La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves registros en los domicilios de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, en el marco de la investigación judicial del conocido ‘caso Koldo’, dirigido por la Audiencia Nacional. Además, los agentes se han personado en las sedes de Adif y Carreteras para realizar requerimientos documentales, acciones que ya habrían finalizado.
El procedimiento se enmarca dentro de las diligencias impulsadas por el juez Ismael Moreno, una semana después de que el Tribunal Supremo remitiera a la Audiencia Nacional los indicios consistentes encontrados contra ambos ex altos cargos, dejando en manos de Moreno la decisión sobre su investigación formal.
Sombra sobre adjudicaciones públicas durante la etapa de Ábalos
Según los informes elaborados por la Guardia Civil, tanto Pardo de Vera como Herrero habrían asistido presuntamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a través de su exasesor Koldo García, para facilitar adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública. Estos contratos estarían vinculados al cobro de comisiones ilícitas, una práctica central de la trama de corrupción que se investiga desde hace más de un año.
El informe de la UCO recoge que Koldo García habría influido en la manipulación de procesos de contratación, valiéndose de su relación directa con Pardo de Vera y Herrero. En concreto, se incluye una conversación grabada en noviembre de 2020, en la que García pide a Pardo de Vera que adjudique un contrato a una empresa llamada LIC, inicialmente por mantenimiento y, al no obtener respuesta afirmativa, propone que se haga por la vía de emergencia.
Pardo de Vera se mostró reticente, recordando que ya se le había concedido recientemente un contrato por valor de 700.000 euros, lo que, en sus palabras, “iba a cantar” si se repetía la adjudicación en poco tiempo. A pesar de ello, la entonces presidenta de Adif se comprometió a estudiar las opciones para beneficiar nuevamente a la empresa.
Diligencias paralelas y nueva imputación
Además del registro domiciliario, Pardo de Vera ya ha sido citada como investigada en esta causa por otro frente: la supuesta contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco. Aunque su comparecencia aún no tiene fecha fijada, su citación añade presión sobre los exresponsables del Ministerio de Transportes.
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha considerado que, si bien la conducta de Pardo de Vera y Herrero podría haber sido instrumental o accesoria a la presunta corrupción de Ábalos, no procede su investigación por el alto tribunal, derivando así el caso al Juzgado Central de Instrucción número 2, competente en esta fase de la causa.
Un caso que se amplía
Con estos nuevos movimientos, el ‘caso Koldo’ amplía su foco más allá del círculo inmediato del exasesor de Ábalos, apuntando ahora a la posible complicidad de altos funcionarios y cargos públicos en decisiones clave sobre la contratación pública. La UCO continúa rastreando vínculos y recopilando pruebas que refuercen la hipótesis de una red estructurada para beneficiarse económicamente de recursos estatales.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales no descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, tanto Adif como el Ministerio de Transportes han evitado pronunciamientos públicos, remitiéndose al respeto por el proceso judicial en curso.
