La Comunidad de Madrid ha interpuesto un tercer recurso judicial ante el Tribunal Supremo contra el último decreto aprobado por el Gobierno central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según el Ejecutivo autonómico, esta medida supone una nueva vulneración de las competencias autonómicas en materia de protección de menores y asistencia social.
El recurso, consultado por Europa Press, se suma a los dos anteriores ya presentados: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, y el segundo contra el decreto de desarrollo aprobado el 22 de julio en Consejo de Ministros. En ambos casos, el Gobierno regional denunció que se trata de una imposición del Ejecutivo central, sin consenso ni procedimiento adecuado.
En relación con el primer recurso, la Comunidad de Madrid y otras diez autonomías lo llevaron ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se invadían competencias exclusivas, se carecía de justificación de urgencia y se empleaba un instrumento normativo inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.
El segundo recurso fue registrado el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo, cuestionando la normativa que establecía medidas extraordinarias en situaciones de contingencia migratoria para proteger a la infancia y adolescencia no acompañada desde Canarias.
Ahora, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado la interposición de este tercer recurso, acusando al Gobierno central de pactar la medida con partidos independentistas. Según el Ejecutivo madrileño, este reparto beneficia especialmente a Cataluña y País Vasco frente al resto de regiones.
La Comunidad de Madrid sostiene además que el sistema de distribución no garantiza financiación suficiente para atender a los menores desplazados, lo que abocaría a una desigualdad territorial en la gestión de la atención social. “No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida”, subrayó el portavoz del Gobierno regional.
Paralelamente, el Ejecutivo autonómico ha reclamado al Gobierno central la información empleada para elaborar el reparto, denunciando que el procedimiento resulta “arbitrario, opaco y discriminatorio”. Además, ha insistido en que las comunidades autónomas deben ser partícipes de las decisiones que afectan a la gestión de la protección de menores migrantes no acompañados.
