni sometidas a auditorías independientes. El Gobierno rechazó abrir expedientes sancionadores alegando la complejidad técnica del servicio. Miles de mujeres han visto cómo su seguridad se reducía a un contrato fallido y a un discurso oficial vacío. Mientras tanto, el Congreso reprobó a la ministra de Igualdad por su gestión, pero no se han asumido consecuencias políticas.

No estamos ante un error técnico, sino ante una traición institucional. Se sabía, se advirtió y se ocultó. Como ocurrió con la llamada “ley del solo sí es sí”, que abrió la puerta a la excarcelación de agresores sexuales por una norma redactada sin rigor jurídico ni sensatez política, pero con abundante demagogia. En este caso, también las decisiones políticas adoptadas por la anterior titular, Irene Montero —probablemente la peor ministra que haya conocido esta democracia en materia de igualdad—, se mantuvo sin cambios bajo la actual responsable Ana Redondo, cuyo error ha sido conocer, ocultar y mentir.

La vida de las mujeres no puede seguir “de oferta”. Exigir la dimisión de quienes, por acción u omisión, han permitido que la seguridad de las víctimas se degrade no es una consigna: es una obligación democrática. Pero España es un país donde nadie dimite y la dignidad política esta prostituida.

Los menores ucranianos han llegado en el marco de una guerra internacional reconocida, protegidos por el derecho internacional humanitario, con vínculos familiares claros y con la expectativa de un retorno seguro a su país una vez superado el conflicto. Su estancia en España es temporal y su identidad cultural y social es plenamente compatible con los valores democráticos españoles y europeos.

Por el contrario, la situación de los MENAS responde, en numerosos casos, a dinámicas migratorias de carácter estructural, donde intervienen mafias, abandono familiar o decisiones unilaterales de envío forzoso por parte de sus progenitores. Se trata de menores que, frecuentemente, llegan sin documentación fiable, sin referentes familiares claros y sin expectativas de retorno. Su permanencia implica una integración social, educativa y jurídica compleja, que en muchos casos fracasa por la incompatibilidad entre determinados patrones culturales y los principios del Estado democrático de derecho. Y, un enorme gasto para las arcas del Estado que no ha sido consultado a sus ciudadanos y que, en un porcentaje elevadísimo, no aprueban.

Equiparar la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) con la de los refugiados de guerra resulta jurídicamente insostenible y constituye una trivialización del sufrimiento que enfrentan quienes huyen de conflictos armados reconocidos por el derecho internacional humanitario. Asimismo, la descalificación sistemática de las críticas ciudadanas dirigidas a la gestión de los MENAS —incluidas aquellas que aluden a problemas de seguridad, conflictos en los centros de acogida y deficiencias en los procesos de integración— mediante la imputación automática de actitudes “racistas” o “islamófobas”, puede configurar una restricción ilegítima al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, resulta relevante señalar que los flujos migratorios procedentes de Ucrania se han caracterizado, en su mayoría, por la llegada de mujeres, niños, niñas y personas de edad avanzada. En contraste, el perfil predominante entre los denominados MENAS corresponde a varones jóvenes, en muchos casos con edades que suscitan dudas sobre su minoría de edad. Esta disparidad plantea interrogantes legítimos sobre los criterios de protección aplicados y la necesidad de mecanismos eficaces de verificación de edad, en aras de garantizar tanto la seguridad jurídica como la adecuada asignación de recursos asistenciales.

Cuestionar políticas públicas, denunciar situaciones problemáticas o exigir cambios legislativos no constituye, en modo alguno, un discurso de odio. Se trata de una legítima reacción social frente a una política migratoria que no ha sabido proteger ni a los menores ni a la ciudadanía, y que ha generado un coste económico, social y cultural insostenible.

El artículo 510 del Código Penal castiga el delito de odio cuando hay incitación directa a la violencia o discriminación contra un grupo por razones de raza, religión o ideología. Pero criticar políticas migratorias, denunciar el impacto de determinados colectivos en la convivencia o exigir cambios legislativos no se encuadra en ese tipo penal. El Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la libertad de expresión incluye opiniones impopulares, incómodas o incluso molestas.

