El objetivo de esta medida es salvaguardar su protección y bienestar, evitando que sean vulnerables a redes de tráfico de personas y otras situaciones de riesgo.
El anuncio ha sido realizado hoy por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según ha explicado, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya ha comenzado a remitir expedientes de menores a la Delegación del Gobierno en Madrid para evaluar su posible reagrupación familiar, siempre en función del interés superior del menor.
Primeros expedientes enviados a Delegación del Gobierno
Hasta el momento, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha remitido cuatro expedientes de menores que actualmente permanecen en centros de acogida de la Comunidad de Madrid. Este órgano colegiado seguirá evaluando casos en los que se detecte una imposibilidad real de integración.
En particular, se está estudiando la situación de los menores implicados en los recientes incidentes en el Centro de La Cantueña para determinar si procede su reagrupación familiar en función de sus circunstancias específicas.
Protección para quienes buscan integrarse
El Ejecutivo autonómico ha subrayado que su prioridad es la protección de los menores, asegurando que la reagrupación se plantea como una solución para quienes, por su situación, no pueden recibir una atención educativa adecuada en España. Asimismo, ha remarcado que es fundamental garantizar la seguridad de la mayoría de los menores acogidos, quienes sí desean integrarse y continúan su formación sin incidentes.
Cada caso se valora de manera individualizada por la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que revisa los expedientes y traslada la solicitud a la Delegación del Gobierno cuando se constata que la intervención educativa no resulta viable.
El marco legal y la necesidad de una política exterior eficaz
La Comunidad de Madrid fundamenta su solicitud en el Real Decreto 557/2011 y en el Real Decreto 1155/2024, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Ambos textos establecen que, en ciertos casos, la mejor opción para el desarrollo del menor es su retorno al entorno familiar en su país de origen.
El Gobierno regional también ha recordado que el Tribunal Constitucional ha señalado recientemente que las competencias en materia de extranjería son irrenunciables por parte del Estado. Por ello, exige que el Ejecutivo central actúe en los países de origen de los menores y solicite a sus representaciones diplomáticas los informes necesarios para evaluar su situación, tal y como establece el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
En este sentido, Madrid insiste en la necesidad de desplegar una política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que, según el Ejecutivo autonómico, la respuesta no puede limitarse a una acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados de gestión.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
Paralelamente, la Comunidad de Madrid ha interpuesto hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno central en el Real Decreto ley 2/2025. Dicho decreto establece nuevos criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, esta reforma vulnera varios preceptos de la Constitución española y es inconstitucional, ya que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de protección y tutela de menores. Además, el Ejecutivo madrileño considera que esta normativa atenta contra los derechos fundamentales de los menores, al establecer criterios de distribución sin priorizar la garantía de su asistencia y bienestar.
