La subvención de 200.000 euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó en julio de 2023 —sin contraprestación, sin control y sin una sola auditoría— no es un error administrativo. Es un síntoma. Un síntoma de una política exterior convertida en catecismo ideológico, lejos de la responsabilidad, lejos de Europa y peligrosamente cerca de posiciones que, al menos en su efecto práctico, terminan normalizando estructuras que operan en el ecosistema político palestino.
El proyecto financiado, cuyo título incluye explícitamente el elemento “Palestina”, fue aprobado bajo la figura administrativa más débil del Estado: la subvención directa sin contraprestación. Ni Alemania, ni Austria, ni Países Bajos usarían ese mecanismo en un contexto donde Hamás controla Gaza, infiltra ONGs, utiliza infraestructura civil como escudo y ha ejecutado los peores atentados contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial.
Pero el gobierno socialista de España sí. España mira hacia otro lado. Los ciudadanos españoles financian a ciegas.
Cuando un gobierno actúa movido por pulsiones ideológicas —en vez de por análisis de riesgo— el dinero público, que es el dinero de todos los españoles, sustraído forzosamente por el estado, deja de ser una herramienta de política internacional y se convierte en un instrumento de propaganda. Y ahí es cuando un estado empieza a cometer errores que comprometen su reputación, su credibilidad y su seguridad.
Ni una sola explicación. Ni un informe técnico. Ni una evaluación de impacto.
Nada.
El silencio del Gobierno no es solo un desprecio a la transparencia: es un desprecio a la inteligencia del ciudadano. Una subvención así exige una línea de defensa inmediata. Si no la hay, es porque no existe argumento plausible.
La diplomacia emocional puede servir para eslóganes.
Pero para gobernar hace falta información, coherencia y coraje.
Hoy no vemos ninguna de las tres.
Lo que sí vemos es un Ejecutivo empeñado en una agenda exterior que no resiste un mínimo análisis comparado. Mientras Europa se protege, España se expone. Mientras Europa investiga, España entrega dinero sin contraprestación. Mientras Europa exige garantías, España exige relato.
Cuando el Gobierno abandona la prudencia, la prensa debe ocupar su lugar.
Y cuando la prensa habla, la ciudadanía escucha.
La pregunta es simple y urgente:
¿A quién sirvió realmente esta subvención?
Hasta que el Gobierno no responda, la sospecha será inevitable.
