Hacienda vuelve a estar en el punto de mira. En apenas cuatro años, las reclamaciones de los contribuyentes contra la Agencia Tributaria se han disparado más de un 30 %, y casi la mitad de los casos acaban con una resolución favorable al ciudadano. Según un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) —organismo vinculado a la CEOE— el Estado se ha visto obligado a provisionar 1.112 millones de euros para devolver importes cobrados indebidamente. Una cifra que el economista José Ramón Riera ha calificado como “el mayor bofetón judicial a Hacienda en décadas”.
Una conflictividad tributaria en máximos
Los datos oficiales confirman una tendencia clara: las reclamaciones económico-administrativas ante la Agencia Tributaria han pasado de 180.916 en 2019 a 239.177 en 2023, según la Memoria del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). El incremento supera el 30%, y refleja un creciente malestar entre los contribuyentes.
De esas reclamaciones, casi la mitad son estimadas total o parcialmente, lo que implica que el ciudadano tenía razón frente a la Administración.
“El número de recursos que prosperan es demasiado alto para un sistema fiscal que presume de seguridad jurídica”, apunta un inspector tributario consultado por El Diario de Madrid. “Cuando una de cada dos resoluciones cuestiona la actuación de Hacienda, el problema no es el contribuyente: es el modelo.”
Un sistema que castiga la confianza
El informe del Instituto de Estudios Económicos, dirigido por Gregorio Izquierdo, ex presidente del INE, alerta de los efectos colaterales de lo que denomina una “actuación depredadora” de la Agencia Tributaria. Según el documento, el exceso de litigios y la presión recaudatoria están provocando un efecto disuasorio sobre la inversión privada y extranjera, además de incentivar el crecimiento de la economía sumergida.
La teoría es conocida en el ámbito económico: cuando los ciudadanos perciben que el sistema fiscal actúa de forma arbitraria o que los errores son habituales, tienden a reducir su exposición formal y a operar parcialmente fuera del radar de Hacienda.
En palabras de Riera, “cuanto mayor es la presión fiscal, mayor es el riesgo de que florezca la economía informal, porque muchos prefieren jugársela a perderlo todo antes que pagar injustamente”.
Menos inversión, más desconfianza
España recaudó el pasado año 294.000 millones de euros, un 8% más que en 2022, y la cifra podría alcanzar los 330.000 millones al cierre de 2025. Sin embargo, la inversión privada sigue un 3,5% por debajo del nivel de 2019, según datos del propio IEE, mientras que la inversión extranjera se mantiene muy lejos del récord alcanzado en 2018.
El organismo advierte de que esta situación erosiona la competitividad del país y genera una peligrosa sensación de inseguridad jurídica entre empresas e inversores.
“La estabilidad fiscal no se mide solo por cuánto recauda un Estado, sino por la confianza que inspira a los que crean riqueza”, resume Izquierdo en el documento. “Una Administración que se equivoca y tarda años en devolver lo cobrado indebidamente transmite incertidumbre, y la incertidumbre es el peor impuesto posible.”
Un problema de fondo: el modelo tributario
El caso de los 1.112 millones de euros provisionados para devoluciones no es solo una cuestión contable. Revela una crisis de confianza entre Hacienda y los contribuyentes. El aumento de reclamaciones, la lentitud en su resolución y la elevada tasa de errores en la aplicación de las normas fiscales dibujan un sistema complejo, costoso y poco predecible.
A todo ello se suma la creciente sensación de asimetría: el ciudadano que se equivoca paga sanciones inmediatas, pero cuando el error es de la Administración, la reparación tarda años en llegar.
El resultado, como señala el IEE, es un entorno que “desincentiva la inversión y penaliza la economía productiva”.
Recuperar la confianza fiscal
El desafío para Hacienda no es solo devolver dinero, sino recuperar la credibilidad. Un sistema tributario eficaz necesita equilibrio: firmeza frente al fraude, pero también garantías frente al abuso.
Mientras la conflictividad aumenta y los tribunales obligan a rectificar decisiones erróneas, crece la sensación de que la Agencia Tributaria ha perdido el pulso de la economía real.
La recaudación récord no puede ocultar una realidad incómoda: sin seguridad jurídica, no hay confianza; y sin confianza, no hay inversión. El problema, como resume un veterano asesor fiscal, “no es cuánto cobra Hacienda, sino cómo lo hace”.