No se puede criminalizar a vecinos que denuncian situaciones de inseguridad, ni tachar de xenófobos a quienes reclaman controles más estrictos o políticas de devolución inmediata. El Estado tiene el deber de proteger a los menores, pero también a la población general, y no lo está llevando a cabo en este momento. Este equilibrio hoy no se garantiza.

La protección de la infancia es una obligación jurídica, pero también lo es la defensa de la convivencia democrática, la seguridad ciudadana y el respeto al orden legal. La falta de una política coherente en materia de MENAS está generando una profunda frustración social, y silenciar ese malestar con etiquetas descalificadoras solo agrava la fractura entre ciudadanía e instituciones.

En definitiva, los niños ucranianos y los MENAS responden a realidades distintas, y equipararlos desde la política solo evidencia desconocimiento o una preocupante intención de manipulación ideológica. 

España necesita soluciones realistas y valientes, que respeten el derecho y preserven la cohesión social, protejan nuestra sociedad y democracia. O acabarán provocándose levantamientos sociales de ciudadanos hartos de una situación insostenible.

Cuando dicha influencia alcanza una masa crítica dentro de un territorio, tiende a generar espacios donde las leyes democráticas son desplazadas, de facto, por normas confesionales. Esto produce auténticos enclaves de excepcionalidad jurídica, donde derechos fundamentales como la igualdad entre mujeres y hombres, la libertad sexual o la libertad de conciencia no solo dejan de estar protegidos, sino que pueden ser activamente perseguidos o anulados.

Este fenómeno genera un conflicto normativo real: el choque de derechos en el seno de los Estados constitucionales. La secularización no destruye identidades, las emancipa. Cuando una confesión religiosa se niega a aceptar la separación entre lo espiritual y lo jurídico, su presencia deja de ser un desafío cultural para convertirse en un problema político y jurídico de primer orden, esto ocurre con el islam.

En este contexto, se impone un interrogante ineludible: ¿Debe un Estado liberal aplicar idéntico trato a confesiones que respetan las reglas del sistema democrático y a doctrinas que, por su propia naturaleza, aspiran a subvertirlas y sustituirlas? Eludir esta pregunta por razones de corrección política no resuelve el dilema; lo posterga hasta que el conflicto estalle de forma irreversible, con consecuencias devastadoras para el orden democrático y las libertades públicas.

España no es ajena a esta realidad. El proceso de islamización de ciertos entornos urbanos avanza con rapidez, alentado por una inmigración masiva y una política de integración fallida. La negativa a adaptarse a los valores constitucionales se manifiesta en la exigencia de derechos sin correlato de deberes: acceso a servicios públicos, uso del espacio común para prácticas religiosas, ayudas sociales, entre otros, sin asumir obligaciones básicas como el respeto al ordenamiento jurídico, la igualdad entre los sexos o la laicidad del Estado.

Esta actitud no puede ser calificada de “diversidad cultural” o “inclusión religiosa”. Se trata de una estrategia de sustitución normativa que, en la práctica, busca imponer un régimen legal alternativo basado en preceptos incompatibles con los principios democráticos. Entre las prácticas documentadas se encuentran el matrimonio infantil, la sumisión legal de la mujer al varón, la persecución de personas homosexuales, la tortura animal ritualizada, la segregación por sexo en el espacio público, y los castigos extrajudiciales por adulterio o apostasía. Estos hechos no son excepciones, sino expresiones sistemáticas de una concepción religiosa que rechaza frontalmente el pluralismo democrático.

No se trata de una advertencia alarmista ni de una postura racista. La existencia de zonas de excepción, donde imperan normas religiosas por encima de las leyes estatales, está ampliamente documentada en informes oficiales y estudios académicos sobre la situación de barrios y suburbios en Francia, Bélgica, Alemania o Suecia. En estos lugares, la convivencia está rota, la legalidad suspendida y la autoridad del Estado debilitada.

