El Gobierno tiene previsto aprobar este mes de julio la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, aunque con una cifra inferior a la convocatoria del año anterior, lo que ha provocado el rechazo unánime de los sindicatos. La propuesta final, tras cerrarse las negociaciones el pasado jueves entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales —CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA—, no ha logrado el consenso requerido por los representantes de los trabajadores públicos.
El Ministerio estima en unas 13.400 plazas de ingreso libre y 1.900 para personal laboral del IV Convenio, cifras que, aunque todavía no oficiales, han sido consideradas como insuficientes por las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que respecta a la creación de empleo neto en la Administración General del Estado (AGE).
Rechazo unánime por parte de los sindicatos
Tanto CCOO como UGT y CSIF han mostrado su frontal rechazo a la propuesta, argumentando que no se responde a las necesidades reales del servicio público ni se revierte la pérdida de efectivos registrada en los últimos años. Según CCOO, la AGE ha perdido más de 12.000 empleados en 2024, y en 2023 la cifra también fue negativa, con 10.000 bajas sin reemplazo suficiente.
El Gobierno ha comunicado a los sindicatos que la OEP 2025 generará unos 4.500 empleos netos, una cifra que, en opinión de los sindicatos, solo mantiene el nivel actual, pero no compensa el déficit acumulado. CCOO estima que serían necesarios al menos 26.400 puestos para recuperar la plantilla pública que garantice la atención adecuada a la ciudadanía.
Promoción interna y plazas desiertas
Otra de las principales críticas sindicales se centra en la falta de concreción en la promoción interna. El Ministerio indicó que estas plazas representarían el 32% de las ofertadas para turno libre, lo que supondría alrededor de 4.288 vacantes, una proporción menor que en 2024, donde se destinaron más de 10.000 plazas a este fin.
Además, los sindicatos alertan de que en 2024 quedaron desiertas unas 5.000 plazas, lo que pone en cuestión la eficacia del sistema actual. CSIF también criticó que la propuesta excluye al personal laboral en el exterior y considera que no hay voluntad política suficiente para revertir la precariedad en la función pública.
Persistencia de la tasa de reposición
Pese a las promesas previas del exministro José Luis Escrivá, la tasa de reposición sigue vigente, lo que impide una renovación profunda del personal público y dificulta el acceso a nuevas plazas. Los sindicatos exigen su eliminación como medida urgente para combatir la temporalidad y modernizar la administración.
Comparativa con la OEP 2024
En contraste, la OEP de 2024 incluyó un total de 40.146 plazas, de las cuales 31.465 fueron para la AGE. También se ofertaron:
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2.857 plazas para la Policía Nacional
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3.158 para la Guardia Civil
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2.666 para las Fuerzas Armadas
Además, por primera vez se reservaron 3.147 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 629 fueron para discapacidad intelectual.
En 2025, ya se han convocado 2.914 plazas para Policía Nacional, 3.118 para Guardia Civil y 2.960 para las Fuerzas Armadas, sumando 8.992 plazas, lo que representa un aumento del 3,6% respecto al año anterior en estas categorías.
Aprobación inminente y tensiones latentes
El Gobierno ha agradecido la “colaboración y aportaciones sindicales” durante el proceso negociador, pero mantiene su hoja de ruta con vistas a aprobar la OEP 2025 a lo largo de este mes de julio, manteniendo así el calendario habitual.
Sin embargo, la tensión con los sindicatos es evidente, y todo apunta a un verano conflictivo en el ámbito de la función pública, en el que se avecinan movilizaciones y presión política para exigir una apuesta firme por el refuerzo de los servicios públicos, la estabilidad del empleo y la garantía de una administración moderna, accesible y eficaz.
