Mi actividad profesional como perito judicial se desarrolla en un terreno muy alejado de la política: los medicamentos y los productos sanitarios. Precisamente por eso, cuando observo el debate sobre las próximas elecciones generales de 2027 intento aplicar el mismo método que exige cualquier dictamen pericial: distinguir los hechos de las opiniones y las probabilidades de las certezas.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es sencilla: ¿puede volver a gobernar una coalición de izquierdas? La respuesta también lo es: sí, puede. Pero que sea posible no significa que sea el desenlace más probable.
En un sistema parlamentario como el español no gobierna necesariamente el partido más votado, sino quien consigue reunir una mayoría suficiente en el Congreso. La experiencia de los últimos años demuestra que los pactos posteriores son casi tan importantes como el resultado de las urnas. Por eso, incluso aunque un bloque obtenga más votos, el Gobierno dependerá de la capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.
Los sondeos conocidos hasta ahora dibujan una ventaja para el bloque de centro-derecha, aunque con diferencias apreciables según la empresa demoscópica que los realice, no digamos la voz discordante de Tezanos. Como cualquier perito sabe, una prueba aislada nunca basta para alcanzar una conclusión definitiva. Las encuestas son indicadores, no sentencias.
Otro de los asuntos que más debate suscita es la incorporación de nuevos electores mediante la llamada "ley de nietos" y otros procedimientos de adquisición de la nacionalidad española. Es indudable que cientos de miles de nuevos españoles podrán incorporarse progresivamente al censo electoral. Sin embargo, de ese hecho no puede deducirse automáticamente un beneficio para una determinada opción política. No todos ejercerán el derecho al voto y nadie dispone de pruebas que permitan afirmar cuál será su comportamiento electoral. Darlo por supuesto sería abandonar el terreno del análisis para entrar en el de la especulación.
También se habla con frecuencia de una posible manipulación electoral. Conviene ser muy prudentes con esa afirmación. Una cosa es discutir si determinadas reformas legales pueden favorecer políticamente a unos partidos más que a otros, cuestión plenamente legítima en democracia, y otra muy distinta sostener que existe un fraude organizado en el proceso electoral. Hasta la fecha no se han aportado pruebas objetivas que permitan mantener esta última afirmación. El sistema español incorpora múltiples mecanismos de control mediante mesas electorales, representantes de los partidos, juntas electorales y supervisión judicial.
¿Significa todo ello que el resultado está decidido? En absoluto. Las elecciones de 2027 dependerán, sobre todo, de factores mucho más clásicos: la evolución de la economía, la percepción ciudadana sobre la gestión del Gobierno, el grado de unidad de los distintos bloques y la habilidad de sus dirigentes para alcanzar acuerdos después del escrutinio. El factor corrupción, hasta ahora poco valorado, también puede tener influencia, pero no deja de ser una incógnita.
Quizá la mayor enseñanza que puede trasladar un perito a la política sea precisamente esa: las conclusiones deben apoyarse en pruebas y no en sospechas; en indicios contrastables y no en deseos. Un buen dictamen nunca afirma más de lo que los hechos permiten demostrar. Tal vez el debate político ganaría en calidad si todos aceptáramos esa sencilla regla.
