El juez Juan Carlos Peinado ha acordado enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Además, ha decretado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
En un auto de 84 páginas, el magistrado sostiene que existen indicios suficientes para que un jurado popular determine el desenlace del procedimiento. Entre las consideraciones recogidas en la resolución, el juez señala que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, se produjo un cambio en la trayectoria de Begoña Gómez.
Indicios de aprovechamiento de su posición institucional
El magistrado considera reforzado el indicio de tráfico de influencias derivado de la posición institucional de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno.
Según el auto, habría aprovechado presuntamente esa condición para impulsar su carrera profesional y facilitar el acceso a ayudas y contratos públicos a empresas privadas.
El juez también aprecia indicios suficientes para procesarla por corrupción en los negocios, al considerar que fue impulsora de la captación de fondos privados y que habría ofrecido ventajas competitivas a empresas que participaban en procedimientos de licitación pública.
Procesada por cuatro delitos
La resolución judicial mantiene la imputación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, mientras que acuerda el sobreseimiento respecto al delito de intrusismo profesional al entender que únicamente existe un indicio que califica de "endeble".
Asimismo, el procedimiento continúa contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, por los mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El magistrado ha concluido así una instrucción que se ha prolongado durante casi dos años y ha concedido un plazo de cinco días a las partes personadas para que formulen las actuaciones que estimen oportunas respecto a la apertura del juicio oral.
El Gobierno expresa su rechazo al auto
Desde el Ejecutivo han insistido en la inocencia de Begoña Gómez. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su confianza en que un tribunal superior e imparcial acabe revocando la resolución.
Por su parte, fuentes de Moncloa han trasladado su "indignación" por el contenido del auto y han señalado que algunas decisiones del juez han coincidido con viajes oficiales del presidente del Gobierno al extranjero.
PP y Vox cargan contra el Gobierno tras la decisión judicial
La resolución también ha provocado reacciones en la oposición. Desde el Partido Popular han asegurado respetar el trabajo de la Justicia y han calificado la situación de "absolutamente increíble".
Por su parte, desde Vox han sostenido que el procesamiento de Begoña Gómez por estos cuatro delitos evidencia, a su juicio, la existencia de una trama de corrupción vinculada al Gobierno.
Con esta decisión, Begoña Gómez afronta la apertura de un procedimiento judicial por cuatro presuntos delitos y queda sometida a medidas cautelares que le impiden abandonar España y la obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
