Hace poco el Daily Telegraph publicó un editorial en el que recomendaba al primer ministro de Gran Bretaña no copiar las fracasadas políticas del gobierno de España porque a su juicio nuestro país está en descomposición. En base a las muchas evidencias contrastadas relativas a la situación política, social y económica de nuestro país, creo que el periódico británico tiene razón.
En el pasado he escrito acerca de por qué no podemos prescindir de la energía nuclear. Hoy simplemente quiero recalcar la hipocresía del gobierno en esta materia. No sólo han aprobado el cierre de las centrales nucleares sin tener en cuenta el impacto de esta medida en la estabilidad y el coste del suministro de energía, sino que han aumentado los impuestos y tasas que esta energía soporta de tal manera que operarlas genera pérdidas.
Su pretensión es que las eléctricas las cierren de motu propio y de esta manera quitarse el marrón de encima. Estas compañías han solicitado una reducción de la carga fiscal que soportan las nucleares para al menos no perder dinero, pero como era de esperar, el gobierno no ha accedido movido por su habitual avaricia. Lo que más me llama la atención, por lo absurdo, es el argumento que emplean, pues dicen que reducir las tasas perjudica a los ciudadanos.
Lo que perjudica a los ciudadanos es, además de la sima de corrupción y nepotismo del actual gobierno, aplicar una política energética basada en criterios políticos radicales y no técnicos, amén de no invertir lo necesario en redes de distribución y en instalaciones de almacenamiento. El resultado de esto es la inestabilidad del suministro y una de las energías más caras de la OCDE. Esto a su vez empobrece a los consumidores y daña la competitividad de las empresas, lo que tiene como consecuencia menos inversión, incluso cierres, y menos empleo.
Reducir las tasas que hacen inviable operar las nucleares no daña a los españoles y es además justo y necesario. Justo porque la constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios y estas tasas son tan elevadas que se llevan por delante todo el beneficio. Necesario porque a día de hoy no podemos funcionar sin energía nuclear dado que es imprescindible para dar estabilidad al sistema y evitar apagones como el de hace poco. El reciente apagón provocado por la mala gestión de la conocida socialista Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica no sólo ha costado miles de millones en pérdidas económicas sino también varias víctimas mortales. Queda claro quién perjudica a los ciudadanos.
Otra idea absurda y tremendamente dañina que está manejando la izquierda radical, y que este gobierno seguramente apoyará gustosamente, es que la totalidad de las herencias vaya a parar a la caja del estado. Esto se basa en el manido y falso argumento de la desigualdad. Arguyen que si uno hereda más que otro hay desigualdad y que por lo tanto el dinero estará mejor en manos del estado. No dicen, claro está, que el fin de todo esto es que la casta política y burocrática se expanda aún más y se vuelva aún más rica, poderosa y predatoria.
Empobrecer al pueblo al máximo es la forma de atornillarse en el poder pues cuando este es totalmente dependiente del estado es imposible deshacerse del gobierno. La desigualdad nunca es un problema, y es además inevitable porque las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales de cada persona son diferentes, y es por esto que los resultados siempre serán dispares. El problema, o problemas que hay que combatir son la pobreza, el desempleo, y una productividad mediocre, cosas en las que este gobierno está fracansando desde que llegó. La desigualdad nunca ha sido ni será un problema porque la economía no es un juego de suma cero.
Los que defienden con ahínco una igualdad basada en confiscar casi todo a los que tienen éxito y producen más para sí mismos y para la sociedad son generalmente totalitarios. La igualdad que defienden es incompatible con la libertad, la prosperidad y la democracia. Hay que olvidarse de la desigualdad y combatir la pobreza y el desempleo. ¡Hay que igualar hacia arriba y no hacia abajo! .
Cuando fallece un español ha pagado entre el 40 y el 50% de lo que ha ganado a lo largo de su vida, y en muchos casos más. Ahora pretenden que esa mitad que le queda a uno vaya a parar al estado, principalmente a las manos de políticos, burócratas y grupos de presión afines, gentes que suelen trabajar poco y apenas producen riqueza para la nación, castas extractivas que viven a nuestra costa. No se me ocurre una medida más despótica e injusta social y económicamente.
¿Quién se va a esforzar, quién va a invertir en España y crear empleo si sabe que le van a quitar la mitad en vida y el resto al morir?. Esta idea Chavista sólo puede tener como consecuencia el hundimiento total de la economía y un coste social inmenso, es una receta perfecta para descomponer y arruinar la sociedad definitivamente.
La indefensión del ciudadano español ante el estado es otro de los males que se han acrecentado enormemente con este gobierno. De la indefensión y abusos de hacienda ya hemos hablado. Hoy tocaremos el asunto de la propiedad privada. Las naciones son ricas cuando tienen instituciones políticas y económicas plurales e inclusivas. Tristemente, ambas están siendo devastadas bajo el gobierno de Pedro Sánchez.
La propiedad privada es una de estas instituciones, es la base de la economía y de la civilización. La constitución la protege y además prohíbe los impuestos confiscatorios, sin embargo, al Number One le importan poco la constitución y la prosperidad de España.
La okupación es un atentado gravísimo contra la propiedad privada, crimen que protege y fomenta el gobierno actual. El problema de la vivienda es muy serio y es obvio que no se puede dejar a las personas de pocos recursos en la calle, pero es la nación en su conjunto a través del estado quien tiene que correr con los costes, no los ciudadanos privados, tampoco los bancos o los fondos de inversión. Bajo Pedro Sánchez se ha disparado el gasto público en 240.000 millones al año, dinero malgastado en su mayoría, dado que la renta media disponible es hoy inferior a la de 2017. Un alto porcentaje de este despilfarro es gasto corriente improductivo y clientelar totalmente prescindible y esta es la causa de que no haya recursos para lo que importa de verdad como la vivienda pública.
La indefensión de los propietarios debido a la falta de seguridad jurídica es mayúscula, y es por eso que muchos han retirado sus pisos del mercado del alquiler. Gran parte de estos activos se ofrecen ahora en alquiler turístico, opción que también es perseguida por el gobierno. Parece que este gobierno no entiende que el ser humano, y por lo tanto la economía, funciona eficaz y eficientemente bajo incentivos positivos en vez de bajo multas, amenazas, controles, prohibiciones, limitaciones y confiscaciones.
El desamparo es tal, que salvo en el caso de poder denunciar antes de las 48 horas, la policía recomienda no denunciar y echar a los okupas por nuestra cuenta y riesgo. Este gobierno ha legislado ex profeso para que la policía no pueda hacer nada por aquellos cuyos derechos de propiedad son conculcados.
Cuando un gobierno promueve y protege tanto el ataque a la propiedad privada como el incumplimiento de los contratos, cuando dispara la inseguridad jurídica y la corrupción, podemos entonces afirmar sin margen de error que la libertad y la prosperidad no pueden florecer. Cuando esto sucede, la sociedad entra en descomposición.
