Plan Reside

Aprobado el Plan Reside: adiós a los pisos turísticos en edificios residenciales

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana prohíbe las viviendas turísticas en edificios residenciales del centro y prioriza el alquiler asequible y el comercio de proximidad
Guía para crear espacios de convivencia en inmuebles de la Agencia de Vivienda Social - Freepik
photo_camera Vivienda - Freepik

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proteger y fomentar el uso residencial en la capital.

Esta medida, bautizada como Plan RESIDE, supone un cambio de paradigma en la regulación del alojamiento turístico al impedir que turistas y vecinos compartan edificio, especialmente en el centro histórico, donde la presión del turismo ha vaciado muchos bloques de viviendas habituales.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Municipal del Partido Popular, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y el PSOE. Tras esta aprobación provisional, el texto se remitirá a la Comunidad de Madrid para su validación definitiva, prevista para agosto de 2025.

Fin a los pisos turísticos dispersos en zonas residenciales

Uno de los pilares del Plan RESIDE es la prohibición de los pisos turísticos dentro de edificios residenciales, incluso en plantas bajas, dentro del perímetro del centro histórico. Esta medida busca proteger la convivencia vecinal y garantizar el acceso a la vivienda habitual en una ciudad donde el 92,7 % de los alojamientos turísticos son pisos (16.100) y apenas 1.200 cuentan con licencia.

“Queremos que haya pisos turísticos en la ciudad, pero sin expulsar al vecino”, afirmó el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien defendió que este plan busca equilibrar “la actividad económica y el derecho a la vivienda”.

Solo se permitirá el uso turístico en edificios completos y exclusivos para esta actividad, con una licencia limitada a 15 años y siempre que se acometa una rehabilitación del inmueble, especialmente si está catalogado o presenta algún grado de protección.

Normas diferenciadas dentro y fuera del centro histórico

La nueva regulación divide la ciudad en dos ámbitos: el centro histórico, donde la normativa es más restrictiva, y el resto de Madrid, donde sí se permitirá el uso turístico en edificios completos o en viviendas con acceso independiente desde planta baja o primera planta, una novedad incorporada tras la fase de información pública.

Además, se contemplan incentivos urbanísticos para promover la transformación de edificios de oficinas o equipamientos dotacionales privados, obsoletos y catalogados, en viviendas de alquiler asequible y coliving, con especial atención a su rehabilitación. Actualmente hay 210 inmuebles con estas características en el centro histórico.

Protección del comercio local frente a la especulación turística

El Plan RESIDE también introduce medidas para preservar el comercio de proximidad, que se ha visto perjudicado en los últimos años por la conversión de locales en viviendas turísticas. Entre 2015 y 2024, más de 3.300 locales desaparecieron de la ciudad, especialmente en el distrito Centro.

Con la nueva normativa, se prohíbe convertir locales comerciales en viviendas o alojamientos turísticos tanto en el centro histórico como en las principales arterias terciarias de otros distritos, como Bravo Murillo, López de Hoyos, Alcalá o Marcelo Usera, entre otras.

Plan de acción transitorio y endurecimiento de sanciones

Hasta que el Plan RESIDE entre en vigor de forma definitiva, el Consistorio mantiene en marcha un plan de acción transitorio, iniciado el 25 de abril de 2024. Entre las medidas adoptadas destacan:

  • Suspensión temporal de nuevas licencias para pisos turísticos.
  • Refuerzo de la plantilla de inspectores en un 15 %.
  • Publicación de un listado oficial de VUT con licencia.
  • Endurecimiento del régimen sancionador, con multas de hasta 100.001 euros en caso de reincidencia.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha impuesto 89 multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros) y 92 sanciones graves, la mayoría por valor de 30.001 euros, y tres de ellas por 60.001 euros. También se ha registrado un incremento del 82 % en el número de viviendas que han vuelto voluntariamente al uso residencial.

En palabras de Carabante, “el Plan RESIDE permite el desarrollo del turismo, pero no a costa de expulsar a los madrileños de sus casas”.