El bufete internacional Amsterdam & Partners, con sede en Londres y reconocido por su experiencia en litigios de alto nivel, ha presentado una denuncia formal ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la Agencia Tributaria española, acusándola de mantener un sistema fiscal abusivo que vulnera derechos fundamentales de los contribuyentes.
La firma, liderada por el abogado británico Robert Amsterdam, sostiene que España incurre en prácticas de recaudación “sistemáticamente injustas, desproporcionadas y lesivas” para los derechos de autónomos, empresarios y ciudadanos en general. La denuncia también se está dirigiendo a otros organismos internacionales, como la ONU, Bruselas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de forzar un cambio en la política tributaria española.
Acusaciones de arbitrariedad, indefensión y presión fiscal
Entre las principales alegaciones de Amsterdam & Partners figura el uso sistemático de inspecciones arbitrarias, que en palabras del bufete “violan la presunción de inocencia” del contribuyente. Citan como ejemplo que entre 2019 y 2023 se han realizado más de 3,7 millones de inspecciones fiscales, muchas de ellas consideradas excesivas o carentes de motivación fundada.
También se denuncia la presión coercitiva que sufren los inspeccionados, a quienes se ofrece una reducción del importe si aceptan el dictamen sin recurso, pero que se enfrentan a embargos inmediatos si deciden recurrir por la vía judicial. El sistema, según la denuncia, convierte al contribuyente en “culpable por defecto” y al proceso fiscal en una maquinaria recaudatoria “sin garantías ni equidad”.
Comparativa económica: más recaudación con menos crecimiento
La ofensiva legal también señala que la recaudación por IRPF ha crecido un 49 % entre 2019 y 2024, mientras que el PIB apenas ha aumentado un 27 %, una cifra que el bufete interpreta como un síntoma de voracidad fiscal desproporcionada. En contraposición, se recuerda que en 2009, durante la crisis financiera, la recaudación cayó un 10,5 %, en línea con el contexto económico de entonces.
Amsterdam subraya que, incluso durante la pandemia, cuando el PIB se desplomó un 9,9 %, la Agencia Tributaria logró recaudar más impuestos, lo que en su opinión solo es posible mediante el “endurecimiento extremo de los mecanismos de fiscalización y sanción”.
Denuncias sobre presunta corrupción y falta de independencia
Además de los aspectos técnicos, la denuncia alude a posibles irregularidades internas, como la existencia de conflictos de interés y favores dentro del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Según se recoge en declaraciones públicas, habría indicios de que altos cargos con conexiones políticas habrían arreglado sanciones tributarias a determinadas empresas, generando una situación de desprotección para los ciudadanos sin acceso a influencias.
Hacia una respuesta internacional
La estrategia del bufete pasa ahora por activar los mecanismos de revisión de la OCDE, donde España es Estado miembro, así como por presionar desde instancias europeas e internacionales para exigir reformas estructurales en el sistema fiscal. El objetivo, según Amsterdam, es “restablecer la justicia tributaria y acabar con el miedo al fisco que viven millones de españoles”.
El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y plataformas civiles, donde colectivos de autónomos y pequeños empresarios han comenzado a organizarse para sumarse a la denuncia o impulsar acciones paralelas.
Desde el Gobierno, por el momento, no ha habido una respuesta oficial, aunque se espera que el Ministerio de Hacienda se pronuncie en los próximos días ante la creciente repercusión del caso.
Si se demuestra la veracidad de las acusaciones, España podría enfrentarse a un serio reproche por parte de organismos internacionales, con implicaciones en su imagen exterior y en su sistema de gobernanza tributaria.
