Como si se tratara de un relato de Edgar Allan Poe, la historia del huachicol en México se ha entrelazado con una serie de muertes y giros inesperados. El propio expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su momento que la venta ilegal de combustible no existía. Sin embargo, los hechos posteriores sugieren que mintió.
Durante su administración fue asesinado Sergio Carmona Angulo, a quien algunos medios llamaban el “rey del huachicol”. Este homicidio ocurrió en noviembre de 2021, cuando, según se publicó, Carmona se encontraba en conversaciones con agentes estadounidenses. Aquella muerte marcó el inicio de una escalada de violencia vinculada a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha abandonado la estrategia de “abrazos, no balazos” aplicada por su antecesor; ahora, las autoridades han adoptado una postura más combativa frente a las bandas delincuenciales. En junio de 2024, el marino Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció presuntas irregularidades relacionadas con el robo de combustible que implicaban a personas cercanas a Rafael Ojeda Duran (Srio. de Marina), para ser exactos denuncio a sus sobrinos Manuel Roberto Farias Laguna y Fernando Farias Laguna. Tras esas declaraciones, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero fue asesinado, un hecho que conmocionó al país y generó suspicacias sobre las motivaciones de su ejecución.
El 31 de marzo de 2025, autoridades mexicanas realizaron uno de los decomisos de diésel más grandes de la historia: más de 10 millones de litros fueron asegurados a bordo del buque Challenge Procyon. Este golpe evidenció la magnitud de la red de combustible ilegal. Pocos meses después, el 4 de agosto, fue asesinado en Reynosa Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República, quien llevaba investigaciones relacionadas con estos hechos.
Posteriormente, el 2 de septiembre, fuerzas federales detuvieron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en el marco de estas investigaciones. A esa detención se sumaron muertes que han sembrado aún más incertidumbre: el 8 de septiembre falleció el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, encargado de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y previamente investigado por supuestos sobornos; las autoridades informaron que se trató de un “suicidio”. Al día siguiente murió en un “ejercicio de tiro” el capitán Adrián Omar del Ángel Zuñiga, subdirector de la aduana de Manzanillo, quien había asumido el cargo tras el asesinato en 2023 de su antecesor Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias.
A pesar de la controversia, la investigación continúa. De acuerdo con reportes de prensa, las autoridades cuentan con declaraciones de funcionarios que habrían entregado recursos ilícitos relacionados con el robo de combustible, entre ellos el Capitán Alejandro Torres, ahora conocido con su nombre de testigo protegido “santos” quien entrego 29.5 millones de pesos en efectivo que correspondían a sobornos por huachicol, lo que sugiere la existencia de una red de corrupción más profunda y compleja de lo que se había reconocido oficialmente.
Esta sucesión de hechos trágicos y la manera en que se despliega la investigación revelan no solo la magnitud del mercado negro de hidrocarburos en México, sino también las graves consecuencias que trae aparejadas: pérdida de vidas, descomposición institucional y desconfianza ciudadana.
