Leo en el Boletín de las Cortes del 12 de junio que el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR (la denominación es textual, no inventada), ha presentado una proposición para modificar el Estatuto de los expresidentes del Gobierno de España.
Por una vez -y espero que esto no se convierta en costumbre- estoy plenamente de acuerdo con Yolanda Díaz: hay que modificar el Estatuto de los Ex.
La norma actual es breve. 4 artículos que garantizan -el legislador español siempre está atento a las necesidades básicas - que los expresidentes disfruten, desde su cese hasta su fallecimiento, de libre pase a los transportes regulares del Estado, por tierra, mar y aire, y la sala de autoridades. Además de estas pequeñas prebendas, cuentan con medios y prerrogativas bastante razonables financiadas por los contribuyentes, que deberíamos modificar para evitar que puedan sentirse desatendidos.
Confieso que no he leído la propuesta concreta de Sumar. Es obvio lo que hay que cambiar: el legislador fue poco previsor y no tuvo en cuenta que un expresidente, además de figura pública, es persona.
Propongo a los lectores un ejercicio de imaginación para adaptar el Estatuto a un caso inverosímil: por ejemplo, algo tan absurdo como que un expresidente delinca y acabe en la cárcel.
Los expresidentes conservan su lugar protocolario de por vida. No tiene por qué cambiar. Los demás reclusos seguramente usarán el título de “presidente” aunque no estuviera en la ley. Pero para los funcionarios de prisiones se plantea un dilema: ¿quién recibe a quién al llegar al centro penitenciario?, ¿el director recibe al expresidente o el expresidente al director?… El protocolo no ofrece respuesta.
¿Y qué hacer con los dos puestos de libre designación que tienen asignados: un asesor de nivel 30 y un auxiliar del 18? ¿Van al paro? ¿Acompañan a su jefe a prisión y le ayudan a redactar recursos, reservan mesa o gestionan sus horas de patio?
También están los escoltas, el automóvil oficial y el chófer, y la dotación para alquiler y mantenimiento de una oficina…
Sobre el coche oficial, ningún problema. Se aparca y usa para traslados a tribunales. El chófer mantendrá su empleo y podrá trasladar a familiares en sus visitas a prisión. Basta con retocar la norma y ampliarla a hijas… o hijos ¡dejará de ser lenguaje inclusivo!
La reforma también permitirá ahorrar en el alquiler de una oficina para el expresidente: se trasladaría al centro penitenciario y lo cobraría el Estado. Acaso un problema podría ser el rótulo: “Oficina del expresidente X, módulo B”, pero nada es insalvable. Las Dietas podrían sustituirse por vales del economato. Eso sí, ninguna caja fuerte.
En cuanto a los escoltas, Francia ya ofrece un precedente: cuando Sarkozy ingresó en prisión, dos guardaespaldas ocuparon celdas cercanas para defenderle.
El legislador español se enfrenta a un vacío legal. Seguro que se llenará. Aunque a veces deseo que se repita aquel fallo informático en la base de datos del BOE, que durante media hora hizo que buena parte de nuestro ordenamiento jurídico figurara como derogado.
