El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que permitirá la condonación de hasta 85.000 millones de euros de deuda autonómica, en lo que supone la mayor reestructuración financiera territorial de la última década.
La medida, anunciada en Sevilla por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contempla que el Estado asumirá directamente 83.252 millones de euros correspondientes a comunidades de régimen común, por lo que Navarra y País Vasco quedarán excluidas al mantener su régimen foral.
Andalucía y Cataluña, a la cabeza de la quita
En el reparto, Andalucía será la comunidad que más se beneficiará de la operación, con una reducción de deuda de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones de euros. También destacan las cifras de la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones, y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones de euros condonados.
El Ejecutivo ha precisado que la medida busca aliviar la presión financiera de los gobiernos regionales y dotarles de mayor capacidad de gasto en servicios públicos esenciales.
El reparto entre comunidades
La propuesta recoge además condonaciones de 4.927 millones de euros para Castilla-La Mancha, 4.010 millones para Galicia, 3.643 millones para Castilla y León, 3.318 millones para la Región de Murcia y 3.259 millones para Canarias.
En un segundo bloque se sitúan Aragón (2.124 millones), Extremadura (1.718 millones), Baleares (1.714 millones), Asturias (1.508 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
Debate político y críticas
El anuncio ha generado controversia en el ámbito político, especialmente por su coincidencia con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y por el acuerdo previo alcanzado con ERC en relación a la deuda catalana. Desde la oposición se acusa al Gobierno de “ceder ante sus socios independentistas” y de plantear una medida que “prima a Cataluña y castiga a Madrid”.
Frente a estas críticas, la ministra Montero defendió que la quita “no supondrá ningún agravio territorial ni privilegios”, y que responde a un criterio de proporcionalidad y justicia financiera aplicable a todas las autonomías que forman parte del régimen común.
Próximos pasos
El proyecto de ley se aprobará el 2 de septiembre en Consejo de Ministros y se remitirá posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo confía en que esta medida permita a las comunidades equilibrar sus cuentas, mejorar su capacidad inversora y reducir los intereses de deuda, lo que se traducirá en un alivio para las arcas autonómicas en los próximos ejercicios.
