No hay dinero suficiente para sostener las pensiones, que representan la mayor partida del gasto público: alrededor de 190.000 millones de euros al año, dentro de un gasto total que ronda los 470.000 millones. La Seguridad Social arrastra una deuda cercana a los 110.000 millones de euros. Las Comunidades Autónomas, en su conjunto, gastan sistemáticamente más de lo que ingresan, acumulando una deuda global de unos 330.000 millones. Y el Estado Español soporta una deuda pública de aproximadamente 1,22 billones de euros, lo que equivale a más del 100% del PIB.
Con estas cifras sobre la mesa, resulta difícil aceptar el discurso oficial de que “la economía va como un tiro”. Esa afirmación puede sostenerse en términos de macroeconomía, pero se desmorona cuando se analiza la realidad cotidiana y toca el bolsillo de las familias: cada vez cuesta más llegar a fin de mes, y los servicios públicos muestran signos evidentes de desatención ciudadana.
Ante este escenario, parece lógico mantener lo que siempre predico: reducir el gasto superfluo y orientar los recursos públicos hacia las necesidades reales de la población. Sin embargo, las decisiones políticas van en sentido contrario.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado ampliar hasta los 23 años la ayuda mensual de 664 euros destinada a menores extranjeros no acompañados, incluso en casos en los que no consta una actividad laboral.
Conviene poner este dato en contexto: en Marruecos, el salario mínimo ronda los 209 euros mensuales, y cerca del 44% de su población tiene menos de 24 años, con una tasa de desempleo juvenil que supera el 20%.
La conclusión es evidente: Este tipo de políticas genera un efecto llamada.
Y no se trata solo de una cuestión económica. Se trata también de un modelo de país. Cuando los recursos son limitados, priorizar es una obligación. Y hoy España no está en condiciones de asumir decisiones que incrementen el gasto estructural sin garantizar un retorno en forma de empleo, cotización y contribución al sistema.
Porque una cosa es clara: España necesita inmigración, pero la necesita ordenada, regulada y orientada al trabajo.
Necesitamos trabajadores que vengan a aportar, a integrarse a abrazar nuestras costumbres y a sostener el sistema, no un modelo basado en la dependencia de ayudas públicas.
Si no se corrige esta deriva, el problema no será solo económico, sino estructural y social, y su solución será mucho más compleja en el futuro.
Muchos ciudadanos sienten ya que el país se aleja de aquello que se construyó durante décadas de esfuerzo, sacrificio y trabajo.
Por eso, más allá de ideologías, se impone una reflexión urgente: qué modelo de sociedad queremos y hasta dónde estamos dispuestos a sostener decisiones que comprometen su viabilidad. Y que solamente se sostienen por la futura consecución de votos
¿Hasta cuándo vamos a ignorar una realidad que cada día resulta más evidente?
