Hoy quiero hablar de la juventud y de su futuro, ya que se trata de un tema capital cuyas perspectivas no son halagüeñas.
Una juventud con un incierto futuro, muchos en desempleo y otros trabajando y llegando mal a fin de mes, es algo que no es propio de un país avanzado de la UE. La realidad es que hemos dejado de ser tal cosa a lo largo de los últimos quince años. Hemos pasado de estar en el top 10 mundial del PIB a la posición 14ª. En cuanto al PIB per cápita estamos en un pésimo 38º lugar.
No solamente es esto una tragedia humana y fuente de enorme infelicidad, es el certificado de que nuestra querida España no tiene futuro entre las naciones prósperas y libres, ya que en estas condiciones los jóvenes no pueden tener hijos. Sin hijos no son viables ni la economía, ni las pensiones, ni el propio país.
Para muestra un botón: según la fundación BBVA “la precariedad laboral es uno de los principales problemas que afronta la juventud ya que se traduce en menores ingresos debido a las bajas tasas de ocupación y de salarios lo cual retrasa la emancipación y la natalidad”.
Datos:
- el 25% de los jóvenes trabaja a tiempo parcial, 12 puntos más que el conjunto de la población.
- los salarios son un 35% inferiores a la media.
- su peso en la población parada es el doble que en la ocupada.
- el 53% no llegan bien a final de mes.
- la juventud emancipada gasta el 50% de sus ingresos en el alojamiento, siendo el 30% el máximo recomendable.
- el colectivo entre 16 y 29 años representa el 15% de la población, 9 puntos porcentuales menos que en 1995 mientras que ¡el peso de los mayores de 65 es del 20%!
Y sin embargo todo esto sucede cuando el número de jóvenes con estudios superiores es cuatro veces mayor que en 1980. ¿Cómo es esto posible?
Desde mi punto de vista hay varias causas. Voy a tratar de enumerar algunas.
A) En primer lugar hay que mencionar el corsé que padece la economía por un exceso de regulaciones e impuestos. Las últimas dos décadas han visto cómo la política socialdemócrata ha dejado de ser moderada dando paso a un intervencionismo y estatismo asfixiantes. Esto, combinado con una excesiva presión fiscal, hace que la economía crezca muy por debajo de su potencial generando así un elevado desempleo, sueldos bajos y escaso o nulo crecimiento de la productividad.
B) La segunda causa es la excesiva expansión del sector público y del gasto corriente asociado. Esto drena recursos necesarios para la inversión tanto pública como privada. Sustituir inversión por gasto público corriente financiado con elevados impuestos y deuda pública es una receta segura para la decadencia y la pobreza. El empleo público debe ser el menor posible pero suficiente para poder estructurar las diferentes AAPP y sus servicios principales. Esta expansión sin fin del gasto público se ha hecho por cálculo electoral y clientelar, pero también por una errónea visión estatista y antimercado de la sociedad.
Es destacable que a finales de 2023, el empleo público representaba en España el 17,5% de las personas ocupadas del país. En línea con la media de la OCDE pero muy por encima del 15% de 2018. En Alemania este dato es el 10,6%, en Suiza es el 10,2%, mientras que en Portugal es el 14% y en Italia el 13%. Es obvio que no podemos aspirar a niveles como los de Alemania pero sí a la situación de Portugal o Italia. Ese debería ser un modesto objetivo para nuestro país. El problema se llama P. Sánchez pues bajo su mandato, en vez de reducir el peso de las plantillas públicas desde el 15% al 13 o 14% (recortándolas o aumentando la población ocupada), se han contratado 417.000 personas adicionales. La mayor parte de este empleo es innecesario pues en 2019 nuestro estado del bienestar ya estaba bien estructurado y dotado. Las contrataciones necesarias para cubrir el déficit que puede haber en algunas áreas se debe compensar amortizando los excesos que hay en las administraciones paralelas del estado, de las CCAA y de los grandes ayuntamientos. Hay muchas docenas de miles de empleos innecesarios en fundaciones, empresas públicas, entes públicos y organismos públicos.
Esto ha generado un enorme y recurrente déficit público así como una montaña de deuda. Si a esto le sumamos la disparatada política seguida en el tema de las pensiones, es fácil ver que la combinación de una deuda que roza el 120% del PIB y unas obligaciones en materia de pensiones que exceden 5 veces el PIB son un lastre enorme para la economía española, para el empleo y la renta.
C) La tercera causa está vinculada con el capital humano. No es la primera vez que digo que el principal vector de crecimiento es la calidad y capacitación del capital humano. Hace poco comentaba el pésimo papel de nuestros estudiantes en el programa PISA de la OCDE. Hoy en día tenemos cada vez más jóvenes con educación superior y sin embargo una gran parte de ellos está en el paro y otra es pobre aún trabajando. Esto se explica por lo comentado en los dos apartados anteriores pero también por el fracaso de las política educativa de los últimos 20 años.
