La batalla política en torno a los Presupuestos Generales del Estado ha entrado en una nueva dimensión institucional. El Partido Popular ha decidido convertir la Cuenta General del Estado de 2024 en un examen parlamentario a la política económica y presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando que la prórroga continuada de las cuentas públicas ha derivado en un “vaciamiento” del control de las Cortes sobre el gasto del Ejecutivo.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, anunciaron este jueves la solicitud formal para convocar de manera urgente la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con el objetivo de analizar la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, el ejercicio ejecutado íntegramente bajo los Presupuestos prorrogados de 2023.
El movimiento parlamentario del PP trasciende la confrontación política habitual. Los populares sostienen que el Gobierno no solo ha incumplido durante toda la legislatura su obligación constitucional de presentar nuevos presupuestos, sino que además ha aprovechado esa prórroga para mantener en vigor mecanismos extraordinarios de flexibilidad presupuestaria que le permiten redistribuir partidas millonarias sin autorización expresa del Parlamento.
“El sanchismo se caracteriza por la degeneración democrática y uno de los ejemplos más evidentes es la política presupuestaria”, afirmó Gamarra, quien acusó al Ejecutivo de utilizar la prórroga como “un sistema para evitar que el Parlamento pueda desarrollar su labor”.
La clave política: no se prorroga solo el presupuesto, también el poder para modificarlo
El núcleo de la denuncia popular se centra en un aspecto técnico con profundas implicaciones políticas: la prórroga no afecta únicamente a las partidas presupuestarias, sino también a la parte articulada de la ley, incluida la flexibilidad extraordinaria introducida durante la pandemia para facilitar modificaciones de crédito.
Según explicó Alberto Nadal, esa habilitación excepcional estaba diseñada para un contexto extraordinario y temporal, pero el Gobierno la habría mantenido viva mediante la prolongación indefinida de los Presupuestos de 2023.
“Si yo fuera Gobierno, tampoco querría presupuestos nuevos. Tengo toda la flexibilidad que quiero sin pasar por el Parlamento”, ironizó Nadal durante su comparecencia.
El dirigente popular sostuvo que esta situación ha permitido al Ejecutivo alterar grandes partidas presupuestarias sin el procedimiento ordinario de control parlamentario previsto en la Ley General Presupuestaria. En condiciones normales, determinadas transferencias de crédito deben ser autorizadas por las Cortes cuando modifican de forma sustancial el destino aprobado inicialmente por el legislador.
Sin embargo, el PP denuncia que el Gobierno ha utilizado la cobertura jurídica derivada de la prórroga presupuestaria para ejecutar movimientos de fondos de gran magnitud sin necesidad de someterlos a votación parlamentaria.
A juicio de Nadal, se ha consolidado una “dictadura presupuestaria” en la que el Ejecutivo dispone del techo de gasto aprobado hace tres años mientras reorganiza internamente partidas públicas sin control político efectivo.
Más de 52.000 millones modificados sobre unas cuentas prorrogadas
La ofensiva parlamentaria del PP se apoya en la propia documentación remitida al Congreso. En el escrito registrado ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, los populares sostienen que el Gobierno aprobó durante 2024 modificaciones presupuestarias por valor de 52.341 millones de euros sobre las cuentas prorrogadas de 2023.
La cifra equivale al 12% del gasto inicialmente previsto en el último presupuesto aprobado por las Cortes Generales. Para el PP, ese volumen de alteraciones demuestra que el Ejecutivo está gobernando “con unas cuentas elaboradas por él mismo, al margen del Parlamento”.
Los populares sostienen que la Constitución contempla la prórroga presupuestaria únicamente como un mecanismo transitorio destinado a evitar el bloqueo administrativo mientras se aprueban nuevas cuentas, no como una fórmula permanente de gobierno sin presupuestos.
“La prórroga está prevista para garantizar el funcionamiento de un país mientras se aprueban unos nuevos presupuestos, no para sustituir al presupuesto”, defendió Gamarra.
La dirigente popular fue más allá al advertir de que el Parlamento elegido en las elecciones generales de 2023 “no ha aprobado ningún instrumento presupuestario”, pese a encontrarse ya la legislatura en una fase en la que el Congreso debería estar debatiendo incluso las cuentas de 2027.
