En esta conversación con El Diario de Madrid, Remedios Ruiz Benavente, procuradora desde 1983, relata una trayectoria marcada por la obligación de incorporarse a la Mutualidad de Procuradores y por décadas de aportaciones que hoy se traducen en prestaciones mínimas e indignas. Su testimonio es también el de miles de mutualistas atrapados en un sistema que, según denuncia, ha derivado en una clara discriminación y vulneración de derechos.
Te colegiaste en 1983. ¿Qué obligaciones tenías entonces para poder ejercer?
En aquel momento era obligatorio darse de alta en la Mutualidad de Previsión Social de Procuradores, en régimen de capitalización colectiva, que era un sistema de reparto. Tuve que abonar 60.000 pesetas de cuota de ingreso —360,61 euros— y luego las cuotas ordinarias. Además, estábamos obligados a adherir pólizas en los procedimientos según su cuantía y, si no lo hacías, podías enfrentarte a sanciones muy graves por parte de la Mutualidad de Procuradores, incluso a la inhabilitación.
¿Cómo evolucionó esa mutualidad a lo largo de los años?
Lo que nació en 1948 como una entidad sin ánimo de lucro y sistema de reparto se fue transformando con el tiempo. Finalmente se convirtió en una compañía de seguros, agotando el plazo máximo que daba la Ley 30/1995. Con fondos de los mutualistas, en 2012 se creó una correduría de seguros y, después, una fundación cuyo funcionamiento es opaco para los mutualistas que somos sus legítimos propietarios, en teoría, pero no tenemos acceso a información básica.
¿Cuándo pudiste afiliarte al RETA?
No hasta 2000, 17 años después de colegiarme. Pero la Mutualidad me advirtió que si me cambiaba perdería todo lo aportado y empezaría desde cero. Eso significaba tirar a la basura 17 años de mi vida profesional. Así que no me cambié en ese momento.
Finalmente, en 2008, pasaste al RETA…
Sí, para no perder lo acumulado, pero tuve que pagar doble: las cuotas del RETA (comenzando desde cero y sin que el día de mi jubilación tengo los 25 años en la seguridad social, por lo que no tendré derecho al 100% de la pensión) y las de la Mutualidad, hasta septiembre de 2023, en que me dí de baja, pero mis fondos están cautivos, hasta mi jubilación. A eso hay que añadir que no teníamos derecho a sanidad pública hasta 2013, así que tuve que contratar un seguro médico privado. Sumando la pensión de la Seguridad Social y de la Mutualidad, no llego ni a una pensión no contributiva después de toda mi vida trabajando y pagando mis impuestos.
Denuncias discriminación por razón de género.
Así es. Cuando en 2012 la Mutualidad cambió de capitalización colectiva a individual, a las mujeres nos asignaron menos capital consolidado que a los hombres, en mi caso, sumando todo lo pagado desde mi alta, hasta diciembre de 2012, me faltan casi 6.000 €, la Mutualidad de Procuradores, guarda silencio sobre ello, lo que contraviene el artículo 14 de la Constitución. Somos más mujeres que hombres en la profesión, pagamos impuestos y reclamamos nuestros derechos.
¿Cuál es la situación actual de tus derechos de jubilación?
Con la simulación que me dieron en septiembre de 2024, si opto por una renta vitalicia me quedarían 257 euros al mes antes de impuestos; si lo hago a diez años, serían 521 euros mensuales, y después de ese tiempo me quedo sin nada. Totalmente Es indigno después de toda una vida trabajando. Lo peor es que las proyecciones van a la baja: en menos de un año, la renta estimada se redujo respecto a la simulación anterior.
¿Qué papel crees que ha jugado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones?
No ha cumplido su función de supervisión. La situación afecta a miles de mutualistas procuradores, muchos de ellos con pensiones de entre 190 y 300 euros. Y, al no estar en el sistema de la Seguridad Social, no se nos reconocen derechos básicos como la tarjeta sanitaria europea, ni la condición de jubilados extensivo al resto de mutualistas abogados, aparejadores, arquitectos, economistas, etc.
También has alzado la voz sobre el turno de oficio.
Llevo 42 años en turno de oficio, un servicio público que el Estado me obliga a prestar, pero sin darme de alta en la Seguridad Social ni cotizar por mí. Trabajo en condiciones indignas, incluso de noche, en vacaciones, en casos de violencia de género o con presos, sin medios técnicos y con retribuciones irrisorias: 32 euros por un asunto civil y 24 por uno penal, antes de impuestos, y los gastos por mi cuenta, ya que trabajo en una comunidad autónoma sin transferencias en justicia, siendo además de los más perjudicados.
¿Cuál es tu reivindicación principal?
Que se reconozcan todos los años trabajados como mutualista dentro de la Seguridad Social, igual que se ha hecho con otros colectivos, la Seguridad Social, ha firmado convenios, como con los religiosos, artistas, deportistas, etc. Queremos una “pasarela al RETA” para todos: mutualistas, alternativos, complementarios, jubilados, viudas y huérfanos. No pedimos privilegios, pedimos los mismos derechos que el resto de ciudadanos.
¿Qué esperas de las instituciones?
Que el Ministerio de Igualdad deje de mirar hacia otro lado ante una discriminación que afecta sobre todo a mujeres. Que el Ministerio de Justicia y la Seguridad Social reconozcan nuestra relación laboral en el turno de oficio, que Inspección de Trabajo, actúe para el reconocimiento de nuestra relación laboral en el servicio público de turno de oficio que el Estado está obligado a prestar por mandato constitucional pero no a costa de los procuradores, que venimos prestando como un trabajo forzoso, y que la Dirección General de Seguros actúe para poner fin a una injusticia que lleva décadas enquistada.
Si pudieras resumir su mensaje en una frase…
Reclamo derechos, no privilegios. Los derechos no se compran.
