El Sur de Europa sufre todos los veranos episodios de fuego, este año especialmente virulentos en Portugal, Grecia y Albania. España no ha sido ajena a esta situación, pudiendo destacar cuatro regiones que cuentan con dirigentes de distinto signo político, Galicia, Asturias, Extremadura y León, cada una con su diferente burocracia, procedimientos, protocolos y mandos. Ninguna Comunidad Autónoma está preparada para hacer frente a sucesos extraordinarios como estamos viviendo y menos cuando las llamas saltan de una región a otra sin entender de límites administrativos. La magnitud de la tragedia ha impulsado la solidaridad de otros países antes de que el presidente del gobierno se haya dignado a comparecer, física o mediáticamente. Hemos recibido todo tipo de material y medios, incluso aviones, de Francia, Eslovaquia, Alemania, Italia o Países Bajos.
Dado que la ausencia del jefe del ejecutivo empezaba a ser preocupante, ha decidido con más de una semana de retraso hacerse presente primero en Orense y León, provincia esta donde destaca la falta de una rueda de prensa y el veto a cualquier tipo de pregunta. En la gallega lanzó una propuesta de pacto de Estado contra los efectos del cambio climático. Nadie puede estar en desacuerdo ante esta deseable idea, el problema es que se trata de humo para desviar la atención. Recuérdese que gobierna el perdedor de las elecciones de 2023, que pese a ello ejerce merced a una pacto contra natura con diversas tribus de comunistas y separatistas, que solo parecen buscar, el primero mantenerse en el poder para resguardar de los tribunales a sus allegados políticos e incluso a su familia y quién sabe si él mismo nos sorprende haciendo un Bettino Craxi a lo Tangentopoli, mientras que los segundos pretenden ordeñar la vaca hasta dejarla exhausta.
En mi opinión, el pacto, cuyo nombre por lo menos evita el ridículo de adjetivarse como inclusivo, ecológico y con perspectiva de género, como estamos acostumbrados en otras propuestas que nada tienen que ver, difícilmente puede acordarse con el principal partido de la oposición, ganador de las elecciones y con mayoría absoluta en el Senado, ya que alumno de ese prodigio de la naturaleza que gobernó y arruinó España entre 2004 y 2011, ejemplo de sectarismo y asesor de dictaduras, se ha negado sistemáticamente a cualquier acercamiento aunque sea para la foto. Es increíble que un tipo que ha hecho de la polarización su estrategia electoral venga ahora a pedir un pacto a quien ningunea constantemente, a diferencia del tratamiento institucional que recibiría en cualquier país de nuestro entorno.
En el improbable caso de existir un acuerdo nacional, nacería muerto, ya que el principal problema es el dinero y este no va a aparecer en la presente legislatura, ni para el fuego, ni las riadas, ni la infraestructura ferroviaria o de carreteras, ni la eléctrica o los afectados por el volcán de La Palma, por una serie de razones:
- Este gobierno no ha sido capaz de tener sus propias cuentas públicas. Los últimos Presupuestos Generales del Estado fueron aprobados en 2022, concretamente el 23 de diciembre. Pero es que además los de 2025 no se llegaron a elaborar y por tanto no se presentaron ni fuera de plazo ante el Congreso de los Diputados, como establece el artículo 134 de la Constitución. El citado precepto obliga a ello al menos tres meses antes del final del año, con lo cual existen serias dudas a estas alturas que se presenten incluso los de 2026.
- Fruto de los pactos de investidura, queda pendiente la reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas, forma de vestir lo que no es más que la condonación de 17.014 millones de Euros a Cataluña, el 20% de su total, región que por tener vetado el acceso a los mercados por su escasa solvencia ha subsistido con el oxígeno del Estado, acreedor del 85% de sus pasivos. Pues bien, apenas pasadas 48 horas de la propuesta de pacto de Estado, en un símil de la obra cumbre de Goethe, Mefistófeles (Junqueras) recuerda a Fausto (Sánchez) que tiene una cuenta pendiente, accediendo a aprobar el anteproyecto de Ley de la citada quita en un Consejo de Ministros a la vuelta de vacaciones. De ahí pasaría al Congreso donde se espera que los diputados del PSOE lo aprueben mansamente, incluidos aquellos dos de la provincia donde no se ha dignado pronunciar palabra, León. Pero para entonces, teniendo en cuenta los largos procesos parlamentarios y la falta de capacidad para sacar adelante medidas por pura aritmética parlamentaria, es más probable que se haya procedido antes a una ampliación de Soto del Real por overbooking.
- Fruto también de acuerdos de investidura, en este caso del presidente catalán, se está procediendo a una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley Orgánica de Cesión de Tributos, con el objeto de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado otorgar a Cataluña una financiación singular, es decir muy superior, parecida a la vasca y navarra, de forma que recaude todos los tributos y pague anualmente al Estado una cantidad y por otra castigar a Madrid limitando su autonomía fiscal, cuando esta comunidad aporta al bien común el triple que la catalana, contando con un 15% menos de habitantes. Los paganos también serían el resto, ya que el dinero tendrá que salir de algún sitio, recortando servicios directamente reduciendo sus presupuestos porque lo que se lleva uno de más se lo tiene que llevar otro de menos o indirectamente porque sea el Estado quien lo proporcione y por tanto tendrá menos para transferir.
- Vascos y navarros aportan a través del cupo una cantidad insignificante, no atendiendo a la solidaridad dentro del Estado. Baste mencionar que el 73% de las cantidades necesarias para el pago de las pensiones proceden de cotizaciones de la Seguridad Social, mientras que el 27% restante, 6% en 2006, es un agujero que se financia con los impuestos de todos. Menos de los vascos y navarros, mientras que los demás contribuimos a sus jubilaciones. Y no parece que este régimen medieval, aunque contemplado en la Constitución, pero no para otros como se pretende con Cataluña, entre dentro de los planes del gobierno de exigir su aportación normalizada.
En todo caso, Sánchez tiene ahora más tiempo para dedicarse a ello, después del arrinconamiento de España a nivel internacional, como socio no fiable y por ello ausente de cualquier foro donde se tomen acuerdos importantes. Tiene un teléfono menos que atender.
