La Fiscalía ha presentado su oposición a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prorrogar hasta abril de 2026 la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que el procedimiento, al poder corresponder al tribunal del jurado, no está sujeto a los plazos de instrucción ordinarios.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el Ministerio Público sostiene que la prórroga “no es procedente ni necesaria”, al no encontrarse la causa sometida a las limitaciones temporales que marca la ley para otras investigaciones.
El juez extiende la causa seis meses más
El juez Peinado había acordado ampliar seis meses más la instrucción del procedimiento, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida de marca y malversación.
Según el auto judicial, la medida se justifica en la existencia de “numerosas diligencias pendientes de resolver”. El nuevo plazo comenzaría a contar desde el 16 de octubre de 2025 y se prolongaría hasta mediados de abril de 2026, fecha en la que se cumplirían dos años desde la apertura del caso y pocos meses antes de la jubilación del magistrado, que alcanzará los 72 años.
La Fiscalía: “No hay delito, solo irregularidades administrativas”
La Fiscalía mantiene su posición de que no existen indicios suficientes de delito. En la vista celebrada el 6 de octubre, a la que Begoña Gómez no acudió, el fiscal José Manuel San Baldomero respaldó la solicitud de archivo definitivo de la causa, coincidiendo con la defensa de la esposa del presidente.
Durante su intervención, San Baldomero explicó que las supuestas irregularidades señaladas por la Intervención General del Estado en el marco de las subvenciones analizadas “son de carácter administrativo” y que no hay pruebas de lucro personal ni de un uso irregular de su posición institucional.
“No se ha acreditado que la señora Gómez obtuviera ningún beneficio económico ni que interviniera de forma directa en decisiones públicas”, argumentó el fiscal, insistiendo en que la causa debería cerrarse por falta de base penal.
La acusación popular insiste en mantener la causa abierta
Pese a la postura de la Fiscalía, la acusación popular, ejercida por la organización HazteOir a través del letrado Javier María Pérez Roldán, ha defendido la continuidad del procedimiento. A su juicio, Begoña Gómez se habría prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en decisiones administrativas y empresariales.
Pérez Roldán considera que las actuaciones judiciales deben continuar para “esclarecer si hubo aprovechamiento de su posición institucional”.
Debate sobre el procedimiento y el tribunal del jurado
Paralelamente, el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Peinado de transformar el proceso al ámbito del tribunal del jurado, una figura prevista para delitos como el tráfico de influencias.
En su recurso, la defensa de Barrabés reconoce que dicho delito puede justificar la intervención de un jurado, pero advierte que no deben incluirse por extensión otros delitos conexos —como corrupción en los negocios o intrusismo— al no responder al espíritu de la norma. “La aplicación del tribunal del jurado debe ser restrictiva, no expansiva”, señala el escrito.
Un caso marcado por la controversia judicial y política
La investigación sobre Begoña Gómez, abierta en 2024, ha generado una intensa polémica política al afectar directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Mientras el juez Peinado sostiene la necesidad de continuar con las pesquisas para agotar todas las diligencias, la Fiscalía reitera que no existen indicios sólidos que justifiquen la continuidad del proceso, calificando los hechos de “meras irregularidades administrativas” sin relevancia penal.
El caso queda ahora pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse sobre la validez de la prórroga y sobre el posible archivo de la causa.
