Un total de 30 asociaciones de la sociedad civil española, coordinadas por el jurista Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, han remitido una nueva carta a las principales autoridades de la Unión Europea para reclamar una respuesta urgente ante lo que califican como un “golpe de Estado institucional” consumado en España. La petición se dirige a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
En las misivas, enviadas el 1 de julio, las asociaciones denuncian que la aprobación de la ley de amnistía por el Tribunal Constitucional el pasado 26 de junio constituye, en su opinión, una violación flagrante del Estado de Derecho, la separación de poderes y la Constitución española. Afirman que dicha aprobación ha “hecho estallar por los aires la Constitución” y representa una amenaza directa a la democracia, tanto en España como en Europa.
Acusaciones de “autoamnistía” y ruptura institucional
Los firmantes sostienen que la ley de amnistía “beneficia a quienes apoyaron la investidura del actual presidente del Gobierno” y denuncian su carácter inconstitucional y autoaplicado, alegando que los beneficiarios de la norma facilitaron con sus votos la reelección del presidente. También subrayan que esta situación ha sido criticada previamente por el Parlamento Europeo y por informes de la Comisión Europea, en los que se señalaba el riesgo para la independencia judicial y el orden constitucional en España.
Petición de dimisión del presidente del Gobierno
En este contexto, la sociedad civil solicita que las instituciones europeas emitan en los próximos siete días una declaración pública contundente que denuncie la situación y exija la derogación inmediata de la ley de amnistía, así como la dimisión del presidente del Gobierno de España y la convocatoria de elecciones generales. Según afirman, la gravedad del momento “trasciende cualquier ideología” y exige una respuesta proporcional por parte de las autoridades comunitarias.
Protestas judiciales sin precedentes
En su argumentario, las asociaciones citan la manifestación de jueces y fiscales el pasado 28 de junio ante el Tribunal Supremo, en pleno verano y con temperaturas extremas, para defender la independencia judicial, así como la huelga de la Judicatura en curso, como muestra del deterioro institucional que, aseguran, está afectando a uno de los pilares del sistema democrático.
Comparación con otras actuaciones europeas
En una parte especialmente crítica del escrito, los remitentes reprochan a Ursula von der Leyen su intervención reciente en defensa de la celebración de la fiesta LGTBI en Hungría, reclamándole la misma firmeza y urgencia para intervenir ante lo que consideran una crisis democrática de mayor calado en España. “Sin Estado de Derecho no hay posibilidad de ejercicio real de derechos y libertades”, insisten.
Exigen respuesta inmediata
Las asociaciones firmantes piden a las instituciones europeas que no ignoren “una deriva autoritaria y una corrupción institucional que, a su juicio, se ha consolidado con la cobertura del Tribunal Constitucional”, al que acusan de avalar una norma inconstitucional por razones políticas.
Desde la sociedad civil, se reclama que la UE “tome cartas en el asunto” y actúe con la contundencia que corresponde a una situación que, en palabras de Marichalar, ha cruzado todas las líneas rojas del sistema democrático europeo.
Las cartas concluyen con un llamamiento urgente a preservar los valores fundacionales de la Unión Europea, recordando que la protección del Estado de Derecho “no puede ser selectiva” ni debe estar sujeta a intereses políticos internos de los Estados miembro.
