Como amante de la naturaleza escribo estas líneas apenado y enfadado. Dado lo que ha llovido a principios de año era obvio que la temporada de incendios iba a ser problemática, aunque no esperábamos tamaña devastación. Al fin y al cabo vivimos en un maravilloso estado del bienestar que supuestamente nos protege a cambio de apenas el 50% de nuestros ingresos anuales.
Hay que señalar que la mayoría de los fuegos son provocados, pero como suele ocurrir en España con los delincuentes, la ley y los jueces miman a los pirómanos de manera que la destrucción que provocan les sale prácticamente gratis. Las penas por incendiar el campo deberían ser muy severas, urge por lo tanto cambiar el marco jurídico y político si queremos tener éxito en este asunto.
El otro problema es que ahora muchos incendios son casi inextinguibles. Esta creciente virulencia y poder destructivo del fuego es imputable a los políticos porque en la práctica han hecho imposible la prevención debido a la sobrerregulación y burocratización del campo y de la naturaleza.
Este exceso regulador viene de antiguo, desde la Ley de Montes de 2003, sin embargo, desde que Pedro Sánchez llegó al poder se ha multiplicado la normativa que limita y complica los desbroces, podas, entresacas, así como los aprovechamientos tradicionales. Tampoco ayuda la reducción de la ganadería extensiva, actividad que juega un papel fundamental en la limpieza de campos y montes.
La legislación puesta en pie por este gobierno, el de la emergencia climática no demostrada empíricamente, salvo falseando datos y mediante modelos fallidos, ha empeorado las consecuencias de los incendios y de las inundaciones. Este es el principal problema, el exceso estatal no nos protege sino que nos daña.
La Ley de Montes, así como otras muchas regulaciones estatales y autonómicas, obliga a limpiar los espacios verdes, sin embargo, en la práctica esto apenas se hace. Esto es el resultado de un marco legal sobrerregulado que desincentiva el cumplimiento de la ley al imponer cargas muy gravosas a los propietarios.
Además la normativa dificulta generar ingresos para financiar los costes porque restringe notablemente el aprovechamiento de los pastos y de los recursos forestales y maderables por parte de los propietarios. Dicho de otra forma, la ley impone elevados costes a los propietarios y les impide obtener ganancias, y es por esto por lo que en la práctica no se cumple.
Tampoco ayuda la excesiva burocratización del proceso. En las zonas (des)protegidas por dicha ley se exigen complejos permisos para cortar leña, desbrozar o abrir cortafuegos, permisos muy difícilmente obtenibles, y que muchas veces se deniegan por biodiversidad.
Como no podía ser de otra manera el presidente del gobierno echa balones fuera y nos dice que la culpa es del cambio climático. Esto no es así pues en 2025 ha llovido como nunca y las temperaturas están siendo las normales en agosto. Esta catástrofe es el resultado de la falta de prevención porque la ley no funciona, pero también por la falta de medios humanos y mecánicos, cortesía de nuestros queridos políticos.
Según datos del ministerio de Transición Ecológica, el estado y la comunidades autónomas gastan en prevención un 50% menos que en 2013. Sin embargo, desde entonces el gasto público total ha crecido un 52%, y los ingresos fiscales un 59%, lo que quiere que los políticos han decidido gastar menos en prevención. Este es el problema, junto con la sobrerregulación, y desde luego no el supuesto cambio climático.
En otro artículo hablé del coste estimado que tiene para España el exceso de intervencionismo por parte del Estado, de las autonomías, y de la UE. Se estima que son 90.000 millones de euros al año y cientos de miles de empleos no creados. A este enorme coste ahora tenemos que sumarle las pérdidas gigantescas provocadas por los incendios, tanto económicas como en materia de biodiversidad, e incluso de vidas humanas. La mala gestión de la Dana de Valencia por parte del PP y del PSOE costó muchas vidas innecesariamente. Lo mismo podemos decir ahora de estos fuegos devastadores que son fruto de la falta de inversión en prevención y en extinción.
El abandono del campo como consecuencia de la agenda 2030 y de las políticas contrarias al sector primario español es otra de las causas. Así, es imposible que campos, montes y bosques se puedan limpiar o mantener. A pesar de tener millones de parados y de admitir a 400.000 inmigrantes cada año, no hay mano de obra disponible para los trabajos de campo y de los montes. Sin manos es obvio que poco se puede hacer, salvo lo indispensable, y ahí no entra el mantenimiento de campos y montes.
Hay que incentivar que los jóvenes que estén parados vayan a trabajar al campo, en vez de fomentar el quedarse en el sofá. Y en cuanto a los ilegales sin trabajo cotizante, se les debe dirigir obligatoriamente a los sectores que están escasos de mano de obra, tras darles la formación necesaria. En caso de negarse deberían ser expulsados inmediatamente.
Una vez más se demuestra que el estado es el problema y no la solución. No es el cambio climático, no se dejen engañar, los políticos son los responsables pues nunca han tenido más medios y sin embargo han decidido gastar un 50% menos en prevención y extinción.
