El ministro del Interior, ese mismo que envía a las fuerzas de seguridad a enfrentarse a la muerte sin los medios necesarios que él reiteradamente les niega, ha salido con santa indignación a pedir que el Consejo General del Poder Judicial -terreno de forcejeos políticos donde los haya- abra expediente a un juez que se permite escribir en un auto de imputación que ¡algún policía podría sentirse tentado de actuar contra la ley! Ese mismo es el ministro que sostiene a viento y marea a una directora de la Guardia Civil que ha sido pillada en sus mentiras y ha hecho la vida imposible a los agentes de la unidad encargada de la lucha contra la corrupción.
Recordemos – sólo algún ejemplo- lo que ocurrió, con Delcy Rodríguez en Barajas y con Puigdemont en la frontera; o con los millones tras una pared de un jefe de una brigada antidroga. ¿Es que el juez no puede mencionar la posibilidad de algún policía infractor entre los motivos para la retirada del pasaporte de una muy escoltada imputada, no sea que, ayudada desde una cloaca del Estado, pueda “fugarse en algún maletero” mientras un agente algo laxo mira para otro lado?
Hablando de cloacas ¿es que todos los fontaneros tendrían que salir en masa a defender su buen nombre porque a una de las mayores corruptas que se mueven por esos subterráneos socialistas la hayan llamado fontanera? ¿Acaso no sería desproporcionado? Pues bien, en esta ocasión un sindicato policial se ha lanzado a la carga contra ese horrendo desliz del juez Peinado ¡como si hubiera ofendido al buen nombre del cuarto de millón de agentes de policía de España!
¿Recuerdan ustedes alguna condena así de estentórea de un sindicato policial contra el famoso DAO que boicoteó la investigación del hermano del presidente del gobierno? ¿No hubo etarras que huyeron a tiempo gracias a una filtración dentro de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Es un baldón para todos los policías mencionar estos y otros casos?
Pues hete aquí que el juez que instruye la causa para juzgar a la esposa del presidente de gobierno, entre las razones para quitarle el pasaporte, formule la hipótesis de que un escolta -¡de entre los más de 245.000 policías nacionales¡- podría verse inclinado (interpreto yo que por incentivos llovidos del partido financiador de la fontanera del gobierno) a hacer la vista gorda ante la fuga de la primera dama, imputada con pruebas, de haberse aprovechado de la cobertura de su marido en la Moncloa para apoderarse de lo que no es suyo, entre otros delitos de tráfico de influencias.
Lo cierto es que el juez Peinado no ha acusado a ningún policía. Pero, sin quererlo, ha dado pie a que la bien lubrificada narrativa de la cohorte de Pedro Sánchez lance su acostumbrada algarabía para dar la vuelta al proceso de su esposa Begoña Gómez, como presunta delincuente ¡para convertir en infractor al mismísimo juez que instruye su causa! ¡En materia de lawfare este gobierno y su partido no tiene nada que envidiar a Donald Trump!
Tras ver como estos mismos que gritan ahora en defensa de la mujer del Cesar, ya salieron a dar su apoyo a la creciente caterva de los acusados del PSOE que ya van siendo condenados, un mínimo de prudencia se les debería recomendar.
¡Esas manos que han ido poniendo en el fuego empiezan a quemarse!