Este debate resulta incómodo para muchos partidos políticos -particularmente para la izquierda, los nacionalismos identitarios y una derecha paralizada por el complejo-, pero es un debate inaplazable. La cuestión no es si hablar de ello es políticamente correcto, sino si es imprescindible para preservar nuestro sistema constitucional. Y lo es.

Tolerar la intolerancia no es un acto de pluralismo: es una forma de suicidio institucional y democrático. Una democracia que se define por la libertad, la igualdad y la dignidad humana no puede consentir la destrucción de su propia arquitectura normativa y civilización.

La defensa del modelo constitucional exige valor político, claridad argumentativa y firmeza jurídica. Sin ello, la democracia estará condenada a ceder terreno frente a un credo absolutista y antagónico que no busca convivir, sino prevalecer y destruir la civilización que pario la democracia.

1. La desnaturalización del sexo en el Derecho, a través de legislaciones como la Ley Trans española, que permite la modificación registral del sexo sin requisitos objetivos ni garantías jurídicas, con consecuencias adversas para la seguridad jurídica, la igualdad real de las mujeres y la protección de la infancia. Esta normativa desestructura los sistemas de tutela frente a la violencia machista y crea vacíos legales en ámbitos tan sensibles como el deporte, los espacios seguros o la estadística pública. 

2. El avance de determinadas formas de islamización radical y la aplicación encubierta de la sharía, que bajo el pretexto de la “diversidad cultural” imponen a niñas y mujeres prácticas regresivas como el uso del hiyab o del burka —auténticas “cárceles de tela”—. Estas costumbres no son expresiones legítimas de la libertad religiosa, sino formas de violencia simbólica y estructural que vulneran la libertad, la igualdad y la dignidad humana, derechos reconocidos en la Constitución Española (arts. 10, 14, 27) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 1, 3, 4, 21 y 23).

3. El debilitamiento progresivo de la familia y la patria potestad, como parte de una ingeniería social que pretende sustituir la autoridad educativa de los progenitores por una tutela estatal de corte ideológico. Este proceso no solo erosiona los derechos inherentes a la patria potestad de los progenitores, sino que compromete directamente el interés superior del menor, al instrumentalizarlo como objeto de experimentación normativa pese a su falta de madurez y discernimiento. El hecho de que se penalice con prisión a los progenitores por ejercer su deber de velar por la salud y el bienestar futuro de sus hijos, en el marco de la legislación conocida como “ley Trans”, no constituye únicamente una aberración jurídica más. Se trata, además, de una vulneración flagrante del derecho a ejercer la patria potestad, así como del deber fundamental de proteger a los hijos menores de edad. Asimismo, se promueve de forma implícita la idea de que los menores pertenecen al Estado, rompiendo así el vínculo natural y jurídico de tutela que corresponde a los padres, quienes tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y éticas. Esta intromisión estatal supone una usurpación de funciones parentales, orientada a desarticular los valores y principios fundacionales de la familia. A ello se suma una manipulación del sistema educativo, que deja de ser un espacio de conocimiento, esfuerzo y mérito para convertirse en una herramienta de adoctrinamiento ideológico.

Desde una perspectiva jurídica crítica, esta ponencia defiende la necesidad urgente de preservar un lenguaje jurídico riguroso, fundado en la realidad antropológica del ser humano. Solo así puede garantizarse que los derechos fundamentales no sean reinterpretados desde lógicas ideológicas que subordinan a la persona a proyectos de reingeniería cultural. Esta defensa no es reaccionaria, sino garantista: preservar el principio de legalidad, la neutralidad del Estado, la dignidad de la persona y la igualdad real requiere enfrentar con firmeza toda normativa o doctrina que niegue los límites biológicos, que ponga en riesgo la salud física y mental y, borre las diferencias sexuales o imponga visiones regresivas de la mujer bajo el manto de la tolerancia mal entendida.