El Partido Popular en el Senado ha anunciado que citará mediante edicto penal a Antxón Alonso, administrador de la empresa Servinabar 2000, tras no lograr localizarle por los canales ordinarios para que comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’. La comparecencia estaba prevista para el próximo 1 de julio, pero la falta de respuesta ha obligado al PP a activar esta vía legal.
Según informan fuentes del grupo parlamentario popular en la Cámara Alta, el objetivo es evitar que Alonso siga “eludiendo” su citación y “rinda cuentas” ante la comisión. El edicto penal se ampara en las disposiciones del Código Penal que permiten requerir comparecencias públicas ante la negativa o ausencia injustificada de testigos clave.
Vínculo con Cerdán y contratos públicos
El interés del PP en la comparecencia de Antxón Alonso se debe a su relación con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán poseía el 45 % de las acciones de Servinabar 2000, una empresa que habría recibido contratos públicos sospechosos en el marco de la trama que se investiga en el Senado.
El informe policial señala conexiones entre Cerdán, otros miembros del PSOE y adjudicaciones bajo sospecha, lo que ha situado a la empresa en el centro de las pesquisas políticas y judiciales en curso.
Críticas al Ministerio del Interior
Desde el PP denuncian que el Ministerio del Interior ha fallado en la localización de Alonso, a pesar del compromiso expresado por el ministro Fernando Grande-Marlaska de colaborar con la comisión de investigación. Según los populares, esta no sería la primera vez que un compareciente relevante no puede ser localizado por los servicios del Estado, lo que califican de “obstrucción”.
Además, en un tono abiertamente crítico, desde el grupo mayoritario en el Senado se acusa al entorno del Gobierno de haber alertado al compareciente para evitar su citación, insinuando que Alonso podría estar siguiendo una supuesta “estrategia de silencio” auspiciada por La Moncloa.
Precedente y advertencia política
La citación por edicto penal no es nueva en el marco de esta comisión. El PP ya recurrió a ella en los casos de Javier Hidalgo y Patricia Úriz, lo que marca un precedente de actuación para forzar la comparecencia de personas clave que no han respondido a los requerimientos previos.
“El juego del escondite tendrá la misma respuesta legal que en anteriores ocasiones”, advierten desde el PP, asegurando que continuarán con su labor de control al Ejecutivo de Pedro Sánchez y con la investigación de las presuntas tramas de corrupción que, a su juicio, afectan al entorno del Gobierno y del PSOE.
Este nuevo movimiento del PP intensifica la presión sobre el Ejecutivo en un contexto marcado por diversas investigaciones judiciales y parlamentarias, y por una creciente escalada política entre los grupos mayoritarios en ambas cámaras.
