Como muchos hijos de quienes han llevado un uniforme, crecí viendo este oficio como algo más que un trabajo. Es una vocación, es un servicio y, durante muchos años, también fue para mí un sueño de infancia. Para quienes hemos vivido cerca de la realidad policial, sabemos que detrás de cada uniforme hay sacrificio, disciplina y una preparación que la inmensa mayoría de los ciudadanos no alcanzamos.
Por eso me sorprende la indignación que ha provocado la posibilidad planteada por el juez Juan Carlos Peinado de que una persona protegida por escoltas pudiera, hipotéticamente, beneficiarse de esa protección para eludir la acción de la justicia.
La discusión no debe focalizarse en si la Policía es buena o mala. Me parece que es una simplificación infantil. Para mí, la cuestión de fondo es otra: las instituciones están formadas por seres humanos.
Durante los últimos años hemos asistido a demasiadas controversias para seguir creyendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad viven completamente aisladas de la política. Hemos visto debates sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra en momentos críticos del desafío independentista; hemos presenciado polémicas por nombramientos, ascensos y ceses en la Policía Nacional y la Guardia Civil; hemos leído informaciones sobre procesos de selección y promociones cuestionadas por asociaciones profesionales; hemos visto como incluso políticos retirados tienen influencia sobre determiandos asuntos y hemos comprobado cómo quienes se juegan la vida combatiendo el narcotráfico en el Estrecho denuncian una y otra vez la insuficiencia de medios que algunos no atienden por sus propias prioridades, que claro no son ni los agentes que se juegan la vida ni los ciudadanos a los que estos protegen.
Nada de ello significa que los cuerpos policiales hayan dejado de ser profesionales. Más bien al contrario. Precisamente porque son grandes profesionales debemos reconocer una evidencia que algunos prefieren ignorar: un agente entrenado, con acceso a información, recursos y conocimiento operativo, tiene una capacidad infinitamente superior a la del ciudadano común para facilitar o impedir determinadas actuaciones.
Si algún día un policía, un guardia civil o cualquier funcionario preparado decidiera actuar incorrectamente —por iniciativa propia o siguiendo instrucciones indebidas de algún superior— sus posibilidades de hacerlo con eficacia serían muy superiores a las mías y probablemente a las de cualquiera que esté leyendo estas líneas. No porque la institución sea corrupta, sino porque la preparación profesional multiplica las capacidades de quien la posee.
Reconocer esta realidad no es un ataque a estos profesionales. Es exactamente lo contrario. La confianza en una institución no consiste en creer que todos sus miembros son infalibles. Consiste en asumir que pueden existir errores, abusos o desviaciones y que el propio sistema dispone de mecanismos para detectarlos y corregirlos.
Quienes admiramos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deberíamos temer este debate. Porque la fortaleza de una institución no reside en negar las debilidades humanas de quienes la integran, sino en garantizar que nadie, por poderoso que sea, pueda utilizarlas en beneficio propio.
Ni para perseguir injustamente a un ciudadano. Ni para ayudarle a escapar de la justicia.
