La ampliación del organigrama en Castilla y León demuestra que el tamaño del sector público responde a los peajes del poder y no a las necesidades del territorio. Existe una máxima institucional que busca camuflar la multiplicación de despachos bajo el mantra de la "eficacia en la gestión". Nos dicen que una comunidad autónoma tan extensa requiere un despliegue excepcional. Sin embargo, la comparativa con otros gobiernos autonómicos desarmaría el argumento: regiones con el triple de población o idéntico reto demográfico operan con estructuras ejecutivas más reducidas. Cuando el organigrama supera el centenar de altos cargos, el relato de la cercanía se desploma ante una sofisticada coreografía de supervivencia partidista.
El ciudadano asiste estupefacto a un juego asimétrico de competencias que desafía la lógica. Lo cierto es que, en la nueva distribución, mientras unas áreas se simplifican o restan direcciones generales, otras clave se fragmentan inútilmente para encajar las piezas de la coalición. El resultado es un laberinto burocrático donde Universidades termina vinculada a Industria, la gestión de la dependencia se fractura y la ganadería —un sector estratégico ahogado por las crisis de sanidad animal— queda supeditada a los equilibrios del pacto en lugar de responder a las demandas del campo.
La gran paradoja la firma Vox. El partido que llegó prometiendo un tijeretazo implacable al "gasto político superfluo" ha terminado fagocitado por el Partido Popular. El presidente Mañueco les ha montado una Consejería de Desregulación a medida, un caramelo envenenado con el que Vox multiplica sus propios sillones mientras el PP les vacía las carteras de poder real. Les han dejado la burocracia, pero les han quitado el presupuesto de las políticas de Mujer y símbolos identitarios como los Premios Castilla y León o el Día de Villalar. Vox venía a adelgazar la administración y ha acabado engordándola a cambio de despachos vacíos de contenido.
El coste de este encaje de bolillos roza los 700.000 euros adicionales al año en sueldos directos que oscilan entre los 70.000 y los 108.000 euros. Sin embargo, la factura real será muy superior: a las nóminas base hay que sumar el inevitable gasto corriente en coches oficiales, indemnizaciones por desplazamiento, dietas y la contratación de personal eventual. En un contexto donde se exige contención a las familias, la burocracia crece mientras la atención primaria o el refuerzo educativo compiten por recursos limitados.
Traducido a los servicios esenciales, este sobrecoste no es una cifra abstracta: esos 700.000 euros anuales equivalen a contratar a 10 médicos de familia para el Sacyl, 14 enfermeras o 15 profesores de escuela pública. De hecho, según el efecto multiplicador de uno a tres, el coste anual de la nueva estructura, incluyendo salarios y gastos asociados, se triplica hasta superar los 2,1 millones de euros. Este impacto directo equivale a contratar a 30 médicos de familia, 42 enfermeras o 45 profesores de escuela pública, lo que supone el gasto equivalente a tres centros de salud rurales completos.
Frente a esto, la alternativa exige una reforma urgente de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Comunidad. Las Cortes autonómicas deben blindar legislativamente un techo estricto de gasto político que limite las consejerías a un máximo de ocho, prohíba carteras de mera representación o cuota partidista, y obligue a auditar el sector público paralelo de agencias y fundaciones. No hay magia en la ampliación del Ejecutivo. Conviene recordar la demoledora lucidez de la frase popular: no es un milagro, son tus impuestos. La factura de mantener la paz social dentro de los despachos de la Junta no la pagan los partidos; la paga el contribuyente con su nómina de cada mes.
