La verdad es que poco sorprende ya la oleada de acusaciones de agresión sexual por parte de un sector de la cúpula de Podemos. Lo que a muchos seguro que les cuesta, es digerir la actitud y las declaraciones de representantes de la formación política como Ione Belarra e Irene Montero.
La cosa trae cola y, lo más grave, es que ni siquiera es una novedad. Aquí queda claro que el huevo fue antes que la gallina. De ese modo, hace ya tiempo que en la formación morada se conocían las andanzas de Errejón y Monedero.
La larga sombra de Iñigo Errejón se proyecta desde mucho antes del año 2024 con la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá; de hecho, hay constancia de que se extiende desde por lo menos el 2015, según la denuncia de la televisiva Aída Nízar, y que fue archivada por prescripción del delito denunciado. Sin embargo, la periodista Cristina Fallarás se hizo eco de toda una serie de acusaciones anónimas que señalaban que Errejón utilizaba su posición para infligir sexo violento a sus víctimas, retrocediendo hasta el año 2014.
Pero lo lamentable circula en dos direcciones. Lo primero es que en octubre de 2024 Iñigo Errejón se manifestó en público para anunciar su dimisión, luego de admitir su “comportamiento tóxico” hacia las mujeres. Lo segundo es el silencio sepulcral que desde Podemos se mantuvo durante todos estos años.
Al parecer, el otro galán de pacotilla es Juan Carlos Monedero, a quien la propia universidad donde ejerce como docente ya le había abierto una investigación por la sospecha de ser un depredador sexual, hechos que desde 2023 ya eran conocidos dentro de Podemos y, en particular, por Ione Belarra, quien se deshace en elogios hacia él pese a estar, cara a la galería, apartado de la formación morada, aunque siga moviendo los hilos desde la sombra.
Belarra excusa su ocultación culposa en que no se hizo público para preservar la seguridad de las víctimas. ¡Pero cómo! ¿Acaso no tendrían mayor garantía que con la protección de la Justicia, como establece esa Ley del sí es sí que, siendo ambas ministras, ella y su amiga Irene Montero cocinaron contra todo y contra todos?
¿Cómo se puede llegar a tal punto de cinismo, y cómo puede mantener Irene Montero un sepulcral silencio cómplice, cuando no dudó en atizar a Yenni Hermoso contra Luis Rubiales, dejándola sin la protección que ahora invocan para las víctimas de sus colegas Errejón y Monedero?
La respuesta es sencilla, y se lee entre líneas en la sentencia a Luis Rubiales, quien no tuvo ningún trato con el resto de las futbolistas y que, a juzgar por la sonrisa de la jugadora en el momento de los hechos, contradice lo que acabó en una denuncia por la presión mediática ejercida por Irene Montero. Una sentencia que casi es en zapatillas de andar por casa y que, a falta de pena de prisión, deja entrever que, ante lo controvertido de la demanda, la Justicia cumplió aun teniendo dificultades para establecer una pena en todo su recorrido.
¿Que a qué viene lo de la sentencia de Rubiales? Pues a que, sumado al archivo de la denuncia de Nízar, abre camino para que Errejón salga tan ancho por la puerta trasera de los juzgados sin que nadie le tosa. Tal de lo mismo que con Monedero, siempre protegido por sus amigas Montero, Belarra y otros por el estilo, que van dejando un rastro que incluye al candidato al Senado, Salvador Salvatierra Toro, en 2017, por pornografía infantil; Casiano Antonio Hernández, concejal de Becerril de la Sierra, por abusos sexuales a una menor; Pablo Soto, concejal de Madrid, por acoso a una militante de Podemos, y el rosario suma y sigue.
Y es que en este país la izquierda tiene clara su impunidad, desde Largo Caballero, a quien sentenciaron pero nunca obligaron a cumplir su condena por dar un golpe de Estado contra la República, a los más recientes, Chaves y Griñán, indultados tras ser sentenciados por el mayor caso de malversación de caudales públicos jamás cometido en España. El único que no se escaqueó, aunque de aquella manera, fue el exministro José Barrionuevo, condenado en 1988 por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey, participación en el terrorismo de Estado de los GAL y malversación de caudales públicos, quien, pese a la ridícula condena de 10 años, entre la suspensión provisional y el indulto, redujo su estancia a tres meses de cárcel. Y es que en España la moral se aplica según quién delinca.