El choque por los fondos europeos y las pensiones
El debate político ha escalado especialmente tras las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre determinadas modificaciones relacionadas con fondos europeos Next Generation EU.
La declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 recoge operaciones vinculadas al uso de liquidez procedente de fondos europeos para financiar pagos de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, una cuestión que ha generado discrepancias jurídicas tanto dentro del Tribunal de Cuentas como en ámbitos técnicos de Hacienda.
La Comisión Europea aclaró posteriormente que los Estados miembros pueden utilizar temporalmente la liquidez derivada de los desembolsos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias. Sin embargo, el PP insiste en que el verdadero problema no es exclusivamente financiero, sino institucional.
“El problema central es el aprovechamiento de incumplir la Constitución y que eso suponga la ausencia total de control presupuestario por parte del Parlamento”, sostuvo Nadal.
El dirigente popular señaló además que algunos miembros del Tribunal de Cuentas cuestionan la legalidad técnica de determinadas modificaciones porque afectan a partidas sometidas no solo a normativa española, sino también europea.
“El Tribunal de Cuentas está diciendo que esa baja presupuestaria no es una baja cualquiera porque está sometida a legislación europea”, afirmó.
Una legislatura sin presupuestos y con creciente tensión institucional
La iniciativa del PP busca convertir la fiscalización de la Cuenta General del Estado en la primera gran votación política sobre la gestión económica del Gobierno durante toda la legislatura.
La formación considera que el debate parlamentario sobre la ejecución presupuestaria de 2024 adquiere ahora un valor político excepcional porque las Cortes nunca pudieron pronunciarse previamente sobre unas nuevas cuentas públicas.
Por ello, el Partido Popular quiere forzar a los socios parlamentarios del Ejecutivo a posicionarse sobre cómo ha gestionado el Gobierno el dinero público durante estos años de prórroga presupuestaria.
“Ahora tenemos la oportunidad de fiscalizarle y de respaldar o no su política a través del gasto”, afirmó Gamarra.
El escrito registrado por el PP solicita formalmente la inclusión urgente de la presentación del Informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 en el orden del día de la Comisión Mixta prevista para el próximo 21 de mayo.
Los populares sostienen que la intervención del Tribunal de Cuentas resulta especialmente relevante en un contexto donde el Parlamento no ha podido ejercer su función ordinaria de aprobación presupuestaria.
El trasfondo económico: fondos europeos, productividad y presión fiscal
La ofensiva parlamentaria llega además acompañada de una crítica global a la política económica del Gobierno. Alberto Nadal alertó de la “preocupación creciente” que, a su juicio, existe en Europa sobre la ejecución de fondos europeos y la situación presupuestaria española.
Según el briefing económico presentado por el PP, España mantiene cerca de 60.000 millones de euros de fondos europeos pendientes de ejecutar y figura entre los países que menos han aprovechado esos recursos para elevar la productividad y la inversión.
El documento interno del Partido Popular sostiene que la prórroga indefinida de los presupuestos “lleva al descontrol de las cuentas públicas”, favorece la “ingeniería contable y presupuestaria” y deja sin supervisión efectiva del legislativo la gestión del gasto del Ejecutivo.
Nadal vinculó además esa situación con el deterioro del poder adquisitivo de las familias, la caída de la productividad y el incremento de la presión fiscal sobre las clases medias.
En paralelo, el PP reclamó al Gobierno mantener la rebaja del IVA sobre la electricidad y el gas más allá del 1 de junio ante el contexto internacional marcado por la tensión energética y la volatilidad del petróleo.
“La rebaja del IVA debe mantenerse mientras continúe la inestabilidad actual”, defendió Nadal, quien acusó al Ejecutivo de aumentar la presión fiscal sobre los hogares en un momento de pérdida de capacidad adquisitiva.
Mientras tanto, el choque institucional sobre el control del gasto público amenaza con convertirse en uno de los grandes frentes políticos de la legislatura. Porque detrás del debate técnico sobre modificaciones presupuestarias, transferencias de crédito o fondos europeos, lo que está realmente en discusión es hasta qué punto un Gobierno puede seguir gestionando miles de millones de euros sin someter unas nuevas cuentas al voto del Parlamento.
