El Tribunal Supremo ha decidido mantener en libertad a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, después de que este se acogiera a su derecho a no declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’. Pese a los indicios de su papel como “gestor y custodio” de fondos opacos, el juez ha ratificado las medidas cautelares vigentes, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que el riesgo de fuga está “suficientemente mitigado”.
El juez rechaza su ingreso en prisión provisional
Durante la vista celebrada este jueves en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente ha optado por no enviar a prisión a García, manteniendo la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez.
El fiscal, aunque reconoció la existencia de un riesgo de fuga, coincidió en que las medidas actuales son adecuadas para garantizar su control judicial. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, pidieron su ingreso inmediato en prisión, argumentando que “el dinero al que Koldo se refería como ‘chistorras’ aún no ha aparecido”.
Fuentes jurídicas explican que el juez, al igual que hizo un día antes con José Luis Ábalos, se alineó con la posición del Ministerio Público, aunque advirtió que el riesgo de fuga podría aumentar conforme avance la investigación y se acerque el juicio, lo que podría derivar en medidas “más gravosas”.
Silencio ante el juez, pero no ante los medios
Durante la sesión, el fiscal reprochó a Koldo García su silencio ante el juez, recordando que sí ha realizado declaraciones a diversos medios de comunicación sobre su situación. La abogada defensora, Leticia de la Hoz, replicó que su cliente “tiene derecho a defenderse como pueda” fuera del proceso judicial.
Koldo llegó al Tribunal Supremo poco antes de las diez de la mañana, acompañado de su letrada y cargando una mochila, sobre la que bromeó ante los periodistas afirmando ser un “hombre precavido”. En su entorno aseguran que está preparado para entrar en prisión si el juez lo considera oportuno.
Un papel clave en la presunta trama de comisiones
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a García como “gestor y custodio” del dinero opaco procedente de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Según la investigación, Koldo habría actuado como intermediario en contratos públicos y encargado de ocultar fondos junto a otros implicados en la trama, entre ellos el empresario Víctor de Aldama.
La estrategia de la defensa: cuestionar el alcance del suplicatorio
La defensa de García ha solicitado recientemente al Supremo anular parte de las diligencias del caso, alegando que el Congreso no autorizó expresamente investigar determinados hechos al conceder el suplicatorio de Ábalos, único aforado en la causa.
En su escrito, la abogada sostiene que el Supremo solo puede investigar las adjudicaciones irregulares de material sanitario durante la pandemia, y no otros posibles delitos, como la colocación de personas en empresas públicas o los presuntos amaños en obra pública.
Contexto judicial y comparativa con otros implicados
La decisión de mantener en libertad a García se produce un día después de que el juez hiciera lo mismo con José Luis Ábalos, quien también optó por guardar silencio durante su comparecencia. En ambos casos, las acusaciones populares reclamaron prisión provisional, mientras que la Fiscalía Anticorrupción se opuso, defendiendo las mismas medidas cautelares.
Por ahora, solo el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en prisión preventiva, debido al riesgo de fuga y a su “papel principal” en la presunta trama.
Crece la presión política en torno al ‘caso Koldo’
La situación judicial de Ábalos y su exasesor sigue generando una fuerte tensión política. El Partido Popular exige responsabilidades y acusa al Gobierno de Sánchez de “tolerar la corrupción”, mientras que el Ejecutivo evita pronunciarse directamente sobre el caso.
El magistrado Puente ha dejado claro que podría revisar las medidas cautelares si los indicios se refuerzan o si detecta nuevas conductas que aumenten el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
