Hace años que América Latina dejó de enfrentar únicamente un problema de inseguridad. Lo que hoy vivimos es algo mucho más grave: la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político. Y mientras muchos dirigentes prefieren callar por conveniencia ideológica o temor, la realidad avanza con una violencia devastadora sobre nuestras democracias.
El narcotráfico ya no actúa solamente desde la clandestinidad. Tiene capacidad económica, territorial y política. Financia campañas electorales, condiciona gobiernos, infiltra instituciones y, en algunos casos, directamente cogobierna regiones enteras. Ese es el verdadero drama que atraviesan hoy países como Venezuela, Colombia y México.
En Venezuela, el régimen chavista terminó convirtiendo al Estado en una estructura funcional a negocios ilícitos que incluyen el narcotráfico, el contrabando de oro y la comercialización irregular de petróleo. Nicolás Maduro representa la degradación absoluta de una dictadura que perdió toda legitimidad democrática. La persecución política, la corrupción y la utilización de recursos estatales para sostener una maquinaria de poder forman parte de una misma lógica.
Ahora aparece Delcy Rodríguez intentando construir una imagen moderada frente a la comunidad internacional. Pero no se puede disfrazar la realidad. Venezuela continúa siendo un país devastado institucionalmente, donde millones de ciudadanos escaparon del hambre, de la violencia y de la falta de libertades.
En Colombia, el problema tampoco es nuevo. El narcotráfico lleva décadas condicionando la vida política y social del país. Lo vimos en los años más oscuros de los carteles y vuelve a aparecer hoy alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Las investigaciones judiciales vinculadas al financiamiento de su campaña son extremadamente graves y han deteriorado aún más la confianza pública.
Colombia enfrenta además otro riesgo: la normalización de la convivencia entre sectores políticos y organizaciones criminales. Cuando un Estado empieza a relativizar el avance del narcotráfico, el deterioro institucional se acelera inevitablemente.
Pero el caso más preocupante en este momento es México. Allí el narcotráfico no solo controla rutas de drogas; controla territorios, impone reglas y desafía abiertamente al Estado. Los carteles asesinan alcaldes, amenazan gobernadores y condicionan procesos electorales enteros.
La estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador fue presentada como una política humanista, pero terminó transmitiendo un mensaje de debilidad frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas. Mientras tanto, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos provocó una crisis sanitaria de dimensiones históricas.
La presión de Washington sobre México crece porque el problema dejó de ser exclusivamente latinoamericano. Hoy el narcotráfico es una amenaza continental que afecta la seguridad, la economía y la estabilidad democrática de toda la región.
Frente a este escenario, muchos dirigentes siguen mirando hacia otro lado. Algunos por afinidad ideológica. Otros por conveniencia política. Y otros, directamente, porque el miedo se instaló en estructuras institucionales que ya no logran enfrentar a las mafias.
Yo creo que América Latina todavía está a tiempo de reaccionar. Pero para hacerlo primero debemos animarnos a decir la verdad. Sin eufemismos y sin corrección política. El narcotráfico no es solamente una organización criminal: es un cáncer que busca capturar el poder político.
Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a vaciarse desde adentro.
