La tensión social en torno al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares ha escalado un nuevo peldaño este fin de semana. Tras una manifestación no autorizada el viernes 4 de julio, en la que se exigía el cierre del centro tras conocerse la presunta agresión sexual a una joven por parte de un residente, la fachada del complejo amaneció al día siguiente con pintadas racistas y simbología nazi. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha denunciado los hechos públicamente y responsabilizado a la alcaldesa Judith Piquet (PP), a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular por alentar un “clima de odio y señalamiento”.
La pintada, captada y difundida en redes sociales por el propio delegado, incluye el mensaje “Negros al cementerio” junto a una esvástica nazi. Un hecho que ha generado una fuerte reacción institucional y ha intensificado el enfrentamiento político en torno a la gestión del centro y la convivencia vecinal.
Francisco Martín ha acusado a los responsables del PP de promover un discurso que “alimenta la violencia, los insultos y las amenazas”, calificándolo de “tremendamente irresponsable”. Ha vinculado directamente los mensajes racistas con la estrategia política del Partido Popular hacia Vox, alertando del peligroso caldo de cultivo que se está generando en el entorno del CAED, donde residen actualmente más de 1.700 personas migrantes, según cifras proporcionadas por el Ayuntamiento.
Así amaneció ayer el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Alcalá de Henares.
— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) July 6, 2025
Es el resultado del odio y el señalamiento. Esto, como la violencia en las calles, los insultos y las amenazas, son los frutos de la tremenda irresponsabilidad de la alcaldesa, del partido que… pic.twitter.com/fLaWNrTZKW
Las protestas comenzaron tras la detención de un residente del centro como presunto autor de una agresión sexual, lo que llevó a la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, a anunciar que pedirá formalmente el cierre del CAED en el próximo Pleno municipal, previsto para el 15 de julio. Piquet ha alegado que la instalación ha superado su capacidad y que está provocando “inseguridad y desorden” en el entorno. En declaraciones a medios autonómicos, la regidora afirmó que “las familias de Alcalá tienen derecho a vivir en un entorno seguro” y que la presencia del centro está afectando la calidad de vida de los vecinos.
La manifestación del viernes —que no contaba con autorización— terminó con la detención de un participante y un agente de policía herido, lo que evidenció la tensión creciente en la zona. A ello se suma la aparición de las pintadas de contenido abiertamente xenófobo, que reflejan una preocupante escalada en el discurso de odio hacia los migrantes acogidos en el centro.
Francisco Martín ha reiterado su rechazo a todo tipo de violencia, tanto sexual como racista, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política, especialmente desde los gobiernos autonómico y municipal. “El discurso populista y la criminalización de la migración tienen consecuencias reales, y esta es una muestra lamentable de ello”, ha señalado.
El conflicto en torno al CAED de Alcalá de Henares pone de relieve la delicada convivencia entre la gestión de la migración y la percepción de seguridad ciudadana, en un contexto cada vez más polarizado políticamente. Mientras desde el Gobierno central se defiende la necesidad de estos centros como parte de la política de acogida humanitaria, desde sectores locales y autonómicos se insiste en los efectos negativos que su presencia tendría sobre la seguridad y el bienestar vecinal.
El próximo pleno municipal será clave para conocer la evolución del conflicto. Por el momento, el Gobierno central ha evitado pronunciarse sobre la posible clausura del CAED, aunque fuentes de Delegación del Gobierno han asegurado que se reforzará la vigilancia y se investigarán los hechos delictivos ocurridos este fin de semana.
En un clima de creciente crispación, el caso de Alcalá de Henares se convierte en símbolo de un debate más amplio sobre la convivencia, la integración y la respuesta institucional ante el racismo. Lo ocurrido este fin de semana no solo evidencia la urgencia de políticas de seguridad y acogida más equilibradas, sino también la necesidad de reforzar el discurso de respeto, legalidad y derechos humanos frente al avance del odio.