El Gobierno central mantiene firme su voluntad de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, a pesar de las crecientes dificultades para reunir los apoyos parlamentarios necesarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que no se contempla una tercera prórroga consecutiva de las cuentas públicas, y que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto que pueda superar el trámite parlamentario.
Sin embargo, la realidad política pone en duda esa posibilidad. ERC, socio clave de la investidura, ha condicionado su apoyo a avances concretos en materia de autogobierno y financiación para Cataluña, en línea con sus demandas independentistas. “Sánchez tendrá presupuestos y legislatura si cumple con Cataluña”, ha advertido el portavoz republicano, Gabriel Rufián.
Rechazos anticipados desde Junts y Podemos
La negativa de Junts y Podemos, ya adelantada en semanas previas, complica aún más la situación. Junts mantiene su exigencia de incluir medidas de “resolución política del conflicto catalán” y rechaza cualquier negociación que no contemple un referéndum pactado o avances en la autodeterminación. Por su parte, Podemos ha acusado al Gobierno de alejarse de su programa social, reclamando más inversión pública, vivienda y medidas contra la precariedad.
Este contexto deja al Ejecutivo en una aritmética parlamentaria muy delicada, con un Congreso fragmentado y con varios socios habituales expresando su descontento con la orientación de las cuentas.
El PP cree que los presupuestos son “una quimera”
Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como “quimérica” la idea de aprobar los presupuestos en el actual contexto político. El líder popular ha reiterado su oposición frontal al proyecto de Sánchez y ha asegurado que “el Gobierno está más preocupado por mantenerse en el poder que por presentar unas cuentas responsables para el país”.
El simbolismo de la entrega al Congreso
Pese a la falta de apoyos, María Jesús Montero ha reafirmado su intención de escenificar la tradicional entrega del proyecto presupuestario a las puertas del Congreso de los Diputados, como gesto de compromiso con la gobernabilidad y la estabilidad institucional. “España necesita unos nuevos presupuestos que reflejen los retos del país y no podemos permitirnos seguir funcionando con cuentas prorrogadas”, ha señalado la ministra.
La prórroga, una opción políticamente dañina
Una nueva prórroga de los presupuestos —como ya ocurrió en 2024 y 2025— generaría una imagen de parálisis política, algo que el Gobierno quiere evitar a toda costa, más aún con las elecciones autonómicas vascas y gallegas en el horizonte de 2026, y una creciente presión social por medidas en vivienda, transición ecológica y políticas laborales.
Moncloa busca presentar unas cuentas expansivas que consoliden la recuperación económica, impulsen el empleo y refuercen el Estado del Bienestar, pero sin el respaldo parlamentario suficiente, el riesgo de bloqueo sigue muy presente.
La negociación sigue abierta, y el mes de septiembre se anticipa como decisivo para desatascar el diálogo con los grupos clave. Mientras tanto, el Gobierno apura sus opciones para no quedarse sin presupuestos por tercer año consecutivo.
