La retirada de menores por parte de los servicios sociales en España constituye una de las medidas más sensibles dentro del sistema de protección a la infancia. La legislación española establece que estas actuaciones solo deben producirse cuando exista una situación grave de riesgo o desamparo para el menor, como casos de maltrato, abandono, violencia doméstica, abusos o negligencia severa. Concretamente según los últimos datos oficiales del Ministerio de Juventud e Infancia indican que, a finales de 2024, había unos 55.000 menores bajo medidas de protección en España, de los cuales alrededor de 36.400 estaban en acogimiento (familias o centros).
La ley diferencia claramente entre “situación de riesgo” y “situación de desamparo”. En la primera, el menor permanece con su familia bajo supervisión y apoyo de los servicios sociales. En la segunda, cuando la administración entiende que los padres no pueden garantizar la protección básica del menor, puede acordarse la tutela pública y la retirada temporal del niño.
Los expedientes se inician a partir de denuncias, informes escolares, actuaciones médicas, intervenciones policiales o comunicaciones vecinales. A partir de ahí se debieran desarrollar entrevistas, visitas domiciliarias, informes psicológicos y evaluaciones sociales, con lo que se toma una decisión, pero lo grave es que la decisión la toma la administración , (asistentes sociales etc.). Cuando entendemos que debiera tomarla directamente un/una JUEZ de menores. Y contra la decisión de separar al niño/a de sus padres , sus progenitores pueden recurrir judicialmente, pero los procedimientos resultan complejos y difíciles de afrontar para familias vulnerables.
Desde LA Congregación Fe y Esperanza(Católica) que lidera su fundador el Padre Teodoro González, se lucha denostadamente para poder revertir la situación de tanto niño/a separado de sus padres por la fuerza, no voy a decir que la administración secuestra a esos niños, pero de verdad que lo parece. El líder de esta fundación religiosa, conocido por su activismo en defensa de familias afectadas por retiradas de menores, asegura haber sufrido denuncias periódicas y acusaciones que considera infundadas. Y lo que queda evidenciado es que estas actuaciones buscan desacreditar públicamente su labor y provocar desgaste económico, judicial y personal para frenar su actividad de denuncia social.
Deseo que reflexionen sobre el coste de mantener a un menor en esas circunstancias
Los importes oficiales publicados en boletines autonómicos rondan: unos 175 a 207 € por día en plazas de protección de menores. Eso equivale aproximadamente a: entre 5.000 y 6.500 € mensuales por plaza.
En algunos centros especializados el coste puede ser aún superior. Varias verificaciones periodísticas y administraciones autonómicas sitúan la media alrededor de 4.000–4.500 € mensuales por menor en centros residenciales.
Y ahí lo dejo.
La Congregación Fe y Esperanza (Católica) encabezada por el padre Teodoro González afirma haber acompañado casos en los que las familias consideran que la pobreza económica, conflictos familiares no graves o denuncias sin pruebas suficientes terminaron derivando en expedientes de protección desproporcionados, y asegura que apoyados en la naturaleza de la fe y la dedicación a los más necesitados desde la Congregación seguirán luchando por evitar que estas separaciones se sigan produciendo porque en muchos de los casos ( incluso en demasiados) van en detrimento del bienestar emocional del niño/a y la desesperación de los padres.
Explicadas estas circunstancias, de forma paralela diversas fundaciones y asociaciones de apoyo familiar continúan en la tarea de defender la necesidad de equilibrar la protección de la infancia con el derecho de los niños a permanecer junto a sus familias siempre que ello sea posible, seguro y compatible con su bienestar.
