La violación de una joven de 14 años, presuntamente a manos de un menor de origen marroquí residente en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, ha sumido a este distrito de Madrid en una intensa ola de tensión, polarización social y violencia callejera. Los hechos, ocurridos durante el fin de semana, han desencadenado una cascada de reacciones: declaraciones cargadas de emociones y xenofobia en concentraciones espontáneas, la convocatoria y posterior prohibición de una manifestación de Vox, y un ataque de represalia por parte de encapuchados contra menores del centro.
La crisis estalló tras conocerse la detención de un interno del centro por la presunta agresión sexual a la adolescente en un parque cercano. La noticia corrió como la pólvora, alimentando la indignación vecinal y sirviendo de catalizador para discursos de confrontación.
Declaraciones de indignación y odio
Durante la concentración de ayer, una madre, con la voz entrecortada, expresó en los micrófonos del youtuber RescueYou el miedo que recorre parte de la comunidad: "La niña que violaron era de la edad de mi hija... Hoy el gobierno nos quiere callar". Su testimonio, si bien parte de una emoción genuina, derivó en una generalización estigmatizante: acusó a "mayores" que "se pasan por menores" de ser los agresores y relató un incidente en el que su hija fue supuestamente acosada por un grupo de hombres a los que identificó como "moros".
Por su parte, una joven manifestante lanzó arengas directamente contra el Gobierno: "¿Dónde coño está Sánchez?", gritó, exigiendo "cadena perpetua para estos agresores". En un tono aún más radical, otro asistente afirmó con orgullo: "Si no quiero que esta gente esté en mis calles me convierte en racista, soy racista y con orgullo".
La prohibición de la manifestación y la espiral de violencia
Ante este clima enrarecido, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió prohibir la manifestación que Vox tenía previsto celebrar este martes frente al centro de acogida. La resolución, basada en informes policiales, argumenta que la concentración suponía un "elevado riesgo de alteración del orden público" y podía incurrir en "delitos de odio". Además, se señaló que vulneraba "el derecho a la intimidad y a un entorno seguro" de los menores residentes, muchos de ellos vulnerables.
La prohibición llega tras un grave incidente de represalia: en la noche del domingo, dos individuos encapuchados asaltaron y golpearon a varios menores del centro, resultando uno de ellos hospitalizado. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, condenó el ataque y advirtió de que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".
La batalla política
La portavoz de Vox, Pepa Millán, registró la protesta acusando al "bipartidismo" de traer una "inmigración ilegal, masiva e incompatible". Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado repetidamente al Gobierno central de "multiplicar la llegada" de menores migrantes y luego "desatenderse de ellos".
El caso de Hortaleza ha destapado una profunda herida social, enfrentando el derecho a la protesta y la legítima preocupación por la seguridad con el peligro de la estigmatización, el racismo y la violencia contra uno de los colectivos más vulnerables. La solución, lejos de los eslóganes incendiarios, parece requerir una gestión migratoria eficaz y un diálogo sereno que evite que hechos criminales individuales envenenen la convivencia de toda una sociedad.
