La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Madrid) ha expresado hoy su "profunda preocupación" por la política universitaria del Gobierno regional tras la reciente aprobación de la decimocuarta universidad privada en la Comunidad de Madrid, promovida por el Instituto de Empresa (IE). Un anuncio que contrasta con la realidad de las seis universidades públicas que siguen acumulando altísimas tasas de temporalidad y presupuestos estancados desde hace más de una década.
Desde CSIF se alerta de que la temporalidad en la universidad pública madrileña alcanza el 49,53%, lo que multiplica por más de seis el límite legal del 8% establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta excesiva contratación temporal afecta directamente a la estabilidad laboral de las plantillas docentes e investigadoras y compromete la calidad de la enseñanza superior pública, según la organización sindical.
CSIF responsabiliza a la tasa de reposición que limita las contrataciones estables como uno de los principales obstáculos para revertir esta situación. El sindicato lleva años reclamando su eliminación para permitir a las universidades públicas dotarse del personal necesario en condiciones laborales dignas.
A esta precariedad se suma, según denuncia CSIF, la infrafinanciación crónica que sufre la universidad pública en Madrid, con presupuestos congelados desde 2009 pese a la inflación acumulada del 34,9%. Esto sitúa la inversión en niveles muy inferiores al 1% del PIB que recomienda la propia LOSU como referencia para garantizar un sistema universitario sólido y competitivo.
Para CSIF, la creación de nuevas universidades privadas en este contexto "agrava aún más el desequilibrio" entre el sector público y privado, profundizando en un modelo que, a juicio del sindicato, prioriza los intereses del mercado sobre el derecho universal a una educación superior pública y de calidad.
La organización sindical insta al Gobierno regional a reconsiderar su política educativa y a apostar decididamente por reforzar la universidad pública, con más financiación, estabilidad laboral y recursos suficientes que permitan a estas instituciones afrontar los retos científicos, tecnológicos y sociales del futuro.
CSIF concluye su comunicado recordando que garantizar el acceso a una universidad pública de calidad es una responsabilidad social y política ineludible, especialmente en una región que se presenta como motor económico de España, pero que mantiene a su universidad pública en una situación límite.
