El plan del Gobierno central para la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) ha desatado una fuerte polémica entre comunidades autónomas de distinto signo político. El Ministerio de Juventud e Infancia ha rebajado la financiación de 145 a 35,75 euros por niño y día, lo que supone un recorte cercano al 80 %. Con este ajuste, los gobiernos regionales denuncian que apenas podrán atender a los menores durante tres meses, mientras que el coste real supera los 4.000 euros al mes por cada plaza.
Del “coste real” al modelo “low cost”
La cifra de 145 euros diarios, calculada en 2021, ya era considerada ajustada, pues incluye ratios de educadores, seguridad privada y mejoras contractuales necesarias en los centros de acogida. Con el recorte anunciado, comunidades como Castilla-La Mancha y Canarias alertan de que el sistema se volverá insostenible. La consejera de Bienestar de Castilla-La Mancha, Bárbara García, fue tajante: “No se puede hacer un low cost con un tema tan sensible”.
En la fallida Conferencia Sectorial del 17 de julio, ambas autonomías calcularon que atender a los casi 4.000 menores pendientes de traslado desde Ceuta y Canarias costará unos 250 millones de euros este año, mientras que el Gobierno central solo ha comprometido 100 millones.
Cataluña confirma los números
La Generalitat de Cataluña, en una respuesta parlamentaria, reconoció que en 2024 gastó 115,5 millones en 4.802 menores tutelados, lo que equivale a 134,86 euros al día por joven. Esto supone más de 4.000 euros al mes, más del doble de lo que se destina de media a una plaza residencial para ancianos o dependientes.
El problema, subrayan desde el Departament de Drets Socials, se agrava porque la tutela se prolonga en muchos casos más allá de la mayoría de edad para garantizar la integración laboral.
Riesgo de colapso en los servicios sociales
Según cálculos autonómicos, el coste anual de la acogida de los 3.975 menores que el Gobierno quiere reubicar se acerca a 190 millones de euros, una cifra que supera con creces la aportación estatal. El nuevo sistema, denuncian, obligará a “desmantelar servicios esenciales o cerrar dispositivos” en un momento de saturación de los recursos sociales.
El Gobierno de Melilla, en manos del PP, ya admitió meses atrás que la atención a cada menor cuesta alrededor de 60.000 euros al año, un gasto que ha sido calificado por Vox como “un agravio a las familias trabajadoras” frente a otras partidas sociales.
Un debate abierto en clave política
El Ejecutivo defiende que la financiación estatal cubre únicamente la fase de emergencia y traslado, siendo la atención de los menores competencia autonómica. Sin embargo, comunidades del PP, junto con Castilla-La Mancha y Canarias, han advertido que recurrirán el decreto de reparto si no se revisa al alza la aportación económica.
Mientras tanto, Cataluña, País Vasco y Navarra han quedado exentas del reparto obligatorio, aunque la Generalitat se ha comprometido a acoger a 31 menores adicionales, lo que supondrá 1,5 millones más de gasto anual para sus arcas.
La polémica refleja una tensión creciente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con acusaciones de “insolidaridad” y de intentar gestionar un asunto tan complejo con un presupuesto “a todas luces insuficiente”.
