Un grupo de usuarias y extrabajadoras de la Casa de Acogida número 4, dependiente de la Comunidad de Madrid, ha denunciado ante la Fiscalía graves abusos y maltratos psicológicos en este centro destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. La denuncia ha sido canalizada a través de una asociación feminista y ya ha sido trasladada por la Fiscalía de Alcalá de Henares a los Juzgados de Arganda del Rey, encargados de iniciar la investigación judicial.
Las denunciantes relatan un ambiente hostil, con amenazas constantes de expulsión, retirada de la tutela de los hijos, sanciones arbitrarias y una gestión basada en el miedo y la coacción, en lugar de ofrecer un entorno de recuperación y seguridad.
El centro, cuya ubicación permanece protegida por motivos de seguridad, es gestionado por la empresa sin ánimo de lucro Trama, contratada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno regional. No obstante, la entidad ha declinado realizar declaraciones al respecto. Desde la Comunidad de Madrid han confirmado que se está llevando a cabo una investigación interna por posible mala praxis, a raíz de una denuncia previa interpuesta en diciembre.
Testimonios estremecedores
En el informe remitido al juzgado, las mujeres describen situaciones comparables a las vividas con sus agresores. “Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenerlo a quienes debían ayudarnos”, afirman. El control excesivo, la falta de privacidad, el registro de pertenencias sin consentimiento, la prohibición de salir sin autorización, así como insultos racistas y despectivos, son algunas de las situaciones denunciadas.
Entre los motes empleados por el personal del centro figuran “King Kong” para una mujer racializada de complexión grande, “mora” para una mujer musulmana, y “cara quemada” para una víctima con quemaduras visibles. Además, denuncian la manipulación deliberada por parte de la dirección, que enfrentaría a las usuarias entre sí utilizando a algunas como “espías” a cambio de privilegios.
También se han documentado irregularidades en la alimentación, como la negación de dietas adaptadas a menores con enfermedades o intolerancias, o la obligación de comer todo lo servido bajo amenaza de sanción. Se menciona la prohibición del uso de aire acondicionado en verano y la anulación de citas médicas necesarias, dificultando el acceso a urgencias incluso en casos graves.
Consecuencias emocionales y riesgo de recaída
Algunas mujeres reconocen haberse planteado regresar con sus maltratadores ante las condiciones de vida en el centro, lo que podría suponer un riesgo vital para ellas y sus hijos. Otras temen represalias si denuncian, ya que continúan alojadas en la red o siguen expuestas a la violencia de sus exparejas.
El relato colectivo alerta de una pérdida total de confianza en un sistema que debía ser su salvavidas. El recurso, dicen, ha pasado de ser un refugio a convertirse en “una cárcel, un infierno, un Guantánamo”.
Investigación en curso
La Comunidad de Madrid ha asegurado que revisará la gestión del centro y ha abierto una investigación para determinar si se han vulnerado los derechos de las mujeres acogidas. Mientras tanto, organizaciones feministas exigen transparencia, protección inmediata a las denunciantes y la intervención urgente de la administración para garantizar la dignidad de las víctimas acogidas en estos espacios.
