El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles ante el Congreso de los Diputados el papel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como “una de las piezas clave del funcionamiento del Estado democrático y de derecho”, frente a las acusaciones vertidas por el PP sobre una supuesta interferencia del Gobierno en las investigaciones que lleva a cabo esta unidad especializada.
Durante su comparecencia, solicitada por el grupo popular tras el escándalo por la presunta implicación de una exmilitante socialista en un intento de obtener pruebas contra miembros de la UCO, Marlaska subrayó que este cuerpo desarrolla su labor con total independencia judicial y dentro de los límites que establece el Estado de derecho. “Sus actuaciones dependen de jueces y fiscales, y se ajustan estrictamente a la legalidad”, ha recalcado.
La UCO, más reforzada que nunca
El ministro ha detallado que desde su llegada al cargo, en 2018, se ha producido una evolución “claramente positiva” en la estructura y dotación de la UCO. Según explicó, el número de agentes ha pasado de 300 a más de 550, y el catálogo de puestos se ha ampliado de 420 a más de 580 plazas. Esto ha permitido mejorar la cobertura operativa al 96%, cuando anteriormente era del 80%. Además, anunció una convocatoria para cubrir 150 nuevas vacantes dirigidas a suboficiales y guardias.
“La mejor manera de defender a la UCO no es con discursos incendiarios, sino con hechos: dándole más medios, personal y estabilidad”, señaló.
Acusaciones cruzadas y tensiones políticas
La intervención de Marlaska tuvo lugar en un contexto político marcado por la denuncia del PP, cuyo diputado Borja Sémper advirtió que la cúpula de la UCO podría ser “purgada” debido a su papel en investigaciones sensibles para el Gobierno, como el caso Koldo, el caso David Sánchez y el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El titular de Interior evitó responder directamente a las acusaciones y afirmó que no iba a entrar “en el barro”. En cambio, reivindicó que el Ejecutivo “no utiliza ni instrumentaliza el trabajo de la Guardia Civil, sino que garantiza su independencia y profesionalidad”.
Por su parte, el diputado de Sumar, Enrique Santiago, introdujo otro ángulo al señalar que la filtración de informes confidenciales procedentes de la UCO “solo puede haber salido de dentro de la propia unidad” y estar motivada por “intereses políticos desestabilizadores”.
Un servicio esencial para la seguridad y justicia
Marlaska aprovechó su intervención para recordar que la UCO es una unidad con más de 37 años de historia dedicada a combatir delitos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la delincuencia económica y la cibercriminalidad. “Su trabajo no solo es técnico, es esencial para el sostenimiento de nuestras instituciones democráticas”, afirmó.
También denunció que gobiernos anteriores “convirtieron el Ministerio del Interior en el buque insignia de la corrupción”, en referencia velada a etapas del Partido Popular, y defendió que desde su llegada se ha buscado “dignificar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
Marlaska concluyó su intervención reiterando su compromiso con la autonomía y neutralidad de la UCO, destacando que “esta defensa siempre ha estado en mis palabras, pero sobre todo, ha estado en nuestros hechos”.
