La ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento de los fondos europeos Next Generation, está muy por debajo de lo esperado. A fecha 31 de mayo, España solo ha desembolsado 957 millones de euros, el equivalente a un escaso 5,4 % del total ajustado para este ejercicio (17.865 millones) y apenas un 3,8 % si se toma como referencia la cifra total de créditos autorizados para 2025 (24.835 millones de euros).
El dato, más allá de su carácter técnico, revela un riesgo real de perder más de 90.000 millones de euros si no se acelera la ejecución de los proyectos comprometidos antes de 2026, fecha límite fijada por la Comisión Europea para justificar el uso efectivo de los fondos.
Transición ecológica, ciencia y educación: las más afectadas
El reparto por ministerios evidencia retrasos significativos en ámbitos clave para la modernización económica y social del país:
- Transición Ecológica: de los 4.997 millones disponibles, se han pagado solo 18,4 millones, el 0,8 %.
- Ciencia e Innovación: con 1.739 millones asignados, solo se han desembolsado 9.000 euros, una ejecución simbólica del 0,0 %.
- Educación y Formación Profesional: con 1.406 millones comprometidos, apenas se han abonado 677.000 euros (0,3 %).
- Inclusión y Seguridad Social: de 225 millones, solo 161.000 han sido liberados (0,1 %).
- Industria y Turismo: 5.092 millones presupuestados, pagos de apenas el 4,5 %.
- Transportes y Movilidad Sostenible: 2.590 millones en créditos, pero solo el 6 % ha llegado a destino.
Bruselas exige resultados, no promesas
El diseño del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia exige que los fondos europeos se vinculen a proyectos ejecutados y justificados, no simplemente comprometidos o anunciados. Sin esa verificación, la Comisión Europea puede exigir la devolución del dinero no ejecutado, lo que supondría no solo un fracaso político, sino una pérdida histórica de inversión pública para la transformación de la economía española.
Un maquillaje contable bajo sospecha
Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que el Gobierno podría estar retrasando deliberadamente los pagos a través de un Acuerdo del Consejo de Ministros (ACM) que permite “congelar” la ejecución presupuestaria. El objetivo sería reducir artificialmente el déficit público, ya que el dinero no pagado no computa como gasto.
Esta estrategia contable, aunque legal, genera desconfianza en Bruselas y pone en tela de juicio la verdadera capacidad del Ejecutivo para gestionar una oportunidad sin precedentes en inversión estructural.
Una oportunidad que puede convertirse en fiasco
España recibió una de las mayores asignaciones de fondos europeos en toda la Unión, más de 140.000 millones de euros, de los cuales una parte importante deben ejecutarse antes de 2026. A día de hoy, más de 90.000 millones están en riesgo si no se justifican adecuadamente los pagos.
Sindicatos, empresas, comunidades autónomas y organismos de control advierten de la urgencia de agilizar los trámites, ejecutar proyectos reales y cumplir con los hitos que exige la Unión Europea. No hacerlo supondría perder una década de impulso económico y deteriorar gravemente la imagen internacional del país en términos de gestión pública.
