Denuncia

Amsterdam&Partners denuncia ante la OCDE los abusos de Hacienda y pide su intervención por violaciones tributarias sistemáticas

El bufete remite una carta de 24 páginas al secretario general Mathias Cormann, en la que detalla infracciones del sistema fiscal español contra contribuyentes impatriados

Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero | Foto del Congreso de los Diputados
photo_camera Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero | Foto del Congreso de los Diputados

El prestigioso despacho Amsterdam&Partners ha presentado una queja formal ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denunciando lo que califica como "violaciones sistemáticas" por parte de la Agencia Tributaria española (AEAT) en el uso de datos fiscales internacionales y en el trato a contribuyentes nacionales y extranjeros, especialmente aquellos acogidos al Régimen de Impatriados, conocido como Ley Beckham.

La denuncia, firmada por el abogado Robert Amsterdam y remitida el pasado 30 de junio al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, expone en 24 páginas una detallada serie de actuaciones de Hacienda que, según el bufete, vulneran tanto la legalidad nacional como múltiples convenios y normas internacionales avaladas por la propia OCDE.

Uso coercitivo de datos del CRS

Uno de los puntos centrales del escrito es la acusación a Hacienda de utilizar de forma abusiva la información recogida a través del Common Reporting Standard (CRS), un estándar internacional promovido por la OCDE para el intercambio automático de datos financieros. Según la denuncia, inspectores de la AEAT habrían empleado estos datos como herramienta de coacción, amenazando a contribuyentes con la remisión al Ministerio Fiscal si no accedían a acuerdos, sin disponer de pruebas suficientes ni autorización de los países que remitieron los datos.

Esta práctica, de acuerdo con el bufete, contraviene directamente el Artículo 22 del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MAC) y vulnera los principios de legalidad, proporcionalidad, buena fe y seguridad jurídica que rigen el derecho internacional tributario.

Sistema de incentivos opaco y perverso

En la carta se señala que la raíz del problema reside en un sistema de incentivos económicos aplicado a los inspectores de Hacienda, que supedita parte de sus ingresos a la emisión de actas y sanciones, incluso aunque estas sean posteriormente anuladas por vía judicial. Según Amsterdam&Partners, este modelo fomenta conductas abusivas y contrarias a una buena administración, y crea un entorno de litigiosidad crónica que ha sido reiteradamente denunciado por expertos y tribunales.

Instrumentalización política de la información fiscal

La misiva también denuncia el uso político y partidista de la información tributaria confidencial por parte del Estado. Se afirma que el Fisco filtra selectivamente datos sensibles con fines ajenos al interés general, conducta que el bufete califica de "reprobable y sistemática" y que ha sido supuestamente corroborada por recientes imputaciones judiciales, incluido el Fiscal General del Estado.

Retroactividad en el Régimen de Impatriados

La queja se centra especialmente en el Régimen de Impatriados (Ley Beckham), al que se acusa al Gobierno español de haber saboteado desde dentro, aplicando interpretaciones retroactivas que invalidan derechos previamente adquiridos por los contribuyentes. Esta actuación, insisten, difiere de la política seguida en otros países de la OCDE, como Reino Unido o Portugal, donde estos regímenes se respetan y protegen.

Amsterdam&Partners denuncia que España ha violado varios instrumentos de la OCDE, incluyendo el Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio, el CRS, la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua (MAC) y los principios de cooperación fiscal justa y transparente.

Exigen la intervención de la OCDE

La carta no se limita a exponer los hechos, sino que insta a la OCDE a adoptar medidas concretas:

  1. Revisión formal del caso por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

  2. Investigación estructurada sobre el uso por parte de España de los datos del CRS.

  3. Evaluación urgente del cumplimiento de España por el Foro Global de Transparencia Fiscal.

  4. Guía interpretativa sobre las limitaciones legales del uso del CRS y la MAC.

  5. Advertencia internacional sobre el uso indebido de datos fiscales en España.

  6. Suspensión inmediata de medidas retroactivas y restauración de los derechos originales de los contribuyentes impatriados.

En su conclusión, el bufete subraya que la conducta de Hacienda "pone en peligro la legitimidad del sistema fiscal internacional que la OCDE ha construido" y exige una acción correctiva urgente para salvaguardar los principios del Estado de Derecho, el debido proceso y la equidad tributaria.

Amsterdam&Partners, que ya había advertido de una posible macrocausa judicial en España por estos mismos hechos, ha señalado que llevará esta batalla "tan lejos como sea necesario" para restaurar los derechos de los contribuyentes y defender la integridad del sistema tributario.