Las principales asociaciones de altos funcionarios de la Administración Pública han mostrado su contundente rechazo al nuevo sistema de acceso a la función pública anunciado por el Gobierno. La propuesta, impulsada desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, contempla la implantación de un curso de posgrado de dos años para acceder a los cuerpos A1 y A2, con una prueba de acceso inicial y una evaluación final, tras la cual solo los mejores expedientes obtendrían plaza.
Este cambio, que el Ejecutivo presenta como una modernización del modelo de oposiciones, ha sido duramente criticado por las asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios de los cuerpos superiores del Estado, que han emitido un comunicado conjunto acusando al Gobierno de imponer un modelo sin consenso y de romper con el principio de imparcialidad que ha caracterizado hasta ahora los procesos selectivos.
Denuncian un “sistema a la carta” con riesgo de injerencia política
La plataforma de altos funcionarios considera que el nuevo planteamiento sustituye procesos selectivos exigentes y objetivos por un sistema subjetivo y condicionado políticamente, lo que pone en riesgo la calidad y preparación de los futuros empleados públicos. Además, alertan de que los actuales opositores —muchos con años de preparación— verán truncadas sus expectativas, al no haberse previsto una transición justa.
Según el comunicado, el plan del Ejecutivo podría afectar a todos los cuerpos de la Administración, incluso a aquellos que no presentan problemas de captación de aspirantes. "Pretenden aplicar un cambio estructural en bloque sin evaluar las consecuencias específicas para cada cuerpo ni contar con los agentes sociales", aseguran.
Dudas sobre su aplicación y críticas por falta de negociación
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha manifestado su preocupación. Aunque valora la intención de captar y retener talento, el sindicato advierte de que el nuevo sistema podría convertirse en un doble proceso selectivo, más largo, complejo y desmotivador para los aspirantes.
CSIF critica que el plan no haya sido negociado con los sindicatos representativos y plantea serias dudas sobre su viabilidad: desde la financiación de los posgrados, hasta los centros encargados de impartirlos, pasando por la imparcialidad de las evaluaciones. “La falta de claridad compromete la objetividad, lo que puede derivar en un sistema menos justo”, señala.
Riesgos para la calidad del servicio público
Tanto la plataforma de altos funcionarios como CSIF coinciden en que este nuevo modelo no garantiza una preparación adecuada para ejercer funciones complejas en el ámbito público, especialmente en cuerpos con alta responsabilidad técnica y jurídica. En su opinión, los ciudadanos serán los principales perjudicados al reducirse la calidad del servicio prestado.
Además, advierten de que el sistema vigente ya garantiza los principios de mérito, capacidad e igualdad, incluida la igualdad de género, por lo que no existe necesidad real de reinventarlo, como sostiene el Gobierno.
Un cambio polémico sin hoja de ruta clara
Desde el Ministerio, se ha defendido que el nuevo sistema permitirá un acceso más inclusivo mediante becas del Ministerio de Educación y una mayor diversificación del perfil de los futuros funcionarios. Sin embargo, para los colectivos afectados, el anuncio es precipitado, poco transparente y carente de planificación detallada.
Ante esta situación, las asociaciones firmantes del manifiesto y CSIF han solicitado al Gobierno que reconsidere el proyecto y abra un proceso de diálogo real con todas las partes implicadas, con el fin de garantizar un acceso a la función pública que siga siendo competitivo, imparcial y riguroso.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre miles de opositores que se preparan actualmente para ingresar en los cuerpos superiores del Estado, y que desconocen si su esfuerzo se ajustará al nuevo sistema o quedará sin valor en una reforma que, según sus representantes, se ha impuesto sin consenso ni justificación sólida.
