Hágase: la deuda histórica del estado con los mutualistas y los procuradores

Durante décadas, miles de profesionales —abogados, procuradores, arquitectos, químicos, médicos, gestores administrativos y otras profesiones colegiadas— han sostenido silenciosamente el engranaje del Estado de Derecho.

Y sin embargo, ese mismo Estado, junto o en consonancia con las mutualidades, con su permisividad hacia ellas, su falta de transparencia y la protección que durante años han ejercido sobre estas entidades, les ha devuelto una jubilación indigna, un trato desigual y una indiferencia institucional incomprensible.

Mientras la sociedad supone que “ser abogado” o “ser procurador” es sinónimo de riqueza, la realidad es otra: hay profesionales que no pueden jubilarse porque hacerlo significaría caer en la miseria. Jubilaciones de 300 a 500 euros en 12 pagas, tras toda una vida de contribuciones, esfuerzo y dedicación.

Justiniano y la justicia que hoy se niega

Hace casi dos mil años, el emperador Justiniano dejó escrita la definición más simple y a la vez más profunda de lo que significa hacer justicia:

“Dar a cada uno lo suyo.”

Ese principio, que ha sobrevivido siglos, códigos y constituciones, es precisamente el que hoy se vulnera de manera más flagrante.

A los mutualistas y procuradores no se les está dando lo suyo, no se les reconoce lo que aportaron, ni se les retribuye con la dignidad que debería acompañar el final de una vida laboral al servicio de la ciudadanía.

Pensiones que avergüenzan a un estado social

Todos estos abogados, procuradores y otros profesionales ya jubilados a través de las mutualidades viven con pensiones que ni siquiera alcanzan el ingreso mínimo vital.

Hoy, en pleno siglo XXI, el Estado español y sus partidos políticos y diputados consienten tener a ciudadanos que han cotizado toda su vida en España viviendo en la miseria, con pensiones de 300 a 500 euros, en un agravio comparativo inaceptable frente a cualquier otro colectivo que el propio Estado sí considera digno de protección.

Lo incomprensible es que algunos de nuestros políticos consideren este colectivo no merece protección del Estado.

Otros directamente no pueden jubilarse, porque hacerlo equivaldría a recibir una pensión que no llega ni siquiera al ingreso mínimo vital del que hemos hablado, una cantidad incompatible con una vida digna después de décadas de trabajo y servicio público.

Por ello continúan trabajando sin fuerzas, sin salud y sin la tranquilidad que debería acompañar el final de una vida laboral, obligados a sostenerse porque el sistema que debía protegerles les ha fallado.

A esta injusticia se suma un agravio todavía más doloroso: estos mismos mutualistas tuvieron que pagarse la sanidad de su propio bolsillo hasta el año 2012, pese a tratarse de un derecho fundamental que el Estado debía haber garantizado desde siempre.

La procura: doble servidumbre, doble injusticia. obligatoriedad del turno de oficio que de nuevo averguenza a un estado social

El procurador está obligado por ley a intervenir en cada procedimiento judicial en el que un ciudadano sin recursos se ve inmerso. Lo hace porque es una pieza imprescindible en el engranaje de la Justicia; porque sin su intervención —igual que sin la del abogado— no hay tutela judicial posible, no hay garantías, no hay procedimiento. Es por ello que el procurador debe prestar este servicio y estar adscrito al Turno de Oficio, sin otra opción posible.

Pero es que además, es el mismo Estado, que le obliga a pertenecer al Turno de Oficio, quien le impone las condiciones del mismo.

Le impone el sistema de retribución único en el Estado Español y demás países democráticos por el que no cotiza a la Seguridad Social, le impone la remuneración (25€ o 30€ de media por un proceso que puede durar más de dos años), le impone la materia y el proceso, le impone el cliente sin posibilidad de renuncia, y le impone las condiciones en que debe prestar ese servicio.

Y por si no fuera suficiente, le obliga a tener contratado y abonado por el profesional un seguro de responsabilidad civil , y a correr con los gastos de desplazamiento y otros gastos necesarios para el proceso.

Igual de justo o más es que persona tenga derecho a una defensa judicial, como que se retribuya de forma digna y justa el trabajo realizado.

Estas condiciones de trabajo supondrían el cierre de cualquier empresa privada en España. Solo el mismo Estado se permite este tipo de explotación!!!

Por esta sutuacion efectuamos: un llamamiento directo al legislativo!!!

Este es también un llamamiento individual a cada uno de los que formáis parte del Congreso de los Diputados y del Senado. Uno por uno.

Habéis sido elegidos por nosotros, los votantes, precisamente para solucionar los problemas en los que nos vemos inmersos, los problemas reales de los ciudadanos. Jurasteis o prometisteis defender la Constitución.

Y eso significa algo muy concreto: defender y garantizar los derechos de sus ciudadanos, por encima de cualquier ideología política, y uno de ellos es el derecho a una jubilación digna¡¡¡

Por eso, de vosotros esperamos soluciones, no excusas, no silencios, no dilaciones. Y os pedimos también valentía.

La valentía de estar a la altura del cargo que ocupáis.

La valentía de sentarse a negociar con quien piensa distinto.

La valentía de superar la trinchera ideológica cuando la dignidad de miles de ciudadanos está en juego.

Hora de soluciones, no de excusas

Se acabó el tiempo de parapetarse detrás de la disciplina de partido, o de mirar hacia otro lado, de culpar al pasado…..

Ha llegado el momento de dejar de lado la disciplina de partido y dejar paso a la disciplina moral, de la ética personal, de recordar que antes que siglas, colores o estrategias está la obligación que cada uno asumió libremente: proteger a sus ciudadanos.

La historia no recordará a los obedientes, sino a los valientes; no a quienes miraron al partido, sino a quienes miraron al país.

Hoy, cada representante público debe decidir de qué lado quiere estar.

El Estado tiene una deuda al margen de las ideologías y las izquierdas y derechas, tiene una deuda con la decencia y la humanidad, una deuda de reparar una injusticia histórica que se ha prolongado demasiado tiempo, con quienes sostuvieron sus cimientos jurídicos, sociales y democráticos.

Una deuda que ya no puede seguir ignorando.

La reclamación no admite demora: pasarela 1x1 al reta