Actualmente la cultura general de muchos jóvenes es insuficiente y su capacidad de análisis y comprensión así como su manejo de otros idiomas es pobre. La tasa de abandono escolar es inaceptable y condena a esos jóvenes a la pobreza. La mayoría de nuestras universidades están hundidas en el ranking internacional y la formación práctica deja mucho que desear. Una cosa es que haya muchos licenciados y otra es que estén bien preparados.
Si bajamos el nivel, si reducimos la exigencia, si “abaratamos” el título, los funcionarios de educación y su ministro quedan muy bien en la foto, y cobran bonus!, pero los nuevos licenciados son difícilmente empleables. Y desde luego la mayoría no están formados para acceder a esas docenas, ciento de miles de ofertas de empleo de alta cualificación que quedan sin cubrir todos los años. Se impone revisar las políticas educativas en la línea de los países más exitosos. En Suiza, Escandinavia, Alemania, China o India, las escuelas y universidades exigen esfuerzo y resultados. “Abaratar” los títulos es hacer un flaco favor a los jóvenes.
D) La cuarta causa tiene que ver con la excesiva presión fiscal y la política de vivienda. La presión fiscal que soporta la juventud es excesiva, menguando unos ingresos que de por sí ya son modestos. La cuña fiscal (diferencia entre sueldo neto y sueldo bruto más cotizaciones) que soportan los sueldos es demasiado elevada en la mayor parte de los tramos del IRPF. El IVA también penaliza en exceso el consumo de las rentas bajas y medias. Las rentas bajas y medias deberían soportar un IVA reducido.
En materia fiscal se puede hacer mucho y hay margen pues se puede reducir bastante el gasto público sin recortar los servicios. Esto sin contar que cuando, partiendo de una elevada presión fiscal, se moderan los impuestos, generalmente la recaudación aumenta en el medio plazo debido a la mayor actividad económica.
Esto entronca con la política de vivienda. La mayor parte de los jóvenes que se emancipan lo hacen muy tarde y destinan el 50% de sus ingresos a la vivienda. Esto es excesivo e impide el desarrollo de una vida plena así como la formación de hogares con hijos.
En vez de perseguir y castigar al propietario que alquila, con pésimos resultados como en Berlín o Barcelona, se le debe proteger e incentivar para que aumente la inversión privada en vivienda de alquiler. La pública, tan escasa, también debe incrementarse notablemente, pues una mayor oferta abaratará los precios.
La persecución, la hiperregulación contrae la oferta y esto hace que aumenten los precios. Los precios suben lo quiera o no el gobierno, si no es de forma directa, lo hacen indirectamente. No solamente esto, esta política contrae la oferta dificultando el acceso a la vivienda. El resultado por lo tanto es el contrario al deseado.
En materia de impuestos, me parece abusivo que los ciudadanos y especialmente los jóvenes paguen un 10% de IVA en la compra de vivienda habitual. Tampoco es aceptable que el proceso de desarrollo y construcción lleve aparejado otro 10% de impuestos. Esta enorme presión fiscal sobre un bien que es la mayor compra que se acomete a lo largo de la vida es muy dañina y contribuye a expulsar a los jóvenes del mercado de vivienda en propiedad.
Hay que mencionar también que el exceso de regulaciones y de burocracia afectan negativamente al mercado del suelo ya que estrangulan la oferta, alargan los tiempos en demasía y encarecen notablemente el precio del suelo finalista.
Tanto en el mercado del suelo, como en el del alquiler y el de la vivienda nueva, es necesaria una desregulación sensata, menos burocracia, plazos más cortos e incentivos a la inversión. Esto tendría un impacto favorable en la oferta y por lo tanto en los precios.
Tanto en materia fiscal como en política de vivienda se puede hacer mucho, pero me temo que en sentido contrario de lo que se está haciendo actualmente.
En conclusión, debemos cambiar lo que no funciona y además genera frutos amargos. Si se aplicaran políticas basadas en los criterios mencionados en los cuatro apartados anteriores, combinadas con una acción decidida sobre las palancas de la productividad y una adecuada reforma de las pensiones, el fruto sería una economía creciendo a un nivel cercano al de su potencial.
De hacerse así, el desempleo se reduciría al menos a la mitad del nivel actual, la renta disponible media (y la mediana también) sería mayor, el déficit de la SS se reduciría en gran medida, la recaudación fiscal aumentaría pasados los primeros 12 a 15 meses y como consecuencia de esto el endeudamiento público volvería de nuevo a una senda sostenible.
Por último, en el medio plazo el acceso a la vivienda sería menos costoso para muchos, entre ellos los jóvenes, no solo por la reducción del desempleo, sino por la mayor renta disponible y los mejores precios de la vivienda gracias a una oferta crecida.
En la segunda parte de este artículo veremos los factores sobre los que hay que actuar para tratar de aumentar la productividad y las últimas causas que explican la difícil situación a la que se enfrentan los jóvenes.
