El fiscal Ignacio Stampa ha asegurado en una denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había ordenado “hacer limpieza sin límite” tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez.
Según el escrito, incorporado al sumario del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Stampa mantuvo una reunión con ambos el pasado 7 de mayo de 2025, donde —afirma— se le sugirió que “la situación debía revertirse, caiga quien caiga”.
Una reunión bajo sospecha
El encuentro se produjo, según relata el fiscal, a raíz de una cita concertada a través de un intermediario. En principio, también iba a participar el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien finalmente no acudió. Fue Leire Díez quien “excusó su ausencia y aseguró que le trasladaría después todo lo que se dijera”, indica el documento judicial.
Durante la reunión, Pérez Dolset explicó que habían contactado con Stampa porque, tras la imputación de Begoña Gómez, “el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite”. Añadió que “la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente”.
Al preguntarle quién era ella y por qué se interesaba en esos asuntos, Díez respondió que era “la persona que el PSOE ha puesto para saber qué hay detrás de todo esto”, en referencia a las presuntas “irregularidades en los informes policiales y de los fiscales anticorrupción”.
Sospechas de intento de influencia judicial
Stampa, conocido por su papel en el caso Villarejo, sostiene que aunque no se le propuso “ninguna actuación delictiva de forma directa”, los interlocutores insistieron en obtener información sobre tres funcionarios concretos: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
El fiscal relata que la reunión terminó sin que aportara ningún dato, y que poco después decidió informar a la Fiscalía Superior de Madrid, el pasado 3 de junio, sobre el contenido del encuentro y sus sospechas.
El caso forma parte de una investigación más amplia dirigida por el juez García Castellón, en la que Leire Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Una red “coordinada” para anular investigaciones
La Fiscalía Provincial de Madrid acusa a Díez de liderar una actuación “coordinada” con otros implicados para anular o interferir en investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de Anticorrupción, “en nombre de altas instancias del Estado”.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de denuncias de la asociación Hazte Oír, que derivaron de unos audios en los que supuestamente se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre fiscales y agentes de la UCO.
En esos audios, la exmilitante socialista se refería a un supuesto “plan” para controlar las investigaciones que afectaban a personas del entorno del Gobierno.
Contexto político y judicial
El caso se produce en medio de una creciente tensión política por la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El presidente Sánchez ha denunciado públicamente una “campaña de acoso judicial y mediático” contra su familia, mientras que desde la oposición se exige transparencia y explicaciones inmediatas sobre los hechos revelados por Stampa.
Por su parte, el juez García Castellón, que instruye la causa, ha asegurado recientemente que los ataques políticos y mediáticos contra él y otros fiscales “no son casuales”, señalando a “altos cargos del Gobierno” como responsables del intento de deslegitimar la investigación.
